Procurador cuestiona reducción de salario a los congresistas
Alejandro Ordóñez dijo en el Congreso que pese a la sentencia del Consejo de Estado tendrán que observarse las normas constitucionales que impiden ese "género de reducciones".
El Espectador
El procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado, cuestionó la sentencia del Consejo de Estado que reduce la prima de salud y de localización a la que tienen acceso los congresistas, funcionarios de la rama judicial y empleados de los entes de control.
En el Capitolio Nacional, Ordóñez dijo que pese a que hay una decisión judicial, existen normas legales que protegen el salario de todos los empleados.
“Hay normas legales que prohíben la reducción del salario”, recordó el jefe del Ministerio Público.
A juicio del procurador, en el cumplimiento de la ejecución de la sentencia del Consejo de Estado tendrán que observarse las normas constitucionales y legales que protegen el salario y que impiden “ese género de reducciones”.
Horas antes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, indicó que la sentencia del Consejo de Estado que aceptó reducir la prima de salud y de localización a la que tienen acceso los congresistas, funcionarios de la rama judicial y empleados de los entes de control del país “no es del todo buena”.
Cárdenas señaló que aceptando la reducción de las remuneraciones de servidores del Estado se ‘perjudicarían’ no solo congresistas, magistrados de altas cortes y tribunales sino funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Registraduría y Defensoría del Pueblo. “Serían alrededor de 1.900 personas que se afectan en virtud de esta sentencia de manera directa”.
El jefe de la cartera de Hacienda precisó que por el fallo de la demanda interpuesta -hace 30 meses- por el periodista Felipe Zuleta se verán afectadas, además, indirectamente cerca de 20 mil personas debido a que hay unas normas claras que señalan que “ningún funcionario del Estado puede ganar más que un congresista. Si se reduce muchos quedaría por encima (como es el caso de los ministros) lo que sería violatorio y tocaría reducir también”.
“El efecto de la sentencia genera muchísimas dificultades”, insistió el ministro sin precisar cuánto dinero se ahorra el país con esta reducción. “Las remuneraciones en el Estado colombiano no son excesivamente altas. Son acordes a sus responsabilidades, experiencia y nivel profesional, pero en comparación con otros países realmente no son altas”, agregó.
El procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado, cuestionó la sentencia del Consejo de Estado que reduce la prima de salud y de localización a la que tienen acceso los congresistas, funcionarios de la rama judicial y empleados de los entes de control.
En el Capitolio Nacional, Ordóñez dijo que pese a que hay una decisión judicial, existen normas legales que protegen el salario de todos los empleados.
“Hay normas legales que prohíben la reducción del salario”, recordó el jefe del Ministerio Público.
A juicio del procurador, en el cumplimiento de la ejecución de la sentencia del Consejo de Estado tendrán que observarse las normas constitucionales y legales que protegen el salario y que impiden “ese género de reducciones”.
Horas antes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, indicó que la sentencia del Consejo de Estado que aceptó reducir la prima de salud y de localización a la que tienen acceso los congresistas, funcionarios de la rama judicial y empleados de los entes de control del país “no es del todo buena”.
Cárdenas señaló que aceptando la reducción de las remuneraciones de servidores del Estado se ‘perjudicarían’ no solo congresistas, magistrados de altas cortes y tribunales sino funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Registraduría y Defensoría del Pueblo. “Serían alrededor de 1.900 personas que se afectan en virtud de esta sentencia de manera directa”.
El jefe de la cartera de Hacienda precisó que por el fallo de la demanda interpuesta -hace 30 meses- por el periodista Felipe Zuleta se verán afectadas, además, indirectamente cerca de 20 mil personas debido a que hay unas normas claras que señalan que “ningún funcionario del Estado puede ganar más que un congresista. Si se reduce muchos quedaría por encima (como es el caso de los ministros) lo que sería violatorio y tocaría reducir también”.
“El efecto de la sentencia genera muchísimas dificultades”, insistió el ministro sin precisar cuánto dinero se ahorra el país con esta reducción. “Las remuneraciones en el Estado colombiano no son excesivamente altas. Son acordes a sus responsabilidades, experiencia y nivel profesional, pero en comparación con otros países realmente no son altas”, agregó.