El proyecto de ley que establece medidas para prevenir las diferentes formas de violencia contra las mujeres que hacen política y garantiza su derecho a la participación en todos los niveles, pasará a conciliación y posteriormente a sanción presidencial. Este miércoles superó su último debate en la Cámara de Representantes, tras una votación unánime de la plenaria.
“La política no tiene porque ser un ambiente violento para nosotras las mujeres, debe ofrecer condiciones seguras para que podamos ingresar a procesos de liderazgo, en condiciones de equidad, sin reproducir patrones de subordinación de la mujer frente al hombre. Hoy es un gran día”, dijo al término del debate la representante Catherine Juvinao, una de las ponentes del proyecto.
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Según el texto aprobado, cerca del 64 % de las mujeres que ostentan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas a la violencia política, especialmente la restricción en el uso de la palabra (23,8 %) y la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión (22, 31 %).
El proyecto, que reúne las propuestas que varias bancadas habían presentando en otras legislaturas, establece que violencia contra las mujeres en política es toda acción, conducta u omisión que, basada en elementos de género, cause daño a una o varias mujeres o a sus familias, sin distinción de su afinidad política o ideológica, que tenga por objeto o resultado dificultar o anular el reconocimiento y ejercicio de sus derechos políticos, en procesos electorales, de participación ciudadana, representación democrática y ejercicio de la función pública.
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En ese sentido, los tipos de violencia pueden ser física, sexual, psicológica, moral, económica, digital o simbólica. En cuanto a las medidas para prevenir esta problemática, el proyecto establece que el Gobierno tendrá que diseñar un mecanismo para recopilar los casos y denuncias de violencia contra las mujeres en política, así como promover al interior de las entidades la definición de protocolos de atención oportuna para las mujeres víctimas de violencia.
Los partidos deberán reformar sus estatutos para adoptar disposiciones de prevención, atención y sanción. Por otra parte, las autoridades electorales estarán obligadas a promover el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas libremente, así como a identificar posibles amenazas y vulneraciones en los procesos electorales.
También se contempla que la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y las personerías presten acompañamiento y asesoría legal en los casos de violación de la ley. Así mismo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá retirar la publicidad que, con base en estereotipos de género, denigren a las mujeres en política.
“Las conductas constitutivas de violencia contra las mujeres en política darán lugar a responsabilidad ética, electoral, disciplinaria y penal, en consonancia con la normatividad vigente”, concluye el proyecto. Según la senadora María José Pizarro, otra de las que ha impulsado la iniciativa, con la aprobación se activa la institucionalidad existente y se brindan herramientas para garantizar el derecho a la participación política de las mujeres.
“Enviamos un mensaje potente: vamos a disputar los escenarios de poder y representación en igualdad y con garantías”, concluyó la senadora Pizarro.
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