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Frente a posibles alianza malévolas para cobrar recompensas en conjunto, civiles y militares, con documento en mano Uribe reveló que ya hay una serie de directrices que en este sentido ha expedido el Ministerio de Defensa.
"En ningún caso podrá pagarse a ningún miembro de las Fuerzas Militares por una recompensa, y ésta misma fue mucho más de fondo, se llegó a la disposición que tampoco se pagara recompensa a ningún funcionario público", manifestó.
De esta forma el Jefe de Estado descartó cualquier tipo de alianza que se pueda estar gestando entre miembros de la Fuerza Pública y civiles para darle información clave al Gobierno sobre el paradero de varios delincuentes.
La declaración de Uribe, se dio desde la XVIII Cumbre Iberoamericana en El Salvador, en donde pidió al fiscal General, Mario Iguarán, que "reflexione" porque no conviene hacer "declaraciones ligeras" sobre la política gubernamental de recompensas para detener a quienes cometen actos delictivos.
El Fiscal general pidió de manera urgente la revisión de una directiva ministerial referida al pago de ese tipo de recompensas. “El señor fiscal tiene que hacer una reflexión. No creo que convengan esas declaraciones ligeras, tiene que entender que un procedimiento legal y legítimo como el de las recompensas no puede justificar un hecho ilegal”, declaró Uribe en la sede de la cumbre.
El primer Mandatario agregó que el fiscal “tiene que entender porque lo ha conocido como viceministro del Interior y ahora como fiscal general, que esa política de recompensas no son para los integrantes de las fuerzas armadas sino para los civiles”.
Uribe recordó que en la actualidad “hay 1.678 miembros de las fuerzas armadas presos, de los que 1.157 están en el Inpec y 521 en guarniciones militares”, y subrayó que su política de recompensas a civiles para lograr detener a criminales “es muy útil”.
El Gobierno ha tomado muchas decisiones “frente a las fuerzas armadas en un proceso para exigir mejora y eficacia”, afirmó.
Uribe también consideró “injusto, perverso, interpretar que una política de recompensas que forma parte de unas órdenes legítimas de procedimiento pueda justificarse para producir unos hechos ilegales”.
No se puede interpretar, insistió, que “esa política estimula acciones criminales en algún miembro de fuerzas armadas”.
Eso “nos afectaría mucho en algo que ha sido muy efectivo para desmontar la criminalidad. En todos estos casos importantes, hemos pagado recompensas, y seguimos pagando recompensas que ayuden a desmontar la criminalidad”, dijo Uribe.
Preguntado cómo evitar alianzas entre civiles y militares para cobrar recompensas y repartírselas, Uribe declaró que “eso es criminal, eso es perverso”.
El gobernante colombiano alegó que su gobierno tuvo que acordar el pago de dinero para recibir información que lleve a detener a delincuentes debido a “una criminalidad tan crecida que encontramos en Colombia y que combatimos”.
Por Agencia EFE
