Proponen comisión de la verdad

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentó a los delegados de Naciones Unidas y a los embajadores de los países garantes del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc —Noruega y Cuba— un documento titulado “Propuestas mínimas sobre la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. La idea es que el texto sea entregado a las partes negociadoras en La Habana para que sirvan de insumo a la hora de materializar los acuerdos de paz.

Aunque las propuestas son varias, todas giran en torno a los derechos de las víctimas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Una paz que no tenga la voz de las víctimas es una paz sin bases, sin fundamento, sin futuro, sería más la desmovilización de un grupo armado ilegal que el anhelo de los colombianos de vivir sin violencia”, expresó el sacerdote jesuita Javier Giraldo.

La primera propuesta consiste en la creación de una “comisión de la verdad” que ayude a esclarecer los crímenes de lesa humanidad y de guerra, y las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Colombia desde 1945 hasta la fecha de entrada en vigencia del acuerdo de paz.

Esta comisión no tenía funciones judiciales, pero podría suministrar información que contribuya a aclarar casos que han quedado en la impunidad. A la vez, serviría para conocer el paradero de aquellas personas víctimas de desaparición forzada. De igual manera, propone contribuir al esclarecimiento de responsabilidades de servidores públicos y actores no estatales en crímenes contra civiles.

En cuanto a la reparación, el documento plantea restituir efectiva y materialmente los predios de las personas que hayan sido desplazadas, así como eliminar cualquier restricción jurídica, como los contratos de uso o los terceros de buena fe, para que los desplazados puedan retornar a sus tierras. Se propone también desmilitarizar aquellas regiones que sufrieron la violencia cometida por miembros de la Fuerza Pública, el retorno en condiciones de seguridad de quienes viven en el exilio, así como revisar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con los movimientos de víctimas.

Las medidas de satisfacción propuestas por el Movice se orientan a que el Estado haga un reconocimiento público de las graves violaciones a los derechos humanos en que —por acción u omisión— se vieron involucrados funcionarios o entidades del Estado. En este sentido, piden establecer el 6 de marzo como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de los Crímenes de Estado. Igualmente, desclasificar la totalidad de los documentos reservados del Estado, en especial aquellos de inteligencia que registran casos de graves violaciones a los derechos humanos y crear una cátedra permanente de derechos humanos para primaria, secundaria y universidad.

Finalmente, las propuestas de no repetición apuntan a que se produzca una depuración de las tres ramas del poder público, para excluir a aquellos funcionarios que hayan participado o permitido crímenes contra civiles o impunidad en las investigaciones por éstos. Al mismo tiempo, se sugiere que aquellos funcionarios a los que se les compruebe responsabilidad deberán quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos de nuevo. Incluso se promueve la creación de una comisión revisora de la doctrina de seguridad del Estado, con el fin de identificar aquellas “prácticas y doctrinas que promueven la persecución y estigmatización de movimientos, partidos o personas que adelanten acciones de oposición política al Gobierno”.

“Hemos propuesto el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en graves violaciones a los derechos humanos, en el momento de la firma de un acuerdo de paz por quien sea el presidente de la República. También una comisión de la verdad con amplias facultades, en la cual quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos los reconozcan ante las víctimas, pidan perdón y contribuyan a esclarecer la manera como ocurrieron los hechos; la reducción de las Fuerza Militares una vez termine el conflicto, en un lapso de diez años; el deslinde de la Policía del Ministerio de Defensa; la desclasificación de los archivos de inteligencia y del Ejército para tener la garantía de que no se repetirán los hechos de violencia contra ningún sector de oposición o de izquierda en este país”, explicó el representante y miembro del Movice, Iván Cepeda.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentó a los delegados de Naciones Unidas y a los embajadores de los países garantes del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc —Noruega y Cuba— un documento titulado “Propuestas mínimas sobre la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. La idea es que el texto sea entregado a las partes negociadoras en La Habana para que sirvan de insumo a la hora de materializar los acuerdos de paz.

Aunque las propuestas son varias, todas giran en torno a los derechos de las víctimas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Una paz que no tenga la voz de las víctimas es una paz sin bases, sin fundamento, sin futuro, sería más la desmovilización de un grupo armado ilegal que el anhelo de los colombianos de vivir sin violencia”, expresó el sacerdote jesuita Javier Giraldo.

La primera propuesta consiste en la creación de una “comisión de la verdad” que ayude a esclarecer los crímenes de lesa humanidad y de guerra, y las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Colombia desde 1945 hasta la fecha de entrada en vigencia del acuerdo de paz.

Esta comisión no tenía funciones judiciales, pero podría suministrar información que contribuya a aclarar casos que han quedado en la impunidad. A la vez, serviría para conocer el paradero de aquellas personas víctimas de desaparición forzada. De igual manera, propone contribuir al esclarecimiento de responsabilidades de servidores públicos y actores no estatales en crímenes contra civiles.

En cuanto a la reparación, el documento plantea restituir efectiva y materialmente los predios de las personas que hayan sido desplazadas, así como eliminar cualquier restricción jurídica, como los contratos de uso o los terceros de buena fe, para que los desplazados puedan retornar a sus tierras. Se propone también desmilitarizar aquellas regiones que sufrieron la violencia cometida por miembros de la Fuerza Pública, el retorno en condiciones de seguridad de quienes viven en el exilio, así como revisar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con los movimientos de víctimas.

Las medidas de satisfacción propuestas por el Movice se orientan a que el Estado haga un reconocimiento público de las graves violaciones a los derechos humanos en que —por acción u omisión— se vieron involucrados funcionarios o entidades del Estado. En este sentido, piden establecer el 6 de marzo como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de los Crímenes de Estado. Igualmente, desclasificar la totalidad de los documentos reservados del Estado, en especial aquellos de inteligencia que registran casos de graves violaciones a los derechos humanos y crear una cátedra permanente de derechos humanos para primaria, secundaria y universidad.

Finalmente, las propuestas de no repetición apuntan a que se produzca una depuración de las tres ramas del poder público, para excluir a aquellos funcionarios que hayan participado o permitido crímenes contra civiles o impunidad en las investigaciones por éstos. Al mismo tiempo, se sugiere que aquellos funcionarios a los que se les compruebe responsabilidad deberán quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos de nuevo. Incluso se promueve la creación de una comisión revisora de la doctrina de seguridad del Estado, con el fin de identificar aquellas “prácticas y doctrinas que promueven la persecución y estigmatización de movimientos, partidos o personas que adelanten acciones de oposición política al Gobierno”.

“Hemos propuesto el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en graves violaciones a los derechos humanos, en el momento de la firma de un acuerdo de paz por quien sea el presidente de la República. También una comisión de la verdad con amplias facultades, en la cual quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos los reconozcan ante las víctimas, pidan perdón y contribuyan a esclarecer la manera como ocurrieron los hechos; la reducción de las Fuerza Militares una vez termine el conflicto, en un lapso de diez años; el deslinde de la Policía del Ministerio de Defensa; la desclasificación de los archivos de inteligencia y del Ejército para tener la garantía de que no se repetirán los hechos de violencia contra ningún sector de oposición o de izquierda en este país”, explicó el representante y miembro del Movice, Iván Cepeda.