27 May 2020 - 8:02 p. m.

Proyecto busca que colombianos vulnerables reciban un salario mínimo durante tres meses

La iniciativa busca que colombianos vulnerables, trabajadores de micronegocios e independientes reciban un salario mínimo mensual durante tres meses en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Con un consenso entre 54 senadores fue radicado este miércoles en el Senado de la República un proyecto de ley que busca crear una renta básica de emergencia para que las personas más vulnerables en medio de la pandemia del nuevo coronavirus puedan obtener un ingreso mínimo que garantice su supervivencia. Sobre este asunto se ha hablado mucho en el país, incluso varios sectores políticos han propuesto una renta básica universal, es decir, para todo el mundo, sin embargo, la iniciativa legislativa presentada solo beneficiaría a un tipo de población determinada.

¿Cómo funcionará? En primer lugar, el proyecto de ley busca modificaciones al decreto 518 de 2020, a través del que el Gobierno Nacional estableció el ingreso solidario en medio de la pandemia. El cambio va desde el nombre —pues ya no se llamaría programa de Ingreso Solidario sino Programa de Renta Básica de Emergencia— hasta la ampliación de la cobertura y del monto que reciben las personas.

El texto del proyecto, que consta de 10 artículo, señala que estas “transferencias monetarias no condicionadas” beneficiarán a “todos los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como de los trabajadores en micronegocios”. Los recursos quedarán a cargo del denominado Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), y serían recibidos durante un período de tres meses.

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El monto de dicha renta básica de emergencia quedó sería de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), es decir, $980.657. También se hace la salvedad que las personas que ya son beneficiadas por distintos programas sociales, como Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas - IVA o Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF, seguirán recibiendo dichas ayudas y a estas se les deberá sumar la diferencia para llegar al salario mínimo.

Las listas de los beneficiarios las debería establecer el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de acuerdo con las definiciones de pobreza y vulnerabilidad determinadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y el mismo DNP. Para esto también podrán usar las bases de datos del Sisbén y otras fuentes adicionales que permitan ubicar las personas y los hogares que serían beneficiarios de la renta básica de emergencia.

Micronegocios e independientes

La iniciativa no solo habla de personas, sino de micronegocios cuyos integrantes se verían beneficiados de esta renta básica. En ese sentido, define a los micronegocios como “toda unidad económica con máximo nueve (9) personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción”. Adicionalmente, indica que “los trabajadores independientes y por cuenta propia quedan cobijados por lo establecido en el presente artículo”.

También le pide a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tomar acciones para formalizar los negocios que estén en la informalidad y que fuesen a ser beneficiarios de la renta básica de emergencia, sin embargo, advierte que esta no está condicionada a dicha formalización. “Estas transferencias cubrirán también nuevos empleos siempre y cuando se demuestre su contribución al micronegocio”, dice el articulado.

No pagarán comisión ni tarifas

En un mensaje a los bancos, el texto del proyecto señala que los beneficiarios de la renta básica de emergencia no deberían pagar ningún tipo de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias. Indica también que estas ayudas serían consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios”.

De igual manera, establece que estas ayudas serían inembargables “y no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se disperse la transferencia monetaria no condicionada”.

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Al Gobierno Nacional no le gusta mucho la idea

El proyecto que llega al Congreso medirá fuerzas políticas en el Legislativo, teniendo en cuenta que al Gobierno Nacional no le suena mucho la idea de una renta básica de emergencia. Al contrario, desde otros sectores se han empezado a ventilar propuestas sobre el aplazamiento del pago de la prima de junio.

La respuesta desde la otra orilla ha sido que Colombia, imitando a otros países de la región, como Perú o Chile, debe destinar un mayor porcentaje del producto interno bruto (PIB) a atender la emergencia económica y social impulsada por la pandemia. De hecho, la propuesta de una renta básica ha venido desde organizaciones internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En entrevista reciente con el diario El Tiempo, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, manifestó su desacuerdo con que se corten de tajo los programas de ayuda social definidos para la pandemia y se reemplacen por una renta básica. “En esta emergencia, y por estas razones operativas, yo no comparto la idea de que los programas existentes, construidos con gran cuidado y mucho éxito durante décadas enteras, se eliminen de tajo y se sustituyan por el esquema de renta básica”, manifestó Carrasquilla.

Señaló que para ejecutar dicha idea se necesita que toda la población trabajadora esté formalizada y que esta renta básica sea de unos $ 600.000, ajustables en el tiempo según la inflación y el progreso económico que tenga Colombia: “Este esquema se usaría muy intensamente en períodos de crisis y menos intensamente durante períodos de normalidad. Es muy, pero muy exigente en materia de la cantidad de información necesaria, en materia del procesamiento ágil de dicha información y en materia de la capacidad operativa que asegura que los recursos lleguen mes tras mes en los montos correctos a los hogares correctos”.

¿Quiénes apoyan la propuesta?

Senadores de 10 partidos políticos firmaron el proyecto que fue radicado en Senado. Por la Alianza Verde están Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Jorge Eduardo Londoño, Juan Luis Castro, Iván Name, José Aulo Polo, Sandra Ortiz y Jorge Guevara. Por el Partido Liberal son Guillermo García Realpe, Luis Fernando Velasco, Rodrigo Villalba, Miguel Ángel Pinto, Andrés Cristo, Fabio Amín, Lidio García, Iván Darío Agudelo, Horacio José Serpa, Laura Fortich, Mauricio Gómez Amín, Jaime Durán Barrera, Mario Castaño y Julián Bedoya.

Por el Polo Democrático firmaron Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Wilson Arias, Alberto Castilla. Asimismo, por el Partido de la U los firmantes fueron Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez, Juan Felipe Lemos, Miguel Amín, Eduardo Pulgar, Ritter López, Germán Hoyos, José Alfredo Gnecco, Berner Zambrano, Armando Benedetti, Maritza Martínez, John Besaile y José David Name.

Por la Lista de la Decencia, MAIS y Colombia Humana firmaron Gustavo Bolívar y Aída Avella, Feliciano Valencia y Gustavo Petro, respectivamente. Desde Cambio Radical, el apoyo fue por parte de los senadores Temístocles Ortega, Rodrigo Lara y Edgar Díaz.

Por el Partido FARC firmaron Griselda Lobo, Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Israel Zúñiga y Julián Gallo. Y por el partido cristiano Colombia Justa-Libres firmó el senador édgar Palacio.

Reacciones

El senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, explicó que esta propuesta que beneficia a nueve millones de hogares vulnerables, representa aproximadamente a 30 millones de colombianos, es decir, el 60 % de la población del país. Según dijo Marulanda, ese total se divide en 6.8 millones de familias pobres, que no tienen ingresos y que dependen del "rebusque", y 2.2 millones de hogares de trabajadores vinculados a micronegocios o trabajadores independientes. Y si bien esta iniciativa la presentaron al Gobierno, el senador verde recordó que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, rechazó esta iniciativa. Por ello es que lo presentan este viernes como proyecto de ley.

"Lo presentamos hace varias semanas. Queríamos conectar con el Gobierno para que fuera una política de Estado y puesta en práctica de una manera expedita con las facultades del presidente. Pero, en vista de este rechazo, decidimos presentarlo y estamos radicándolo. Todos los recursos de la emergencia irían a este programa. Pero como son insuficientes para atender a las familias, habría que completar sus ingresos para que fueran equiparables a la renta básica. Adicionalmente se aplicarían recursos del presupuesto nacional, que originalmente tienen destinación de proyectos que se pueden aplazar, para atender esta emergencia", dijo Marulanda. De otro lado, afirmó que para este cometido también se disminuiría el gasto público: "no más camionetas blindadas. Se aplicarían estos recursos nacionales de manera prioritaria en atender a las familias pobres. Para terminar de dar liquidez, el Gobierno debe solicitar al Banco de la República un préstamo sin intermediación. Se iría amortizando en el tiempo en la medida que entren nuevos recursos", puntualizó.

A su paso, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, reiteró que este proyecto no solo tiene un componente social, sino que representaría, si se convierte en ley, un impulso para la economía de todo el país. "En la medida que transferimos estos recursos, las personas más vulnerables van a comprar más y eso estimula el desarrollo económico. Va a vender más el comercio, industria, agro, y es un círculo virtuoso para el desarrollo del país. Uno de los impactos negativos es que la economía que ya venía mal, se está hundiendo más. Es una propuesta que está pensada en función no solo de los que reciben, sino en conjunto de la sociedad", afirmó. Además, aseguró que el rechazo del Gobierno se debe a una actitud "sicatera" del Ejecutivo: "no quieren dar todos los recursos que requiere el funcionamiento de la economía. Nos niegan porque esto le cuesta plata al Gobierno".

Por su lado, Roy Barreras, senador del Partido de la U y otro de los firmantes del proyecto, celebró el mensaje político de unidad que envía una propuesta como esta, que reúne a 54 congresistas para solicitarle al Gobierno que garantice mínimos vitales para la vida digna. “El Gobierno no garantizó la seguridad alimentaria de los colombianos, y la gente, por hambre, salió a la calle. Sin esperar más, decidimos hacer lo que el Gobierno no ha querido hacer, que es garantizar la renta básica. La Cámara tiene proyectos en este mismo sentido que, seguramente, serán acumulados, y hay más de 50 representantes que han manifestado su apoyo”, manifestó.

Y Armando Benedetti, también de la U, consideró, como los otros senadores, que es desafortunada la postura del Ejecutivo: “Carrasquilla ya dijo que no quiere dar un salario mínimo durante tres meses a siete millones de personas. A él no le gusta la economía para los pobres. A él no le gusta la economía para los pobres. Lo que sí le gusta es darles billones y billones de pesos a los bancos”.

La propuesta de la renta básica es una apuesta por la distribución de la riqueza y un mensaje político al Gobierno sobre las medidas que ha tomado para mitigar el impacto económico por la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, este es apenas el primer paso y los apoyos en el trámite de la iniciativa, dictarán su futuro, al menos en el Legislativo. La idea, no obstante, no es nueva. Lleva 30 años en el mundo y es un paso para que, como dijeron las organizaciones sociales al respecto, la sociedad le dé la mano a las personas que no pueden derivar todo su sustento del trabajo. En el caso colombiano, como se sabe, es una porción importante de la población.

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