El proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca establecer un marco jurídico diferencial para que los grupos criminales ligados al narcotráfico tengan un espacio normativo para que dejen la ilegalidad, y que ha despertado polémica dentro del seno del mismo Ejecutivo, tiene su futuro enredado. Incluso, en la misma Casa de Nariño estallaron recientemente desacuerdos.
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Por un lado, la iniciativa con la que se busca darle viabilidad a ese propósito lleva sin siquiera tener ponencia para primer debate en los casi tres meses que completa en espera en el Capitolio; y, por el otro, la misma coalición –ministros abordo– no logra un consenso claro para impulsarla en bloque, lo que hace que sus tiempos sean cada vez más apretados y el riesgo de hundimiento se vuelva inminente.
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El documento que contiene el articulado de lo que el Ejecutivo bautizó “ley de sometimiento” llegó al Congreso el pasado 20 de julio, y aún espera que los ponentes designados – Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Ana Paola García (la U)– se decanten por una ponencia que indique si hay o no ambiente para avanzar. El punto que más controversia genera es con el que se les abriría una nueva carta a los desertores de processos anteriores para volver a acercarse al Estado.
La razón es que hasta la Corte Suprema de Justicia, en un concepto de 10 páginas y entregado hace dos semanas a la Comisión Primera de la Cámara, dejó claro que un paso de esa naturaleza, tal cual está consignado en la iniciativa, es inconstitucional. Y no es un tema menor, pues no solo se trata de un pronunciamiento oficial del tribunal de cierre en materia penal, sino de una corporación que además tiene la potestad legal de procesar a los congresistas.
“Para asegurar la seriedad de esta iniciativa, los miembros de los GAO y GAOML que hayan delinquido con posterioridad a sus procesos de desmovilización deben ser excluidos del marco normativo de este proyecto de ley”, precisó en su concepto la Corte. Y es que bajo esas siglas es que la administración actual ha denominado a grupos como las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo, entre otras estructuras derivadas del paramilitarismo, que están buscando pista en la llamada paz total.
Además, de acuerdo con el mismo tribunal, “no se advierte diagnóstico debidamente soportado de los desafíos operativos ni del impacto fiscal de la propuesta”.
Esto toca directamente una de las esencias de la iniciativa, pues en su artículo 3, específicamente en el inciso C, se deja claro que quienes sean cobijados por esta normativa en contrucción deben “enmarcarse en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales o urbanos en los que operen”, pero con una caracterización adicional que haría el Gobierno a través de la Oficina del Comisionado de Paz.
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Pero aunque eso es un asunto de fondo y jurídico, lo político es otro de los escollos que tiene a la ley de sometimiento en veremos. Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, se han cruzado duros dardos por la falta de impulso de este proyecto, al punto que tuvieron que citarse a un café para bajar los decibeles de la confrontación.
La génesis de su disputa es que Montealegre acusó a Benedetti de no ayudar a cuadrar los votos para que la Comisión Primera Avance. Y, de hecho, entre los 41 representantes de esa célula legislativa tampoco hay consensos sobre cómo avanzar.
La oposición del Centro Democrático y Cambio Radical suma seis curules, las cuales también pueden recibir el apoyo para hundir la norma de un bloque de las bancadas liberal, conservadora y verdes, que pueden derivar en otros 17 respaldos.
Si esa matemática opositora se consolida, la ley de sometimiento ya tiene una mayoría en contra. Pero desde el Gobierno juegan sus fichas por los siete del Pacto, tres de las curules de paz, uno de Comunes y la pesca de votos en otras fuerzas que al menos los hagan superar los 20 apoyos; eso implicaría morderle respaldo a la oposición.
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Pero las dificultades también superan las cargas de la Comisión. En efecto, se han escuchado voces, incluso del Gobierno, que hablan de supuestas “dilaciones”, que en estos casi tres meses de estancamiento se han realizado cinco audiencias públicas y una mesa técnica, pero nada que se plantea una ponencia.
De hecho, el ministro Montealegre acusó al liberal Álvaro Rueda de pedir otro evento más así durante esta semana, lo mantendría engavetado el documento de posición que la ley exige para tramitar un proyecto. El legislador, en todo caso, niega que quiera oponerse al proyecto y que, por el contrario, busca que tenga más argumentos.
Toda esa polarización en torno a una iniciativa que también busca entre otras cosas que los criminales puedan quedarse hasta con el 12 por ciento de sus fortunas ilegales, siempre y cuando haya negociación y desarme, se refleja en las posturas de los congresistas.
Mientras que el representante Alirio Uribe lo considera necesario para que el Gobierno del presidente Petro pueda dar resultados en cuando al desmonte de estructuras ilícitas, varias de ellas ya en fase de negociación pese a la ausencia de un marco jurídico diferencial, su colega de Comisión, Julio César Triana (Cambio Radical), advierte que un proyecto de esta naturaleza derivaría en impunidad.
Ahora bien, mientras el debate político y jurídico impacta sobre el avance escueto de este proyecto de ley, las posiciones de diversos sectores también mientras las diferencias que despierta.
Por un lado, Scott Campbell, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, celebró la intención propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, pero advirtió que incluir dentro de este marco jurídico a quienes participaron de las manifestaciones del 2021 – el llamado estallido social - resultaría “estigmatizante y negativo al vincular el ejercicio al derecho humano a la protesta pacífica con quienes han cometido violaciones graves a los derechos humanos”.
Desde esta oficina se pidieron puntos clave que también deben ser integrados al proyecto como “la garantía efectiva a los derechos de las víctimas; el alcance de tratamiento especiales frente a violaciones graves de derecho humanitario; una estrategia integral para el desmantelamiento y sometimiento; y finamente, garantizar la coherencia con disposiciones constitucionales vigentes”.
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A su turno, la Defensoría del Pueblo también emitió su respectivo concepto en el que abordó ejes positivos, negativos y aspectos que requieren un ajuste dentro del articulado el texto. En el primer apartado, celebró la integración de disposiciones presentadas y acogidas en el Consejo Superior de Política Criminal del 18 de julio, previo a su radicación en el Congreso, dentro de los que se incluyeron puntos para proteger las elecciones de 2026 o para garantizar la participación de desmovilizados.
No obstante, también advirtió que “la inclusión de personas que hayan sido excluidas por cometer ilícitos con posterior a la desmovilización del GAO por el cual fueron vinculados a Justicia y Paz o a la JEP es inconstitucional”, bajo el amparo de parágrafo 2 del artículo transitorio 66 de la Constitución Política que establece: “En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”.
De acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, son tres las estructuras en el marco de los diálogos de paz que entrarían de lleno al proceso. Allí aguardan el frente Comuneros Sur, célula de ELN que se mantuvo en postura de una salida negociada a la paz; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, surgidos de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez; y el Estado Mayor de Bloques y Frentes que es conformado por las disidencias de alías ‘Calarcá’.
Además, en espacios de conversación sociojurídicos están el Clan del Golfo, con quienes se busca una mesa de diálogo en el exterior; las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; y las bandas urbanas de Quibdó, Buenaventura, Medellín, más los exparamilitares que se encuentran en el cierre de los procesos de justicia y paz avanzados en administraciones anteriores.
¿Qué propone el proyecto?
Según estable la iniciativa, este marco normativo especial otorgaría una pena que oscilaría entre los cinco años de prisión y máximo de ocho para aquellos “integrantes que sean máximos responsables, por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones al DIH, y delitos conexos”.
Sin embargo, la pena disminuye para aquellos integrantes que no tuvieron una capacidad de mando dentro de la comisión de delitos y se sopesarían entre dos y cinco años. Ahora bien, en el caso de quienes ya estuvieron sujetos a un proceso de desarme previo, pero que volvieron al crimen “se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad, por un periodo mínimo de ocho (8) años y no superior a diez (10) años. En ningún caso, la sanción podrá ser inferior a la correspondiente en el régimen del cual fueron excluidos”.
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El proyecto señala también que se tendrá en cuenta el tiempo de privación de libertad ya cumplido en el marco de los regímenes de justicia anteriores. Esto solo aplicaría, por ahora, para los postulados a Justicia y Paz, el sistema creado hace 20 años para la desmovilización de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Otras de las críticas a este proyecto se sustentan en la expansión de los grupos al margen de la ley que, según algunos informes divulgados en medios de comunicación, habrían crecido en un 54 %, con un aproximado de 22.000 hombres en armas. Además, no se propone una medida para la ocupación territorial, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Clan del Golfo tendría presencia en 392 municipios; y las disidencias en 299 (sin discriminar sin son las dirigidas por ‘Iván Mordisco’ o ‘Calarcá’), de acuerdo a lo reportado por la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
