:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/Y9Qf8tCOYwO7S0CxQjNbyIp-i4c=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/E2V4B4FDSVGNFN4X3Z32BAKPZE.png)
Un congresista colombiano recibe cada mes $31’331.823, es decir, 40 veces lo que obtiene, aproximadamente, el 14 % de los trabajadores formales del país que ganan un salario mínimo, según datos cruzados entre el Ministerio de Trabajo y el DANE. “Es el servidor público que más plata gasta”, argumentaría Ernesto Macías, presidente de la corporación legislativa, defendiendo su sueldo. Sin embargo, lo cierto es que, comparando dicho ingreso con el promedio en Colombia, la brecha resulta cuestionable para la gran mayoría de ciudadanos, quienes, finalmente, son los que financian al Estado a través de sus impuestos.
Representando esta inconformidad y planteando que con la reducción del sueldo de los congresistas se liberarían recursos significativamente, el primer punto de la consulta anticorrupción propone lo que a muchos se les ha pasado por la mente y han dado por imposible: bajarles el salario a los legisladores de la República y a altos funcionarios del Estado.
Le puede interesar: PODCAST: lo que busca la Consulta Anticorrupción, explicado punto por punto
De utópica, improbable, populista, justa y favorable ha sido calificada esta propuesta, que tiene más de equitativa que de anticorrupción, como la ha presentado una de las promotoras del mecanismo de participación ciudadana, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano. “Este proyecto es más de equidad, porque es absurdo que, en un país tan desigual como el nuestro, tengamos un salario de 40 SMLMV. Hoy ganamos más nosotros que un congresista alemán y holandés, en un país en el que la gente vive con menos de un mínimo. Eso nos desconecta de la realidad”, le dijo a El Espectador.
Y la brecha a la que apunta a disminuir este primer mandato de la consulta no sólo existe entre los que están por dentro y por fuera del Capitolio. También se ve reflejada entre los altos funcionarios del Estado.
Por ejemplo, explicó a este medio la exsenadora y excandidata presidencial Claudia López, también impulsora de la iniciativa, dentro de los mismos sueldos de altos funcionarios “hay una enorme disparidad”. “Aquí los congresistas se ganan $32 millones; los ministros, $17 millones; un general de la República, que ha puesto el pecho durante toda su vida para defendernos de la guerrilla y los criminales, se gana $15 millones. Eso no tiene sentido. Lo que hará la consulta será igualarlos a todos, poner un tope para esos 395 funcionarios de la cúpula (ministros, congresistas, magistrados de altas cortes y generales) de 25 SMLMV, que son casi $20 millones. Eso va a liberar $213 millones al año, con lo que se les podría pagar mejor a los de abajo”, señaló.
Pero, a pesar de las intenciones detrás de este mandato, a su alrededor se han tejido mitos que lo tildan de perjudicial para el país. Por ejemplo, en redes sociales ha circulado una noticia falsa que asegura que el mismo porcentaje que se reduciría la remuneración mensual de los miembros del Congreso y altos cargos del Estado, se vería reflejado en igual proporción en el resto de los funcionarios públicos y empleados del país, disminuyendo, incluso, el salario mínimo establecido.
O hay quienes previenen con cierto pesimismo que esta medida llevaría a los miembros del Legislativo a optar por actos corruptos bajo cuerda, acostumbrados a tener en sus bolsillos más dinero del que la consulta propone fijar. “Aceptar esa premisa sería como pensar que todos los que ganan menos que un congresista están obligados a ser corruptos. Las personas que deciden cometer delitos lo hacen independiente de su ingreso. Familias millonarias que nacen en cuna de oro roban. Así que esa asociación no es real. Siguen siendo $20 millones más que suficientes, por ejemplo, para muchos empresarios”, advirtió Lozano.
Es más, el mandato, de ser aprobado por más de la mitad de los 12,2 millones de colombianos que deben acudir a las urnas para que los resultados de la consulta sean válidos, eventualmente puede beneficiar, indirectamente, a los empleados colombianos. ¿Cómo? Al determinar legalmente que los legisladores, que representan el tope salarial, pueden ganar, como máximo, 25 SMLMV, si estos decidieran aumentar su sueldo vía Congreso, el único camino para hacerlo sería incrementando, de forma general, el salario mínimo para toda la gente.
Le puede interesar: Corrupción en Colombia: ¿Qué es lo que controla el Contralor?
“Si nos va a ir bien en la vida, ¡pues que nos vaya bien a todos! Los congresistas no se ponen su salario en SMLMV, sino en pesos. Y cada año se lo van incrementando. Aquí lo que hacemos es poner un tope máximo y, si los altos funcionarios del Estado quieren ganar más, van a tener que subir el mínimo, que aplica para todos los colombianos”, indicó López.
El cumplimiento del mandato “equitativo”, como lo llaman los promotores de la consulta, quedará en las manos de los ciudadanos el próximo 26 de agosto, quienes decidirán darle un sí o un no a lo que entre conversaciones cotidianas se sueñan los trabajadores promedio del país.
Todo lo que debe saber sobre la consulta anticorrupción