Que la corrupción en Colombia viene haciendo metástasis desde hace rato es algo que reconocen la ciudadanía y los actuales candidatos a la Presidencia de la República, que han hecho del tema uno de los prioritarios en sus agendas de campaña. Y frente a ese menú de eventuales acciones para enfrentar el flagelo, Transparencia por Colombia elaboró un análisis de sus propuestas, tomando como criterio tres reformas que considera fundamentales: transformar el sistema político y el ejercicio del poder, recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas, y romper con el clientelismo en el empleo y la contratación pública. Para esto revisó las propuestas oficiales que los cinco principales candidatos han publicado en sus sitios web, varias entrevistas y los debates en los cuales participaron durante abril, además de los compromisos que asumieron al adherir al Pacto por la Ética y la Transparencia.
Sistema político y poder
Resulta prioritario fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control al financiamiento de campañas y partidos políticos. Frente a este tema, Gustavo Petro e Iván Duque plantean implementar una financiación 100 % estatal. Humberto de la Calle propone un mayor control y regulación de los aportes. Germán Vargas Lleras habla de crear un sistema de control integral de la financiación de los partidos en donde participe la Contraloría, así como imponer sanciones penales a la financiación ilícita. Y Sergio Fajardo propone reformas en el origen de la financiación de campañas y la necesidad de reformar el sistema electoral.
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Al respecto, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia, señala que “en Colombia se requieren controles más efectivos a aportes privados, como los préstamos y donaciones de familiares de candidatos y empresas cercanas a ellos”. Sin embargo, agrega, “la alta dependencia que han tenido por años las campañas políticas de las fuentes privadas hace pensar que eliminarlas para adoptar un sistema de financiamiento totalmente público posiblemente sea contraproducente e incentive una mayor opacidad en el apoyo que las campañas reciben de particulares, e incluso de fuentes ilegales”.
Además resulta necesario resolver los problemas que ya existen hoy con el financiamiento público, como la demora en la entrega a los partidos políticos de los anticipos estatales, el ajuste de los topes de ingresos y gastos de campañas, y una mayor efectividad en la imposición de sanciones administrativas y penales ya existentes en la ley.
Otro punto que se destaca en el análisis tiene que ver con la llamada “mermelada”. Duque y De la Calle proponen transparentar la asignación de las partidas presupuestales, es decir, poner la mermelada por encima de la mesa. Petro y Fajardo le agregan presupuestos con participación ciudadana, más información, más control social y más audiencias públicas para la asignación de presupuestos. Vargas Lleras, por su lado, propone presupuestos y programas de inversión de estos recursos sin intermediación de parlamentarios ni autoridades locales.
Para Transparencia, los cupos otorgados a los congresistas se han convertido en una dinámica que promueve una relación opaca entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por lo tanto aumenta los riesgos de corrupción. “Resulta positivo que todos los candidatos se hayan comprometido a adoptar acciones para quebrar esta situación, como las contenidas en el Pacto de Ética y Transparencia. Sin embargo, es necesario evitar que algunas de las medidas de sus programas terminen concentrando aún más las decisiones en el nivel central de gobierno”, indicó Hernández.
Legitimidad de la justicia y sanciones efectivas
En los compromisos que asumen los cinco candidatos se identifican medidas para abordar la problemática de corrupción en el sistema judicial. Fajardo, Petro, Vargas Lleras y De la Calle proponen un proceso por meritocracia para la elección de jueces. De la Calle plantea además una reforma integral del Estado, de su arquitectura institucional, y priorizar un plan de descongestión en los procesos en manos de los órganos de control. Duque propone que sea el Congreso de la República quien defina la elección de los magistrados de las altas cortes, y habla de unificar las cortes en una sola.
Para Transparencia por Colombia resulta fundamental recuperar la confianza en las altas cortes y su legitimidad, así como avanzar en procesos ágiles y transparentes de investigación y sanción de hechos de corrupción por parte del sistema judicial y los órganos de control, especialmente en los territorios donde la ausencia del Estado ha sido notoria. “En particular, nos llama la atención el riesgo que generaría la concentración de poderes derivada de la propuesta de unificar las altas cortes en una sola. Esto podría afectar gravemente el sistemas de pesos y contrapesos que tanto trabajo ha costado mantener en el país, y por lo tanto la lucha contra la corrupción dentro y fuera del sistema judicial”.
Romper con el clientelismo
El menú más amplio de propuestas anticorrupción de los cinco candidatos analizados se relaciona con el control a la contratación pública. Duque plantea, entre otros puntos, ampliar la participación de más oferentes en el sistema a través de licitaciones públicas, con el apoyo de herramientas tecnológicas y concursos rápidos, así como visibilizar a los grandes contratistas. De la Calle sugiere reducir la contratación directa, incluso usarla en casos de urgencia manifiesta.
A su vez, Petro se enfoca en fortalecer el sistema Colombia Compra Eficiente, de modo que resulte atractivo a la pequeña y mediana empresa y sirva para lograr un acceso más equitativo a la contratación pública en el país. Vargas Lleras propone causales de restricción a la contratación directa y límite de presupuesto ejecutado por esta modalidad, así como un sistema de “pago contra entrega” para las grandes obras de infraestructura. Y Fajardo habla de fortalecer la contratación pública con mayor control social y a través de herramientas digitales para incrementar la transparencia.
Según el Índice de Transparencia de Entidades Públicas 2015-2016, la contratación directa representa el 74 % en el nivel nacional, 59 % para el departamental y 41 % para el municipal. En el nivel territorial, más del 50 % de las licitaciones contaban con un solo proponente. “Resulta prioritario atacar el abuso de la contratación directa y de las excepciones a la Ley de Contratación Pública. En paralelo, en Colombia se requiere un fortalecimiento del empleo público para evitar que sea objeto de intereses clientelistas y, por lo tanto, de captura del Estado”, señaló Hernández.
En cuanto al empleo público, Fajardo, Petro y De la Calle proponen establecer meritocracia y concursos para acceder a los empleos del Estado. Además, De la Calle aborda temas como regularizar el sistema de empleo público actual, desarrollar sistemas de indicadores de desempeño de los servidores públicos y acabar con la utilización de contratación por prestación de servicios para el ejercicio de funciones públicas misionales.
Por -Redacción Política
