Lobismo detrás de artículo de la laboral podría beneficiar a firma de congresista

En varios momentos de la sesión plenaria de la Cámara del 8 de octubre, los representantes Andrés Forero (Centro Democrático) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical) pidieron la palabra. En sus intervenciones, de manera reiterativa, defendieron, en el ring en el que se convirtió el Salón Elíptico del Capitolio, la eliminación de un breve apartado de la reforma laboral con el que se busca suprimir los pactos colectivos.

La propuesta podría beneficiar a la empresa de Forero: PVC Gerfor. Pero, además, podría ampliarse a otros conflictos laborales en empresas en Colombia, que podrían optar por estos acuerdos entre empleadores y trabajadores que no hacen parte de sindicatos.

La proposición la firmó Arbeláez, como se constata en documentos en poder de este medio. En ella, se tachaba el literal G del artículo 62, que define como una conducta antisindical “establecer normas especiales o diferencias salariales o de otros beneficios a favor de los trabajadores no sindicalizados”. Fueron, particularmente, los dos congresistas, como se evidencia en los videos de la plenaria, quienes insistieron en su eliminación.

Forero es hijo de Germán Forero, un empresario bogotano presidente de PVC Gerfor, que en 2023, según el reporte de la Superintendencia de Sociedades sobre las 1.000 empresas más grandes en Colombia, ocupó la casilla 681 con ingresos por $426.331 millones. Desde que empezaron los primeros sindicatos en la compañía, con sede en Cota (Cundinamarca), hace ya cerca de dos décadas, ha habido varios conflictos entre ellos y los directivos de la empresa, precisamente, por la celebración de pactos colectivos.

Aunque en septiembre de este año ya hubo un convenio colectivo -como se denominan a los acuerdos que se firman con organizaciones sindicales- la situación escaló hasta llegar a varios laudos arbitrales y una carta del entonces viceministro del Trabajo Edwin Palma, a comienzos de 2024.

En efecto, y como lo confirmó este medio, Forero se declaró impedido para la discusión por aún figurar como accionista de la empresa de su familia. El impedimento fue rechazado por los demás representantes, por lo que pudo participar activamente de la discusión. Pero a ello se suma otra arista. Fotos que conoció El Espectador evidencian que en la plenaria del 8 de octubre estuvo presente un abogado de la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI -el más grande gremio de Colombia-, llamado Juan Arturo González Rojas.

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En esas imágenes se ve al abogado conversando con la representante Arbeláez. También, que tiene en sus manos la proposición que llegó con la rúbrica de la política de Cambio Radical. Según dijeron representantes consultados, se trataría de un lobista que era común ver no solo en las plenarias sobre la reforma laboral, sino también durante su discusión en la Comisión Séptima, el semestre pasado.

El Espectador buscó sin éxito al abogado González. Le escribió a través de sus redes y también por intermedio de la oficina de prensa de la ANDI. El gremio compartió un pronunciamiento en el que se enfatizó que era una respuesta a nombre de la organización y no a título personal del jurista.

“Actuamos ante las ramas Legislativa y Ejecutiva del poder público, y en general en la sociedad, para procurar, por la vía de la concertación y del diálogo social, normas y políticas públicas que sean convenientes para el país. Entendemos como fundamental el papel de las organizaciones civiles, entre ellas los gremios, en la construcción democrática”, indicaron.

Este medio también consultó a los dos congresistas en cuestión para conocer el origen de la proposición, así como para confirmar si tuvo un origen en el cabildeo. Pero entre Forero y Arbeláez, aliados en su oposición al progresismo, hay versiones contradictorias.

En efecto, Forero respondió que “varios representantes presentaron proposiciones en las que se eliminaba el literal G del artículo 62. En cualquier caso no tengo conocimiento de cómo surgió ninguna de esas proposiciones. Asumo que mis colegas buscaron armonizar la reforma con la sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequibles los pactos colectivos de trabajo”.

Sin embargo, la versión que da Arbeláez es otra. “Esta proposición la revisamos con Forero, que venía de discutirla en la Comisión Séptima. Él me la explica y me dice que la firmemos. Yo le digo que de una, porque tiene todo el sentido, yo la acompaño. Pero era una proposición que ya Forero la había discutido”.

Sobre sus conversaciones con González Rojas, Arbeláez aseguró que no lo identificaba y no fue sino hasta que vio la foto que supo de quién se trataba. Dijo que, en todo caso, no lo conocía y que, si había hablado con él, era porque en su trabajo como congresista busca conocer las posturas expertas sobre los temas a discutir.

En todo caso y pese a las distintas versiones, Forero y Arbeláez sí se refieren al tema. Cuando iban poco más de cinco horas del debate, Arbeláez dijo que “me preocupa el literal G y estamos pidiendo que se elimine, porque está limitando la libertad de empresa. Prohíbe la posibilidad de que los empleadores mejoren las condiciones económicas de los que no están sindicalizados”. A su juicio, se trataría de un “incentivo para que haya una sindicalización forzosa”.

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Por su parte, cuando ya el debate ajustaba más de seis horas y estaba próximo a finalizar, Forero insistió en que “el literal G del numeral dos del artículo 62, en la práctica, desconoce lo que ha fallado la Corte Constitucional a propósito de los pactos colectivos”.

En el minuto 5:13:18 se puede observar la intervención de Carolina Arbeláez y en el 6:09:46 la de Andrés Forero, ambos defendiendo la eliminación del literal G del artículo 62.

Durante la última década, sindicalistas de PVC Gerfor han chocado con las directivas, entre los que están, además del padre de Forero, sus hermanas.

Mauricio Rodríguez, presidente de SintraconstruPVC, aseguró que, entre 2018 y 2019, los conflictos laborales se buscaron resolver a través de un laudo arbitral. Con este, por ejemplo, se definió una prima extralegal para los sindicalistas. Sin embargo, luego de ello, la empresa de manera unilateral extendió los beneficios a todos los trabajadores.

“Ahí es donde más se marca la línea. Ellos extienden los tres beneficios significativos que salieron de nuestro laudo. Eso marca un quebranto y un ataque directo a la organización sindical y a nuestro derecho fundamental de pertenecer a esta organización”.

Bellanid González, de Sintrametal -el otro sindicato-, le aseguró a este diario que, durante 2022 y 2023, los trabajadores sindicalizados no recibieron aumento salarial, un beneficio que sí tuvieron los compañeros suscritos al pacto colectivo. Las situaciones relatadas por Rodríguez y González llevaron a manifestaciones de los sindicalistas en febrero de este año.

Para explicar cómo esto ha impactado su desempeño relató que “solamente al final de 2023 perdimos 15 afiliaciones. Ya llegábamos casi a 50 afiliados y quedamos con menos de 35. Por eso pusimos querellas administrativas en el Ministerio del Trabajo y se presentó una demanda ante la Fiscalía”. Otro problema es que los empleados que no están en sindicatos han recibido beneficios como ascensos y cursos en el SENA. “Hay tres personas que pertenecieron a la organización sindical, se salieron y ya son supervisores”.

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Mery Laura Perdomo, abogada laboralista que fue la árbitro elegida por los sindicales para el tribunal, señaló que hay “estudios de la Organización del Trabajo (OIT) que demuestran que el sindicalismo es disminuido por el uso de la figura del pacto colectivo, que existe en muy pocos países”. Explicó que, al poder negociar sin estar en un sindicato, se desincentiva su existencia: “La OIT, durante más de 40 años, ha dicho que va en contra de la libertad sindical”.

Perdomo, quien también participó en la redacción de la reforma laboral, dijo que se busca eliminar, toda vez que ya en la jurisprudencia colombiana se ordena que “no se use de manera antisindical”. “El problema es la existencia del pacto. Que se pueda negociar con los no sindicalizados desnaturaliza la existencia de los sindicatos”, precisó.

“En Gerfor se suscribió el pacto colectivo de trabajo vigente en el año 2017. Dicho pacto tiene una vigencia hasta 2027, por lo que la aprobación de la reforma laboral no afectaría los derechos adquiridos por los trabajadores no sindicalizados”, dijo Germán Forero, padre del representante uribista, a El Espectador. También, que su hijo declaró el conflicto de interés por ser accionista de la compañía.

Además, recordó que en septiembre de 2024 Gerfor suscribió la Convención Colectiva de Trabajo con las dos organizaciones sindicales que hacen presencia en la compañía. Los sindicatos, al respecto, señalaron que “decidimos desistir de las demandas en la Fiscalía, ordinarias laborales y quejas administrativas ante el Ministerio de Trabajo y llegar a un acuerdo y firmar la primera Convención Colectiva entre las partes en más de 11 años de conflicto con la empresa”.

En todo caso, la discusión ya se zanjó en la Cámara de Representantes, manteniéndose la propuesta de prohibir los pactos colectivos en el país. Sin embargo, la reforma laboral aún tiene dos debates en el Senado. Se está a la espera de que se programe en la Comisión Séptima, donde el Gobierno arranca con las cuentas en contra: con 9 senadores opositores y 5 de gobierno. Y la influencia de empresas, gremios y lobistas podrían revivir una vez más la discusión en una corporación que poco le camina al presidente Petro.

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