El silencioso y mal intencionado proyecto de reforma constitucional que pretende ampliar irregularmente el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores para nivelarlo con el del presidente de la República, ya fue aprobado en su primer debate en el Congreso por los representantes a la Cámara de la Comisión Primera, sin considerar que está contrariando abiertamente la Constitución Política.
Prueba de esto es que la elección de los mandatarios locales actuales se llevó a cabo por vía del voto programático, que consiste en que el pueblo, usted o yo, votó por un candidato y programa de gobierno diseñado para cuatro años y no por seis.
En teoría constitucional, se diría que el elector no vota por la persona natural que aspira a ser alcalde o gobernador, sino que lo hace por su programa de gobierno, el cual se tiene que radicar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
“El voto programático es una expresión de la soberanía popular y de la democracia participativa que estrecha la relación entre los elegidos (alcaldes y gobernadores) y los ciudadanos electores. Al consagrar que el elector impone al elegido por mandato un programa, el voto programático posibilita un control más efectivo de los primeros sobre los últimos”, afirma el alto tribunal.
Por tal razón, extender en 30 meses el periodo de estos mandatarios generaría en este lapso una falta de legitimidad democrática absoluta de su gestión, por cuanto que el Constituyente del 91 a los únicos que les exigió registrar un programa de gobierno fue precisamente a los candidatos a alcaldías y gobernaciones.
En otras palabras, a los únicos que se les puede aplicar la revocatoria del mandato, precisamente por incumplir su programa registrado para ejecutarse solo en cuatro años y no en seis, es a estos mandatarios. Pero entonces, ¿qué políticas públicas los vinculará jurídica y políticamente si se extiende su periodo?
Nuestro Estado, aclaro, está diseñado bajo la filosofía del Estado Liberal, donde uno de sus principios esenciales es la democracia participativa; es por ello que la pretendida reforma no busca un cambio de periodos de gobierno, pues el efecto real es que se violentaría la voluntad del Constituyente Primario, es decir el pueblo, manifestada con unas reglas que quieren ser alteradas sorpresivamente, vulnerando, entre otros, el derecho fundamental de elegir y ser elegido, puesto que el elector quiso que estos mandatarios estuviesen por un periodo determinado al momento de la elección. Igualmente es muy grave la afectación de estos derechos políticos para los ciudadanos que han diseñado su carrera política con unos tiempos que legítimamente jamás creyeron que les iban a ser manipulados.
Pero, si jurídicamente es totalmente cuestionable esta iniciativa, políticamente es terriblemente impresentable, por lo que deberíamos preguntarnos: ¿qué intereses tienen los “padres de la patria” al intentar esta cuestionable reforma? No es muy difícil deducir que lo que estamos presenciando es, en los mejores términos, una negociación politiquera, clientelista y corrupta, entre los legisladores y los alcaldes y gobernadores; porque en la realidad, lo que quieren “los reformistas” es tener un arma extorsiva con los beneficiarios de la reforma.
Se podrán ustedes imaginar, ¿qué les están pidiendo estos congresistas a los alcaldes y gobernadores para que gocen de un 60 % más de periodo para el que habían sido elegidos? Pues precisamente eso: mermelada, que es el eufemismo de la corrupción, contratos y burocracia.
En otras palabras, esta reforma es la más perjudicial para los colombianos, por cuanto los dineros que pagamos en impuestos irán a parar a los bolsillos de “los reformistas”; y los que van a llegar a dirigir las entidades públicas no van a ser los más competentes y los más preparados, sino los politiqueros de turno que le consiguieron votos a estos mal llamados “padres de la patria”.
Pero, ¿si se aprueba la ilegitima reforma no estaríamos cambiando la cláusula esencial de la democracia participativa, es decir, no estaríamos sustituyendo la Constitución? Si las anteriores respuestas son afirmativas, como a todas luces parecen serlo, esta iniciativa no aguanta un control somero de constitucionalidad.
* Analista Político y profesor de la Universidad Libre
Por Óscar Castelblanco* / Especial para El Espectador
