Varias figuras de la política se pronunciaron frente a la imputación de cargos a nueve funcionarios de la Registraduría por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de Cielo Rusinque. Mientras congresistas afirmaron que se trataba de una extralimitación de funciones, la jefa de la SIC afirmó que había actuado en concordancia con la ley.
La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) afirmó que esta acción “pone en peligro las elecciones” y cuestionó que la SIC estuviera actuando sobre un órgano autónomo. Incluso, aseguró que estaban “pasando de una falta disciplinaria a un prevaricato porque ahora quieren judicializar y sancionar a los funcionarios de la Registraduría”.
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“No se puede permitir que usurpen las funciones de quien va a hacer las elecciones”, indicó.
A su vez, la cabeza de la SIC le respondió que el abuso era de aquellos que “pretenden que la Constitución y la ley no se hicieron para ellos” y subrayó que su entidad “ha obrado con estricto apego al derecho”. Añadió que esas investigaciones tenían “toda la validez”, pues “así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la comunidad jurídica del país experta en la materia”.
“Si de amenaza contra las elecciones se tratara, la impunidad y eventual corrupción, en un organismo como este, debería ser la verdadera preocupación, es decir, aquello que estamos combatiendo. De ninguna manera el ejercicio de nuestras funciones, pretende impedir que la Registraduría continúe en el ejercicio de las suyas”, dijo.
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La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) también entró en la discusión y apuntó que la Registraduría no estaría realizando ninguna actividad relacionada con la industria y el comercio. Agregó que se trataría de una interferencia por parte de entidades del Gobierno y generaba preocupación “a todas las organizaciones políticas por afectación a las garantías e imparcialidad de la Registraduría y la no intervención allí del Gobierno nacional”.
“Explíquenos por favor con cual competencia - sin que la Registraduría sea privada, industrial ni comercial- usted pretende interferir allí, sancionar y acceder al censo electoral y otros datos sensibles fuera del ámbito comercial”, finalizó.
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El secretario de Transparencia del Gobierno de Gustavo Petro, Andrés Idárraga, defendió la decisión de la SIC. A través de un trino, aseguró que “hay personas para quienes exigir transparencia en el manejo de recursos públicos y el acatamiento de la ley es ‘arrinconar’”.
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