Referendo sobre adopción igualitaria es inconstitucional: Gobierno

A pesar de que en el Congreso avanza el proyecto de referendo liderado por la senadora liberal, Viviane Morales, para que sean los colombianos los que decidan si parejas del mismo sexo pueden adoptar, el Gobierno ya anunció su postura. En una dura carta enviada este miércoles a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes –a donde llegará el debate el próximo martes- el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó de inconstitucional e incoveniente dicho proyecto, anticipando que se opone a una eventual convocatoria a las urnas.

Según el concepto entreado al legislador, Telésforo Pedraza, presidente de dicha célula legislativa, “la propuesta resulta inconstitucional e inconveniente porque se pretende emplear un mecanismo de participación ciudadana para incorporar un texto que desconoce derechos fundamentales de personas cuyas condiciones y situación se encuentran protegidas por la Constitución”. A su vez, explica que de avalarse tal iniciativa, no sólo dejaría por fuera la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten, sino que también se verían afectadas personas solteras, divorciadas y “toda configuración familiar que no encaje en el concepto de familia formado por hombre, mujer e hijos”, añade Cristo en la misiva.

Además, el Gobierno citó una sentencia de la Corte Constitucional –tribunal que, dicho sea de paso, avaló la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo- en la que se indica que, bajo ningún concepto la Constitución Política permite en una sociedad plural, un concepto único y excluyente de familia. De hecho, otro de los argumentos usados por el ministro Cristo en la carta tiene que ver con que no se puede dejar en manos de las mayorías decisiones sobre derechos fundamentales de las minorías. Así, explica que “no puede someterse al voto de la mayoría la decisión de restringir o limitar un elemento esencial de un derecho fundamental”.

Por eso, la conclusión del Ejecutivo ratificada este miércoles ante el Congreso es que el proyecto aleja al país de uno de los principios fundamentales, consagrados en la Carta Política de 1991, referente al pluralismo, al pretender la senadora Morales, según el concepto, negarle el derecho de adoptar a grupos tradicionalmente discriminados. “El mecanismo de participación propuesto no se realiza para consultar una dimensión colectiva de un derecho. Todo lo contrario: es abiertamente inconstitucional e inconveniente en la medida en que pretende disponer de elementos esenciales de un mecanismo de concreción de derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional”, añade el documento.

La alerta del Gobierno, en todo caso, fue la de advertir al Congreso que si da vía libre al proyecto de referendo que ya ha tenido éxito en dos debates en el Senado, se constituirá un precedente peligroso para la democracia y, concretamente, para los menores susceptibles de ser adoptados. “En definitiva, constituye un fraude a los principios democráticos de igualdad, libertad y respeto en los que descansan los pilares del Estado colombiano. Se abriría una peligrosa puerta hacia el futuro para que, utilizando cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución, se afecte el reconocimiento de los derechos que históricamente fueron alcanzando las minorías en Colombia”.

La voz de protesta del Gobierno, de momento, no ha tenido una respuesta por parte de la senadora Viviane Morales quien, en cambio sí, ha cuestionado al Ministerio de Hacienda por criticar los elevados costos que tendría dicho referendo en caso de ser convocado. “Argumentos fiscales que no caben cuando se trata del ejercicio de un derecho fundamental”, según dijo la congresista en un video difundido por las redes sociales.

Si el proyecto de referendo es aprobado en último debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes tendrá que someterse a revisión de la Corte Constitucional donde, eso sí, se anticipan pulzos políticos dados los recientes nombramientos de dos nuevos magistrados al interior del alto tribunal: Cristina Pardo, afín al Gobierno Santos y Carlos Bernal, apoyado por el uribismo.

A pesar de que en el Congreso avanza el proyecto de referendo liderado por la senadora liberal, Viviane Morales, para que sean los colombianos los que decidan si parejas del mismo sexo pueden adoptar, el Gobierno ya anunció su postura. En una dura carta enviada este miércoles a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes –a donde llegará el debate el próximo martes- el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó de inconstitucional e incoveniente dicho proyecto, anticipando que se opone a una eventual convocatoria a las urnas.

Según el concepto entreado al legislador, Telésforo Pedraza, presidente de dicha célula legislativa, “la propuesta resulta inconstitucional e inconveniente porque se pretende emplear un mecanismo de participación ciudadana para incorporar un texto que desconoce derechos fundamentales de personas cuyas condiciones y situación se encuentran protegidas por la Constitución”. A su vez, explica que de avalarse tal iniciativa, no sólo dejaría por fuera la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten, sino que también se verían afectadas personas solteras, divorciadas y “toda configuración familiar que no encaje en el concepto de familia formado por hombre, mujer e hijos”, añade Cristo en la misiva.

Además, el Gobierno citó una sentencia de la Corte Constitucional –tribunal que, dicho sea de paso, avaló la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo- en la que se indica que, bajo ningún concepto la Constitución Política permite en una sociedad plural, un concepto único y excluyente de familia. De hecho, otro de los argumentos usados por el ministro Cristo en la carta tiene que ver con que no se puede dejar en manos de las mayorías decisiones sobre derechos fundamentales de las minorías. Así, explica que “no puede someterse al voto de la mayoría la decisión de restringir o limitar un elemento esencial de un derecho fundamental”.

Por eso, la conclusión del Ejecutivo ratificada este miércoles ante el Congreso es que el proyecto aleja al país de uno de los principios fundamentales, consagrados en la Carta Política de 1991, referente al pluralismo, al pretender la senadora Morales, según el concepto, negarle el derecho de adoptar a grupos tradicionalmente discriminados. “El mecanismo de participación propuesto no se realiza para consultar una dimensión colectiva de un derecho. Todo lo contrario: es abiertamente inconstitucional e inconveniente en la medida en que pretende disponer de elementos esenciales de un mecanismo de concreción de derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional”, añade el documento.

La alerta del Gobierno, en todo caso, fue la de advertir al Congreso que si da vía libre al proyecto de referendo que ya ha tenido éxito en dos debates en el Senado, se constituirá un precedente peligroso para la democracia y, concretamente, para los menores susceptibles de ser adoptados. “En definitiva, constituye un fraude a los principios democráticos de igualdad, libertad y respeto en los que descansan los pilares del Estado colombiano. Se abriría una peligrosa puerta hacia el futuro para que, utilizando cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución, se afecte el reconocimiento de los derechos que históricamente fueron alcanzando las minorías en Colombia”.

La voz de protesta del Gobierno, de momento, no ha tenido una respuesta por parte de la senadora Viviane Morales quien, en cambio sí, ha cuestionado al Ministerio de Hacienda por criticar los elevados costos que tendría dicho referendo en caso de ser convocado. “Argumentos fiscales que no caben cuando se trata del ejercicio de un derecho fundamental”, según dijo la congresista en un video difundido por las redes sociales.

Si el proyecto de referendo es aprobado en último debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes tendrá que someterse a revisión de la Corte Constitucional donde, eso sí, se anticipan pulzos políticos dados los recientes nombramientos de dos nuevos magistrados al interior del alto tribunal: Cristina Pardo, afín al Gobierno Santos y Carlos Bernal, apoyado por el uribismo.