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Uno de los capítulos que quedó pendiente en la implementación normativa del Acuerdo de Paz con las Farc, fue el del tratamiento penal diferencial para campesinos que hayan incurrido en actividades relacionadas con los cultivos ilícitos. La iniciativa busca incentivar el diálogo social para combatir la utilización de los habitantes rurales por parte de las grandes mafias.
La propuesta del partido FARC, con el apoyo de Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Aida Avella y Ángela María Robledo, busca darle vida jurídica a lo que se conoció en la mesa de diálogos de La Habana, como despenalización de los delitos de hambre, es decir, la renuncia, suspensión, cesación de la acción penal contra los campesinos inmersos en procesos penales por tener plantaciones de uso ilícito.
La iniciativa establece un “tratamiento penal diferenciado y transitorio” para pequeños agricultores “que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades conexas a este”. Se trata del desarrollo normativo de uno de los capítulos del Acuerdo de Paz, específicamente, el que versa sobre solución al problema de los cultivos de uso ilícito.
Eso sí, la propuesta aclara que los beneficiaros sólo podrás ser campesinos que se vincularon a la actividad ilícita como método de subsistencia, y desde el primer renglón de la cadena. Lo que quiere decir, que están excluidos los propietarios de grandes extensiones de cultivos ilícitos o a quienes se les demuestre su partencia a grupos criminales.
El proyecto define que para acceder a los beneficios, los campesinos deberán registrarse en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), lo que los obliga a comprometerse a sustituir los cultivos ilícitos y a no reincidir en la plantación de los mismos.
Para desarrollar los planteamientos de la iniciativa se le asignan funciones a la dirección del PNIS y a la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de solicitar los benéficos jurídicos a quienes se encuentren presos por plantar o procesar cultivos ilícitos, así como también, se solicita al ente acusador asumir la potestad de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los solicitantes de los beneficios.
Así pues, este se convierte en el primer proyecto de ley de autoría de la bancada de la FARC en el Congreso, la cual, desde ya anuncio, que enfocará todos sus esfuerzos en materializar a cabalidad el Acuerdo de Paz suscrito en La Habana. Sin embargo, la propuesta se chocará con el Gobierno, que ha sostenido que se debe profundizar la acción penal contra quienes participan del negocio de la droga, cualquiera que sea su condición.
Por -Redacción Política
