Para este mes, el representante Juan David Vélez (Centro Democrático) aspira que el presidente Iván Duque sancione el proyecto de ley que crea mecanismos para la repatriación de colombianos en el exterior por fallecimiento, enfermedad grave o privados de la libertad.
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El Congreso, a finales de noviembre, aprobó el proyecto que crea un seguro de repatriación que se obtiene a través de la expedición o renovación del pasaporte de forma voluntaria. La Cancillería deberá determinar los montos de las tarifas que deberán ser marginales, al igual de los mecanismos de cómo se hará la repatriación.
Este seguro, según explicó Vélez, tendrá vigencia por diez años, como se expiden ahora los pasaportes colombianos, y no afectará el trámite del documento en estos momentos, cuando se han visto filas masivas en las oficinas de Cancillería.
“No hay ninguna correlación. Es como sacarse la foto durante el trámite”, explicó el representante, haciendo énfasis en la voluntariedad de adquisición del servicio. Según aspira Vélez, el costo del seguro podría ascender a los $20.000. En la actualidad, una repatriación oscila entre los $6 y $30 millones, valor que muchas familias no pueden asumir y que el Estado no tiene un programa específico para atender a esta población.
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Entre 2013 y 2018, de acuerdo con datos de Cancillería, se presentaron 475 solicitudes de repatriación, las cuales no todas fueron atendidas por falta de recursos. “Existe el Fondo Especial para las Migraciones que su objetivo no es únicamente la repatriación de cuerpos”, resalta Vélez como problema de la respuesta estatal.
Le agrega que hay un comité evaluador que se reúne mensualmente para revisar y analizar todos los casos. Por eso su insistencia en que este proyecto sea ley.
“Le mandé una carta al presidente pidiéndole si sanciona el proyecto antes de que se acabe el año, entendiendo que esta propuesta no solo fue mía en campaña, sino una promesa de él”, resaltó Vélez.
Para Vélez, la repatriación de connacionales es un drama humanitario que debe tener una respuesta social por parte del Estado. La Cancillería, desde el trámite del proyecto, presentó su concepto favorable.
