¿Recomendaciones que obligan?

El Gobierno, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación y los ponentes de la reforma a la justicia, tras una reunión de más de cinco horas convocada por el presidente Juan Manuel Santos, acordaron ayer un listado de diez recomendaciones al Congresos de la República, entre las que figuran la supresión de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tanto en su Sala Administrativa como en su Sala Disciplinaria.

También sugieren fortalecer los mecanismos de control a los altos dignatarios del Estado, a través de juicios de responsabilidad política ante el Congreso como presupuesto para iniciar acciones penales y disciplinarias frente a conductas relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Con estas fórmulas se pretende destrabar el trámite de la iniciativa de cara a su sexto debate en la plenaria del Senado. La discusión había caído en una espiral sin salida en el que un tema clave, la eliminación del Consejo de la Judicatura, se había convertido en punto de honor para el Ejecutivo.

El lunes pasado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que el Gobierno estaba convencido con acabar una corporación ineficaz, inferior a las expectativas y que les ha dado tan malas noticias a los colombianos. Y ayer, al comienzo de la cumbre de poderes en la Casa de Nariño, una revelación del fiscal general Eduardo Montealegre en torno a una investigación por “presunta falsedad ideológica” en el interior de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura prácticamente le impuso los santos óleos.

Lo que aconteció, explicó Montealegre, “es que se habrían firmado unas actas en las que se nombran a unos magistrados auxiliares, cuando en realidad esos nombramientos no fueron acordados en Sala”. Según el fiscal, por lo menos seis magistrados de la Judicatura estarían inmersos en estas irregularidades. El hecho fue puesto en conocimiento por un “alto funcionario” de la misma entidad, argumentando que se habrían falsificado los documentos de los actos administrativos para hacer esos nombramientos.

Esguerra calificó este nuevo episodio de presunta corrupción como “sumamente grave y preocupante”, y señaló que la Fiscalía investiga el caso en cuanto a los funcionarios del nivel administrativo involucrados y que respecto a los aforados, los expedientes serían trasladados a la Comisión de Acusación. Y dictó sentencia: “Esta situación tiene una significación en los temas que están debatiéndose en la reforma, respecto del futuro del Consejo Superior de la Judicatura”.

La corporación entregó sus propias explicaciones. En un comunicado público, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, magistrado Angelino Lizcano, dijo que las investigaciones de la Fiscalía fueron conocidas en Sala Ordinaria el pasado 25 de abril y allí se ordenó adelantar la actuación disciplinaria contra los empleados que habrían incurrido en las irregularidades.

Y reveló que dentro de la información allegada se encontraron inconsistencias —“producto de la omisión secretarial en la inclusión de algunos nombres”— cuando se elaboraron y redactaron las actas de nombramientos de funcionarios seccionales: “Dichas actuaciones son objeto de una indagación disciplinaria”, reconoció, enfatizando, sin embargo, que ello corresponde a “hechos administrativos completamente ajenos a las funciones de los magistrados”.

Y vino la contraofensiva. Según Lizcano, los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura están dispuestos a aclarar lo que la Fiscalía considere pertinente, “en aras de salvaguardar la autonomía e independencia de la justicia, la cual ha venido siendo estigmatizada para desprestigiar la labor jurisdiccional que venimos cumpliendo dentro del marco de la ley”.

Patadas de ahogado, se dijo en los mentideros políticos y quedó demostrado, al menos por ahora, tras el consenso para salvar la reforma. El acuerdo plantea la creación del Consejo Nacional de Administración Judicial, que se encargará de diseñar las políticas generales de la administración de justicia y administrar autónomamente la Rama. Asimismo, se propone crear un Consejo de Disciplina Judicial, con origen en las altas cortes, que asumirá la investigación y el juzgamiento en materia disciplinaria de los magistrados de tribunal, jueces, empleados de la Rama, fiscales, auxiliares, abogados y todo aquel que ejerza función jurisdiccional.

De otro lado, se recomienda la futura creación de una Colegiatura Obligatoria de Abogados y se mantiene en la Corte Suprema tanto la investigación como el juzgamiento de los congresistas, a quienes se les garantizará la segunda instancia. El acuerdo de los poderes públicos en torno a la reforma sugiere, en su último punto, “avanzar en el trámite con la interlocución de los distintos actores”. Sin embargo, no queda claro si ello implica que las altas cortes, que se habían retirado de la discusión, volverán a ella.

El balón queda pues en terreno del Congreso, donde se da por descontado que se acogerán todas las recomendaciones planteadas. Sin embargo, el Gobierno aún no puede cantar victoria, pues ya hay quienes comienzan a ver indicios de inconstitucionalidad de un acto legislativo al que se le han colgado y quitado, a lo largo de su tránsito por el Legislativo, múltiples propuestas. La Corte Constitucional dirá la última palabra.