El 13 de diciembre pasó a conciliación el proyecto de ley que busca digitalizar las historias clínicas de los pacientes y este miércoles oficialmente queda listo para pasar a sanción presidencial.
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La iniciativa es de Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, y de Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal, y promete modernizar el sistema de salud. En ese sentido, busca que una vez firmado por el presidente Iván Duque, comiencen los trabajos para que por medio de la nueva ley la eficiencia y calidad en el servicio médico mejore.
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¿Cómo? Permitirá, por ejemplo, que al momento de que los pacientes requieran una cita general o con especialista no tengan que cargar todos los papeles de su historia clínica debajo del brazo. En vez de eso, sus datos y antecedentes estarán a la mano de los médicos que les atiendan, transformando la experiencia de los usuarios. Bajo esa lógica, se agilizará la prestación del servicio por parte de los Institutos Prestadores de Salud (IPS).
Así mismo, según Motoa y Reyes, la historia clínica electrónica ayudará a combatir la corrupción dentro de ese sector que, como se sabe, estuvo golpeado en su momento con el denominado cartel de la hemofilia en el departamento de Bolívar. A partir de su sanción, la ley hará que se controlen los procedimientos y tratamientos relacionados con las patologías de los pacientes, “mitigando el riesgo de repetir sucesos de corrupción”, expresaron por medio de un comunicado.
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Otro punto a favor del proyecto es que contribuirá a identificar con más rapidez las alergias provocadas por la medicación. “En los últimos años han venido aumentando las muertes causadas por reacción alérgica a medicamentos, lo cual puede ser en gran causa, por no tener la información completa de la persona o paciente al ser atendido, riesgo que se mitiga con la creación de la historia clínica electrónica”, reiteró el comunicado.
Según los congresistas, la futura ley permitirá el ahorro neto del 5 % del gasto total del sistema de salud. Ahora, pese a que algunas ciudades ya implementan un modelo como el propuesto en el proyecto, la ley hará que se desarrolle como tal una estructura institucional que las IPS tendrán que adaptar para sí mismas, al igual que lo tendrá que hacer la red de salud privada.
A partir de la sanción presidencial habrá un plazo de 12 meses para definir los aspectos técnicos que sean el esqueleto del sistema para cumplir a cabalidad la norma. Según los legisladores, en un máximo de cinco años “todo el país contará con la herramienta”.
Dato importante: de 748 instituciones prestadoras del servicio, 345 manejan las historias clínicas en papel. Hay 1,2 de personas afiliadas a la red de salud pública de Bogotá.
Por -Redacción Política (politicaelespectador@gmail.com)
