Reforma a la justicia: todos ganan

A la polémica reforma a la Rama Jurisdiccional sólo le falta un debate para ser aprobada en el Congreso de la República. Una modificación de fondo a la Constitución de 1991, criticada por diferentes sectores que hasta se han atrevido a calificar el acto legislativo como un cruce de favores en el que Gobierno, legisladores y altas cortes tratan de sacar su tajada del pastel, mientras que para las personas del común y corriente poco o nada cambiará.

La próxima semana la plenaria de la Cámara de Representantes dirá la última palabra sobre el proyecto y salvo algún contratiempo de última hora —poco probable— el gobierno Santos logrará hacer lo que otros no pudieron en los últimos 20 años, por lo menos. El punto de partida, según la Casa de Nariño, siempre fue buscar una justicia pronta y equitativa. Sólo que con el paso de los debates se convirtió en una colcha de retazos con tinte de reforma política.

Transformar la justicia en Colombia es una tarea titánica. Quienes la manejan no están dispuestos a perder los beneficios que tienen. El Ejecutivo jala para su lado y los parlamentarios aparecen ante el país legislando en causa propia, buscando doble instancia o hacer más difícil los procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, así una reforma de 2009 los habilite para ello.

Mientras tanto, los procesos en los juzgados se siguen acumulando, los jueces de lejanos municipios en la geografía nacional tienen que sacar de su sueldo para fotocopiar un expediente, le dan más años de cárcel al que se roba un pan para comer que a quienes desangran al Estado con triquiñuelas de coctel, los bandidos salen libres y reciben rebajas de penas, y en todo este zaperoco los únicos que pagan los platos rotos son los ciudadanos que sólo pueden tomar fuerza para repetir la tan mentada frase de que “la justicia es para los de ruana”.

La iniciativa está ad portas de convertirse en enmienda constitucional, pese a crisis de credibilidad que en algún momento enfrentó ante las mismas cortes. La tesis de la componenda política se mantiene vigente cuando se resaltan los principales elementos incluidos en el texto. Un texto que parece ser un juego de perinola, en el que la única cara que se ve es la de ‘todos ganan’ y la que pierde o al menos poco gana es la ciudadanía.

Lo que los congresistas ganarían

Pérdida de investidura

En los procesos que se adelantaban en el Consejo de Estado contra los legisladores sólo existía una sanción: la pérdida de investidura. En el artículo 7º de la reforma a la justicia se incluyó el principio de proporcionalidad y la consideración de si se actuó con dolo o culpa. De este modo, la sanción podrá ser la suspensión temporal del cargo, que no sería mayor a un año.

Costos de los procesos

Una de las quejas de los congresistas era que las denuncias en su contra les generaba altos costos para su defensa. Con ese argumento se incluyó en el articulado un inciso que plantea que “quienes presenten demandas de suspensión o pérdida de investidura infundadas o temerarias, serán condenados a pagar los costos del proceso”. De este modo, se desestimulan las denuncias contra legisladores.

Doble instancia

Esta ha sido la principal petición de los congresistas. Aunque aún no hay un acuerdo definitivo, lo aprobado en séptimo debate plantea que serán juzgados en primera instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en segunda instancia, por la Sala Plena del mismo tribunal, con la participación de tres magistrados de cada sala: Penal, Civil y Laboral.

Blindaje ante la Procuraduría

El procurador general de la Nación, que ha destituido a más de 15 congresistas, perdería la facultad de sancionarlos disciplinariamente y, para el caso de investigaciones de ese tipo, se creará un tribunal alterno en el ente de control. Sin embargo, las decisiones no dependerán del procurador. Y habrá también doble instancia.

Detención de parlamentarios

Durante los procesos que se han adelantado contra congresistas por sus presuntos vínculos con paramilitares, el país vio cómo fueron capturados varios de ellos tras la apertura de investigación. Ahora se establece que sólo podrán ser capturados cuando haya resolución de acusación.

Lo que ganaría el Gobierno

Consejo Superior de la Judicatura no va más

La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura se había convertido en un punto de honor para el Gobierno. Aunque en el Congreso no había ambiente para tomar esta decisión, el planteamiento de que de no ser eliminado generaría el retiro del apoyo a la reforma por parte del Ejecutivo generó un cambio de opinión. Será reemplazado por el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, compuesto por la Sala de Gobierno y la Sala Ejecutiva de Administración Judicial.

El trofeo del Gobierno

En los temas referentes a la descongestión judicial, se asignarán funciones jurisdiccionales a notarios, abogados y otros funcionarios de la rama. Un punto que generaba resistencia en las altas cortes.

Eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara

La eliminación de esta polémica comisión era otro de los inamovibles que el Ejecutivo logró sacar adelante. Será reemplazada por una Comisión de Aforados Constitucionales, que estará bajo el poder de la misma Cámara de Representantes y tendrá que sustentar si se amerita o no adelantar un juicio político en el Senado. Hay quienes lo ven como un simple cambio de nombre.

Lo que ganarían las cortes

Juicio contra magistrados

Si antes era casi imposible que una investigación contra magistrados de altas cortes prosperara, de ser aprobado el proyecto esto va a resultar aún más complejo. Al retirarle las funciones jurisdiccionales al Congreso de la República, los procesos serán simplemente juicios políticos, la primera instancia a una investigación penal que se tendrá que llevar a cabo en la Corte Suprema de Justicia.

Más presupuesto

Una de los principales requerimientos de las cortes fue el aumento de presupuesto para el funcionamiento de la rama. El ministro de Hacienda aprobó ese aumento con la siguiente fórmula: durante los seis años fiscales siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo, el Gobierno entregará $2 billones adicionales a su presupuesto ordinario. Además, durante diez años el aumento en el Presupuesto General de la Nación será de 2% por encima del Índice de Precios al Consumidor.

Aumento de período y edad de retiro para magistrados

Tal como se había planteado, el período de los magistrados aumentó de 8 a 12 años y la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. La medida incluirá a los actuales magistrados de las altas cortes.

Corte Suprema de Justicia, el supertribunal

De acuerdo con el texto que va para debate final, la Corte Suprema de Justicia será el último tribunal de casación y será el encargado de investigar y juzgar —a excepción del presidente, el vicepresidente, el fiscal general y los magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado— a todos los altos funcionarios: congresistas, procurador, contralor, registrador nacional, ministros del despacho, defensor del Pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, miembros de la Sala de Gobierno Judicial, embajadores, gobernadores, magistrados de tribunales regionales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública.

A la polémica reforma a la Rama Jurisdiccional sólo le falta un debate para ser aprobada en el Congreso de la República. Una modificación de fondo a la Constitución de 1991, criticada por diferentes sectores que hasta se han atrevido a calificar el acto legislativo como un cruce de favores en el que Gobierno, legisladores y altas cortes tratan de sacar su tajada del pastel, mientras que para las personas del común y corriente poco o nada cambiará.

La próxima semana la plenaria de la Cámara de Representantes dirá la última palabra sobre el proyecto y salvo algún contratiempo de última hora —poco probable— el gobierno Santos logrará hacer lo que otros no pudieron en los últimos 20 años, por lo menos. El punto de partida, según la Casa de Nariño, siempre fue buscar una justicia pronta y equitativa. Sólo que con el paso de los debates se convirtió en una colcha de retazos con tinte de reforma política.

Transformar la justicia en Colombia es una tarea titánica. Quienes la manejan no están dispuestos a perder los beneficios que tienen. El Ejecutivo jala para su lado y los parlamentarios aparecen ante el país legislando en causa propia, buscando doble instancia o hacer más difícil los procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, así una reforma de 2009 los habilite para ello.

Mientras tanto, los procesos en los juzgados se siguen acumulando, los jueces de lejanos municipios en la geografía nacional tienen que sacar de su sueldo para fotocopiar un expediente, le dan más años de cárcel al que se roba un pan para comer que a quienes desangran al Estado con triquiñuelas de coctel, los bandidos salen libres y reciben rebajas de penas, y en todo este zaperoco los únicos que pagan los platos rotos son los ciudadanos que sólo pueden tomar fuerza para repetir la tan mentada frase de que “la justicia es para los de ruana”.

La iniciativa está ad portas de convertirse en enmienda constitucional, pese a crisis de credibilidad que en algún momento enfrentó ante las mismas cortes. La tesis de la componenda política se mantiene vigente cuando se resaltan los principales elementos incluidos en el texto. Un texto que parece ser un juego de perinola, en el que la única cara que se ve es la de ‘todos ganan’ y la que pierde o al menos poco gana es la ciudadanía.

Lo que los congresistas ganarían

Pérdida de investidura

En los procesos que se adelantaban en el Consejo de Estado contra los legisladores sólo existía una sanción: la pérdida de investidura. En el artículo 7º de la reforma a la justicia se incluyó el principio de proporcionalidad y la consideración de si se actuó con dolo o culpa. De este modo, la sanción podrá ser la suspensión temporal del cargo, que no sería mayor a un año.

Costos de los procesos

Una de las quejas de los congresistas era que las denuncias en su contra les generaba altos costos para su defensa. Con ese argumento se incluyó en el articulado un inciso que plantea que “quienes presenten demandas de suspensión o pérdida de investidura infundadas o temerarias, serán condenados a pagar los costos del proceso”. De este modo, se desestimulan las denuncias contra legisladores.

Doble instancia

Esta ha sido la principal petición de los congresistas. Aunque aún no hay un acuerdo definitivo, lo aprobado en séptimo debate plantea que serán juzgados en primera instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en segunda instancia, por la Sala Plena del mismo tribunal, con la participación de tres magistrados de cada sala: Penal, Civil y Laboral.

Blindaje ante la Procuraduría

El procurador general de la Nación, que ha destituido a más de 15 congresistas, perdería la facultad de sancionarlos disciplinariamente y, para el caso de investigaciones de ese tipo, se creará un tribunal alterno en el ente de control. Sin embargo, las decisiones no dependerán del procurador. Y habrá también doble instancia.

Detención de parlamentarios

Durante los procesos que se han adelantado contra congresistas por sus presuntos vínculos con paramilitares, el país vio cómo fueron capturados varios de ellos tras la apertura de investigación. Ahora se establece que sólo podrán ser capturados cuando haya resolución de acusación.

Lo que ganaría el Gobierno

Consejo Superior de la Judicatura no va más

La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura se había convertido en un punto de honor para el Gobierno. Aunque en el Congreso no había ambiente para tomar esta decisión, el planteamiento de que de no ser eliminado generaría el retiro del apoyo a la reforma por parte del Ejecutivo generó un cambio de opinión. Será reemplazado por el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, compuesto por la Sala de Gobierno y la Sala Ejecutiva de Administración Judicial.

El trofeo del Gobierno

En los temas referentes a la descongestión judicial, se asignarán funciones jurisdiccionales a notarios, abogados y otros funcionarios de la rama. Un punto que generaba resistencia en las altas cortes.

Eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara

La eliminación de esta polémica comisión era otro de los inamovibles que el Ejecutivo logró sacar adelante. Será reemplazada por una Comisión de Aforados Constitucionales, que estará bajo el poder de la misma Cámara de Representantes y tendrá que sustentar si se amerita o no adelantar un juicio político en el Senado. Hay quienes lo ven como un simple cambio de nombre.

Lo que ganarían las cortes

Juicio contra magistrados

Si antes era casi imposible que una investigación contra magistrados de altas cortes prosperara, de ser aprobado el proyecto esto va a resultar aún más complejo. Al retirarle las funciones jurisdiccionales al Congreso de la República, los procesos serán simplemente juicios políticos, la primera instancia a una investigación penal que se tendrá que llevar a cabo en la Corte Suprema de Justicia.

Más presupuesto

Una de los principales requerimientos de las cortes fue el aumento de presupuesto para el funcionamiento de la rama. El ministro de Hacienda aprobó ese aumento con la siguiente fórmula: durante los seis años fiscales siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo, el Gobierno entregará $2 billones adicionales a su presupuesto ordinario. Además, durante diez años el aumento en el Presupuesto General de la Nación será de 2% por encima del Índice de Precios al Consumidor.

Aumento de período y edad de retiro para magistrados

Tal como se había planteado, el período de los magistrados aumentó de 8 a 12 años y la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. La medida incluirá a los actuales magistrados de las altas cortes.

Corte Suprema de Justicia, el supertribunal

De acuerdo con el texto que va para debate final, la Corte Suprema de Justicia será el último tribunal de casación y será el encargado de investigar y juzgar —a excepción del presidente, el vicepresidente, el fiscal general y los magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado— a todos los altos funcionarios: congresistas, procurador, contralor, registrador nacional, ministros del despacho, defensor del Pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, miembros de la Sala de Gobierno Judicial, embajadores, gobernadores, magistrados de tribunales regionales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública.