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Las propuestas que se relacionan con grupos privados de seguridad se miran con desconfianza por los antecedentes históricos del país. Teniendo en cuenta ese contexto, ¿cómo se explican los “Frentes Solidarios de Seguridad y Paz” que recientemente ha propuesto Fedegán?
A finales de los 90 hubo un desbordamiento de organizaciones que se constituyeron al amparo de la ley para dar respuesta a los indicadores dramáticos de inseguridad de la época. Pero hay una gran diferencia entre esos grupos y los “Frentes Solidarios”, en primer lugar porque hoy se propone una relación franca y directa con la Fuerza Pública. Y en segundo término, porque se trata de construir un verdadero tejido social, solidario, de protección contra aquellos que tienen el dominio ilegal de los territorios. El país debe analizar lo que sucedió cuando se hizo el proceso con las FARC, que derivó en que pasáramos de 42 mil hectáreas de coca a 300 mil. Todas las poblaciones de Colombia tienen jíbaros que asedian a la juventud y, al mismo tiempo, que controlan el territorio e intentan cooptar a las autoridades locales. Por consiguiente, hay que generar unas dinámicas de articulación entre todos: pequeños y medianos comerciantes, ganaderos, palmeros, cacaoteros, con los funcionarios cuya misión constitucional es brindarles protección a los ciudadanos y garantizarles el goce pleno de sus derechos y libertades.
Al principio no se habló de “Frentes Solidarios”, sino de “Brigadas Solidarias Ganaderas”. ¿Cuándo y por qué se cambió el nombre?
Son dos propuestas diferentes: las “Brigadas Solidarias” constituyeron la respuesta que quisimos dar, desde Fedegán, a la invasión de fincas. Se crearon en muchos lugares del país y han actuado. Sin embargo, no hay un solo desbordamiento que haya ocurrido en cuanto a sus actos, puesto que no se trata, en ningún caso, de sustituir a la autoridad, sino de acompañarla, por ejemplo cuando un ganadero tiene el infortunio de sufrir una invasión: se le apoya y se le ayuda a contactar a las autoridades para que estas implementen las acciones pertinentes.
Si, de todos modos, los invasores logran su objetivo, ¿cómo reaccionarían los ganaderos organizados en brigadas o frentes en caso de que las autoridades no lleguen rápidamente para poder actuar a tiempo?
Como dije, ya ha habido casos en los que las “Brigadas Solidarias” se han activado y, no obstante, no ha existido ningún hecho que eventualmente ponga en duda la forma en que procedieron. Lo que hicieron las brigadas fue, simple y llanamente, acompañar de manera permanente al dueño de la finca invadida y luego le ayudaron a interponer las acciones para que las autoridades actuaran.
Entonces, ¿los frentes y las brigadas se diferencian en que intervienen en diferentes situaciones?
Las brigadas actúan cuando hay un hecho, por ejemplo cuando se produce una invasión. Los “Frentes Solidarios de Seguridad y Paz” constituyen un escenario de articulación con todas las autoridades, articulación que va desde las alertas tempranas que se pueden crear mediante grupos de Whatsapp abiertos, llamadas, cámaras que eventualmente se puedan poner en corredores estratégicos para identificar a ciertos actores criminales de la zona, hasta la construcción de escenarios propositivos entre comerciantes, ganaderos y otros productores rurales del mismo entorno.
Se entiende que si se llaman brigada o frentes solidarios se trata de agrupaciones de ganaderos. Exactamente, ¿qué harán sus integrantes, cómo operarán y cuál será su estructura para actuar?
Insisto en que se trata de acciones solidarias que en ningún caso pretenden sustituir a las autoridades. Lo que se propone es tener una comunicación directa con los funcionarios públicos y crear lazos con ellos, de tal manera que cualquier hecho que pueda ser perturbador de un clima de seguridad en las zonas sea informado al alcalde, el personero, el juez, el fiscal y también a la Fuerza Pública para que actúen en desarrollo de sus deberes constitucionales.
No se puede descartar que quien esté, por la naturaleza de su actividad ganadera o agrícola, en zonas rurales alejadas de los centros en donde se encuentran la Policía u otras autoridades, trate de defenderse o defender sus propiedades por sí mismo. En estos casos “inmediatos”, ¿cuáles son las medidas previstas por los “Frentes Solidarios”?
En todos los municipios, en todas las veredas, siempre hay autoridades que tienen la obligación de responder. Por supuesto, habrá zonas muy apartadas en donde no funcionarán las brigadas o los frentes. Estos necesariamente deben estar articulados con un comité ganadero. Fedegán tiene más de 400 comités e iniciaríamos otros en donde haya proyectos locales con personas directamente vinculadas con nuestra Federación.
En la carta que le envió al presidente hace unos días se refiere a “una escalada de inseguridad y violencia” en las zonas rurales. ¿Cuánto hace, de acuerdo con sus experiencias, que se viene incrementando la violencia rural en la época reciente: antes o después del gobierno Petro?
Antes y después del gobierno Petro se incrementaron las invasiones. La creación de las brigadas no solo fue un factor disuasivo, sino también el acuerdo que firmamos con el Gobierno para colaborar con la reforma rural integral. Esta colaboración de Fedegán ha sido expresa, directa y permanente. Lo puede confirmar el propio Gobierno y, especialmente, el director de la Agencia Nacional de Tierras.
La promesa de entrega masiva de tierras a los habitantes del campo hechas en campaña por el actual presidente, ¿ha sido factor determinante, como han dicho los contradictores de este Gobierno, del presunto aumento de invasión de predios rurales?
Ha habido algunos casos específicos, especialmente en departamentos con alta incidencia de presencia de grupos armados ilegales, como en el caso de Cauca, en donde, desde hace muchos años, se presenta un conflicto muy complejo de carácter identitario, indígena y de negritudes. En el resto del país ha habido invasiones, pero no con la frecuencia con que se presentaron al comienzo del Gobierno. Por consiguiente, se puede afirmar que la compra de tierras sí ha sido un factor disuasivo. Aunque se ha desarrollado de manera lenta, tengo la esperanza de que este año, con los presupuestos que tiene el Gobierno, haya una mejor respuesta para los campesinos que tienen la expectativa de obtener tierras.
El ministro de Defensa dio una declaración en que se muestra contrario a la iniciativa de Fedegán. Dijo que “el Gobierno no apoya ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo” y añadió que “esa es una forma de autodefensa con la que no estamos de acuerdo”. ¿Cree que son palabras del ministro o que él interpreta las del presidente?
El ministro de Defensa no ha entendido la propuesta. Él tiene que admitir públicamente que, gracias a la ley y a la tarea que ha venido haciendo la Policía a lo largo de más de 30 años, hoy existen en las ciudades más de 33 mil frentes de seguridad ciudadana que actúan en colaboración directa con los cuadrantes que la propia Policía establece en los barrios. Y que, además, hay más de 4 mil frentes de seguridad empresarial que trabajan con la Policía. En consecuencia, no se entendería por qué habría distinción entre lo que se hace en zonas rurales y lo que se implementa en sitios urbanos cuando la situación más crítica se presenta en muchas zonas apartadas, las más vulnerables.
Creo que el ministro de Defensa transmite lo que cree y también lo que piensa el presidente. Si es así, ¿habría un conflicto irresoluble entre Fedegán y el Gobierno?
La carta que le envié al presidente tiene el interés de conocer cuál es la postura del Gobierno. Evidentemente, si la posición del Ejecutivo es la que transmite el ministro, deberán explicar por qué existen los 33 mil frentes de seguridad urbanos prácticamente creados por la Policía y la razón para que haya 4 mil frentes de seguridad empresariales, de la mano de las mismas autoridades. O el Gobierno desestima ese tipo de colaboración de la sociedad civil o la acepta. Lo que no puede hacer es discriminar entre las políticas rurales y las políticas urbanas.
Aunque en su comunicación al jefe de Estado usted explica, en cifras, las violencias rurales para justificar la necesidad de tener frentes solidarios, menciona solo de manera tangencial el fenómeno del paramilitarismo con su ola de violencia y muerte. Sobre este fenómeno derivado de las “Convivir” del pasado, ¿cuánta responsabilidad les cabe a los ganaderos?
La responsabilidad le cabe a toda la sociedad que permitió, como lo hemos demostrado, que más de 10 mil ganaderos, en un lapso de no más allá de una década, hubieran sido asesinados y secuestrados por todos los actores armados, incluidos los paramilitares. Ahora bien, la justicia deberá resolver los casos de los ganaderos que hayan tomado el camino equivocado de hacer justicia por su propia mano. Lo que el gremio como tal apoya, apoyó y apoyará son respuestas en el marco de la ley y en colaboración directa con las instituciones.
Jorge Visbal Martelo, expresidente de la Federación que usted preside, fue condenado a nueve años de cárcel por sus vínculos paramilitares y también fue rechazado por la JEP por no haber hecho ningún aporte a la verdad del conflicto armado. Este antecedente y otros, como el del Fondo Ganadero de Córdoba con varios de sus directivos condenados por lo mismo, ¿pesa y cuánto en las percepciones públicas sobre Fedegán y en iniciativas como la creación de brigadas y frentes solidarios?
La narrativa de ciertos sectores de izquierda que culpa al sector ganadero, y especialmente a Fedegán, por la conformación de grupos paramilitares ha sido muy eficiente, pero eso no es cierto. La Fuerza Pública, especialmente el Ejército, llegó a los gremios ganaderos a partir de los decretos firmados tanto por el gobierno Gaviria como por el gobierno Samper. Esos decretos enfrentaron demandas de inconstitucionalidad y fueron avalados por la Corte. Que haya habido desbordamientos, se debe en buena parte también a la incapacidad del Estado. El caso de Jorge Visbal, que lamento enormemente, forma parte de esa narrativa que se construyó cuando el país no fue capaz de aceptar que había una gran cantidad de ganaderos secuestrados y asesinados por todos los actores violentos, incluso por el paramilitarismo, como dije. Planteé, en un artículo, que pretendemos que no se vuelva a repetir la historia: que no nos dejen solos, que la institucionalidad responda por la vida y bienes de todos los colombianos, incluso las de los ganaderos. No tiene por qué haber excepciones en esta materia.
En un hecho reciente, que despertó temor y que ocurrió en septiembre de 2022, se difundieron videos en las plataformas virtuales de una caravana de cientos de camionetas blancas de alta gama por carreteras rurales del municipio de Plato, Magdalena: era una protesta y, al tiempo, una advertencia bien agresiva de propietarios y empresarios ganaderos contra invasores y cuatreros. ¿Esa iniciativa también sigue activa?
Esa fue una caravana espontánea a propósito de las brigadas solidarias que convoqué. Sin embargo, dígame usted un solo caso de desbordamiento de las brigadas cuando, en más de una oportunidad, han acudido a darle respuesta a cualquier ganadero que se haya visto sometido a la invasión de su predio. La propiedad privada debe tener protección constitucional como la tiene una fábrica, un periódico, una empresa, su casa o la mía. Y no puede haber distinción entre unas y otras porque la Constitución no diferencia entre un bien privado urbano y un bien privado rural.
Poco después de la caravana en cuestión, usted y el propio presidente llegaron a un acuerdo de venta y compra de tierras para su distribución entre los campesinos por parte del Estado. ¿Cómo llegó a entenderse con su contrario ideológico, Petro?
Este país tiene que empezar a identificar escenarios propositivos y a tratar de encontrarse y encontrar un espacio en que se puedan conseguir respuestas que le sirvan a la sociedad. La historia es muy particular: empieza con un Whatsapp que me manda el senador Iván Cepeda con sus puntos de vista. Nos sentamos a trabajar varias semanas en absoluta reserva y un buen día le dije al senador que si quería, podía preparar un acuerdo de Fedegán con el Gobierno. Dos días después le mandé un borrador. Cepeda se lo llevó al presidente Petro y él dijo que estaba totalmente de acuerdo con lo que se planteaba allí: no se trataba únicamente de entregarle tierra al campesino, sino tierra con proyectos productivos para que tuviera la posibilidad de conseguir un horizonte de vida. El presidente me recibió a los dos días. Pocos después firmamos el acuerdo y hemos venido trabajando con todo empeño. Hemos entregado al Gobierno más de 600 mil hectáreas y la administración Petro tiene más de un millón de hectáreas. Es decir, tierra disponible hay. Se trata de avanzar con las limitaciones propias de las estructuras de la Agencia Nacional de Tierras. La única preocupación que tengo radica en que se entregue la tierra con proyectos productivos incluidos.
“La historia que no queremos que se repita”: Lafaurie
En una carta que el presidente de Fedegan le envió la semana pasada al presidente Petro, José Félix Lafaurie afirma que es “latente el riesgo de que el regreso del miedo a perder el sustento, la libertad y la vida, resucite la idea de ‘comprar seguridad’ y entrar en un diabólico círculo vicioso de extorsión y mayor inseguridad...”. Lafaurie, vocero de un poderoso gremio que ha sido señalado por haber tenido vínculos con los sanguinarios grupos paramilitares de los años 80 y 90, dice, también que “esa es, señor presidente, la historia que no queremos que se repita”. En su misiva, el representante de los empresarios ganaderos del país, le explica al jefe de Estado sus propuestas sobre activación de ‘brigadas’ y ‘frentes solidarios” en el campo. Ante la sombra que crea ese tipo de agrupaciones civiles de defensa, Lafaurie asegura que “(el país) debe entender la necesidad de unirnos, no para enfrentar armados a los bandidos que hoy controlan gran parte del territorio... sino para tomar medidas de prevención... y, sobre todo, para colaborar... con la Fuerza Pública y con las demás autoridades...” Intenta, así, disolver la idea de que los frentes de hoy serán similares a las Convivir del pasado.
“En la medida en que las autoridades no actúen, los delincuentes se fortalecen”
En su carta al presidente Petro sobre sus propuestas de activar brigadas y frentes solidarios, usted explica que se crearían para “tomar medidas de prevención contra la delincuencia... " y de colaboración con las autoridades. Pero siempre subsiste la inquietud de que, ante un riesgo o peligro inminente, haya actitudes reactivas.
Las situaciones y los riesgos no se presentan siempre de manera intempestiva. En algunos casos esos procesos son lentos. Por ejemplo, el delito de abigeato. Cuando empiezan a sucederse, en una región, robos de animales, en la medida en que las autoridades no actúen de manera inmediata y efectiva, los delincuentes se fortalecen y al cabo de un tiempo no solo adquieren una capacidad de agresión muy alta sino que terminan obteniendo relaciones irregulares con determinados actores oficiales que les facilitan la comisión de los delitos. Si los ganaderos, los comerciantes, los pequeños y medianos productores de una zona, mantienen relación directa con las autoridades, tendrán anticipadamente el conocimiento de estos hechos y podrán colaborar con ellas, en función de una relación que se ha construido.
