Esta semana, un grupo de 30 congresistas radicó formalmente ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que solicitan que la consulta popular promovida por el Gobierno incluya una pregunta específica sobre el aumento de penas para los delitos sexuales y homicidios contra menores de edad.
“¡Los niños y niñas de Colombia no pueden seguir siendo excluidos de la consulta popular!”, expresó la representante Érika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. “Exigimos que se incluyan penas severas para violadores y abusadores de menores”.
En la carta, los legisladores proponen que los ciudadanos decidan en las urnas si la pena máxima para asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes debe elevarse a 70 años de prisión. Esto a pesar de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dicho que en la consulta solo se incluirán preguntas sobre la reforma laboral que se hundió en el Congreso.
La iniciativa surge como respuesta a lo que califican como una crisis nacional de violencia contra la infancia. Citan cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal que dan cuenta de más de 15.000 casos de abuso sexual infantil y más de 500 asesinatos de menores durante 2024. “Estas cifras son una vergüenza nacional y reflejan la falta de una política criminal lo suficientemente fuerte para disuadir y castigar a los responsables”, se lee en el documento.
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Según los firmantes, el sistema judicial colombiano “protege más a los criminales que a las víctimas” y permite que agresores de menores recuperen su libertad tras cumplir apenas una fracción de su condena. “La impunidad y la falta de justicia han convertido a Colombia en un paraíso para los depredadores sexuales y homicidas de niños”, advierten.
En la misiva también se hace una comparación con legislaciones de países como Estados Unidos y México, donde existen penas de cadena perpetua e incluso pena de muerte para delitos similares.
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