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En la historia política de Colombia, el actual choque entre el gobierno saliente y el entrante no tiene precedentes. Nunca habíamos tenido un presidente electo comprometido con poner tras las rejas a su predecesor inmediato, mucho menos con extraditarlo a otro país. Tampoco habíamos tenido un presidente que desconociera los resultados de las elecciones y haya amenazado con poner en peligro la continuidad institucional, un propósito del cual, afortunadamente, ha desistido.
Así las cosas, el 7 de agosto el presidente electo tomará posesión de su cargo, y el ruido que causa el presidente saliente quizá quede opacado por las acciones del nuevo gobierno. Sin embargo, la transición pacífica del mando presidencial no le pondrá fin a la conmoción que vivimos. Quien haya tomado nota de los anuncios del gobierno entrante y los del partido de oposición sabe que el panorama que se vislumbra es el de un peligroso bloqueo y estancamiento de la vida política colombiana. La tentación de superarlo por medio del uso de la fuerza puede ser muy grande, de ahí que resulte preocupante el desenlace violento que pueda tener el choque entre el gobierno y sus opositores.
Por esta razón, los llamados realizados por el presidente saliente y el líder de la oposición en el Senado a la desobediencia civil demandan un exigente ejercicio de esclarecimiento. Hay muchos tratados, libros y enciclopedias que ofrecen una definición nítida de qué es la desobediencia civil. El tema es saber a qué se refieren con estas dos palabras Gustavo Petro e Iván Cepeda, y los demás líderes de la oposición. Como ciudadanos, tenemos la obligación de exigirles una formulación clara del alcance que tiene su llamado de desobedecer a las autoridades. El riesgo de que lo malinterpreten sus seguidores y entremos en una escalada de violencia política es muy grande.
No sobra resaltar que los hechos que han motivado el llamado a la desobediencia civil son muy graves. Sin embargo, con respecto a la profunda brecha socioeconómica y cultural que divide a la sociedad colombiana, son superficiales. Con esto quiero decir que la lealtad del presidente electo a una potencia extranjera y su eventual, todavía no probada, vinculación a un servicio también extranjero de seguridad, son hechos políticos que hacen más difícil el trámite de nuestros conflictos. No obstante, es la brecha que nos divide el punto más agudo de tensión de la política colombiana.
En Colombia, hay un apartheid socioeconómico y cultural. Las limitadas, pero visibles, avenidas de ascenso social no logran ocultar la persistente desigualdad que beneficia a unos pocos. La evidencia acumulada en numerosos trabajos que han documentado la desigualdad existente en nuestro país y sus efectos en la vida política, económica y social de la nación, han servido al propósito de romper la barrera discursiva tras la cual, por mucho tiempo, se han escudado los privilegiados de este país. Empero, esa barrera no se agota en discursos. Abarca todo un entramado institucional, que incluye los medios de coerción.
La lucha contra el apartheid socioeconómico y cultural de Colombia demanda eso, lucha, toma de posición, choques, y también estancamiento y bloqueo. No obstante, la responsabilidad de los líderes de la oposición es la mantener esta lucha en la esfera de la política, cuidando siempre de no cruzar el umbral que separa la política del conflicto violento, y teniendo siempre como horizonte, como ansiado punto de llegada, el compromiso y el acuerdo.
Quisiera recurrir a los planteamientos de Martin Luther King, Jr. (MLK), para ilustrar el sentido de estas proposiciones. En su “Carta desde Birmingham”, MLK rechazó sin ambages el llamado a luchar contra la segregación sólo en los estrados judiciales, y no en las calles. En otras palabras, se negó a permanecer dentro de los límites estrictos de la acción institucional. Consciente de que el opresor nunca le dará la libertad al oprimido voluntariamente, MLK justificó la acción extrainstitucional no violenta como un medio adecuado para alcanzar la igualdad racial.
Cabe agregar que, en su “Carta desde Birmingham”, MLK también puso en cuestión el “nacionalismo negro”, la ideología separatista de Elijah Muhammad, pues llevaría las luchas del pueblo afroamericano hacia una confrontación cruenta. En línea con estos planteamientos, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Paz en 1964, y en su discurso del año siguiente “Our God is Marching On” (Nuestro Dios sigue adelante), MLK expresó claramente la idea de que el propósito de su lucha era un nuevo orden, una nueva normalidad que reconociera “la dignidad y el valor de todos los hijos de Dios.” De este modo, MLK se mantuvo dentro del área propia de la política, sin dejarse arrastrar, por así decirlo, hacia la dinámica del conflicto violento.
La relevancia de los planteamientos de MLK en Colombia salta a la vista. Nuestra oligarquía, y su séquito de mandarines, mayordomos y lacayos, cree que puede hacer caso omiso del cambio político que ha ocurrido en Colombia luego de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las Farc. La evidencia de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo dejó de ser un dato del paisaje para convertirse en uno de los puntos de contención más álgidos de nuestra vida política.
Nuestra oligarquía y sus áulicos han demostrado una total ceguera frente a la exigencia de llegar a un nuevo “acuerdo sobre lo fundamental”. Quieren continuar ostentando los privilegios de siempre, aunque hayan aceptado como adalid a quien enarbola la consigna efectista de los de nunca. De ahí que sea inevitable la lucha y el choque, sobre todo porque el nuevo gobierno está ansioso por demostrar que puede derrotar a quienes desafíen el apartheid que nos divide.
Con mucha ligereza, hay quienes están dispuestos a participar en una campaña de desobediencia civil como un proemio de una lucha más encarnizada y violenta. A la respuesta violenta del ‘establecimiento’, que es con la cual se encontrará toda lucha firme contra el apartheid socioeconómico y cultural, sólo puede haber una respuesta no-violenta. La respuesta arbitraria y desproporcionada de las fuerzas del orden nunca puede ser enarbolada como una justificación para actuar del mismo modo.
Esta no es una mera proposición moral. Es un planteamiento estratégico formulado de cara a la profunda asimetría que existe entre los defensores de los privilegios y quienes los cuestionan, y a la tarea de ganar ante la opinión nacional y mundial la lucha por la igualdad. Si en la actualidad los líderes de la oposición invocan a Henry D. Thoreau, a Mohandas Gandhi y a Martin Luther King, Jr., han de hacerlo seria y responsablemente. Todo lo demás es jugar con candela, en un país en el cual ya hay mucha gente “quemada”.
* Abogado y doctor en ciencia política; profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Recomendamos otro ensayo de este profesor sobre el futuro de Colombia.