¿Qué hacer con el Esmad en un escenario de posconflicto?

Así lo dieron a conocer los representantes a la Cámara Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, y Alirio Uribe, del Polo Democrático, durante un debate de control político realizado ayer en el Congreso y en atención a las denuncias contra ese cuerpo especial de la Fuerza Pública, encargado de mantener el orden en manifestaciones y protestas ciudadanas.

El debate cobra relevancia de cara al proceso de paz con las Farc y el manejo de la protesta social. Por eso, los congresistas citantes solicitaron el desmonte del Esmad argumentando que es recurrente el abuso de autoridad de sus integrantes y su uso desmedido de la fuerza, así como la total impunidad en las denuncias contra sus miembros. Según Uribe, en los más de 16 años de existencia se han impuesto sólo siete suspensiones, siete destituciones, dos multas y dos amonestaciones por escrito.

Un panorama desalentador para personas como Margarita Saíz, tía de Luis Orlando Saíz, el joven que murió hace dos semanas en un enfrentamiento entre manifestantes del paro camionero y el Esmad: “Da mucha tristeza, mucho coraje, presenciar este debate. Pensé que aquí se iba a decir la verdad, se iban a asumir responsabilidades y se iba a pedir perdón, pero no. Me encuentro con que la mayoría de congresistas no vinieron y el general Jorge Rodríguez (director nacional de Seguridad Ciudadana de la Policía) se limitó a decir que sus actuaciones están protegidas por la ley y que ellos también tienen víctimas, por el mal uso del derecho a la protesta”, sostuvo.

El alto oficial señaló, por su parte, que desde el 2015 se viene haciendo un esfuerzo importante en la capacitación de los miembros del Esmad en materia de derechos humanos, aunque efectivamente reiteró que el cuerpo ha sido “más víctima que victimario”, pues también ha puesto su cuota de heridos y muertos.

En la controversia medió Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos, quien enfatizó que “la pérdida de vidas es dolorosa en cualquier caso” y que los derechos humanos no pueden defenderse con violencia, menos cuando se avanza hacia la paz. Por eso propuso retomar la discusión sobre los protocolos para atender la protesta social, que quedaron aplazados por la aprobación del nuevo Código de Policía. A su vez, Robledo le pidió a la Procuraduría y la Fiscalía celeridad en las investigaciones que se adelantan contra miembros del Esmad por transgresión de sus facultades legales e hizo énfasis en la necesidad de que la Policía Nacional retome su espíritu de cuerpo civil en un contexto de posconflicto.

Así lo dieron a conocer los representantes a la Cámara Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, y Alirio Uribe, del Polo Democrático, durante un debate de control político realizado ayer en el Congreso y en atención a las denuncias contra ese cuerpo especial de la Fuerza Pública, encargado de mantener el orden en manifestaciones y protestas ciudadanas.

El debate cobra relevancia de cara al proceso de paz con las Farc y el manejo de la protesta social. Por eso, los congresistas citantes solicitaron el desmonte del Esmad argumentando que es recurrente el abuso de autoridad de sus integrantes y su uso desmedido de la fuerza, así como la total impunidad en las denuncias contra sus miembros. Según Uribe, en los más de 16 años de existencia se han impuesto sólo siete suspensiones, siete destituciones, dos multas y dos amonestaciones por escrito.

Un panorama desalentador para personas como Margarita Saíz, tía de Luis Orlando Saíz, el joven que murió hace dos semanas en un enfrentamiento entre manifestantes del paro camionero y el Esmad: “Da mucha tristeza, mucho coraje, presenciar este debate. Pensé que aquí se iba a decir la verdad, se iban a asumir responsabilidades y se iba a pedir perdón, pero no. Me encuentro con que la mayoría de congresistas no vinieron y el general Jorge Rodríguez (director nacional de Seguridad Ciudadana de la Policía) se limitó a decir que sus actuaciones están protegidas por la ley y que ellos también tienen víctimas, por el mal uso del derecho a la protesta”, sostuvo.

El alto oficial señaló, por su parte, que desde el 2015 se viene haciendo un esfuerzo importante en la capacitación de los miembros del Esmad en materia de derechos humanos, aunque efectivamente reiteró que el cuerpo ha sido “más víctima que victimario”, pues también ha puesto su cuota de heridos y muertos.

En la controversia medió Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos, quien enfatizó que “la pérdida de vidas es dolorosa en cualquier caso” y que los derechos humanos no pueden defenderse con violencia, menos cuando se avanza hacia la paz. Por eso propuso retomar la discusión sobre los protocolos para atender la protesta social, que quedaron aplazados por la aprobación del nuevo Código de Policía. A su vez, Robledo le pidió a la Procuraduría y la Fiscalía celeridad en las investigaciones que se adelantan contra miembros del Esmad por transgresión de sus facultades legales e hizo énfasis en la necesidad de que la Policía Nacional retome su espíritu de cuerpo civil en un contexto de posconflicto.