“El Clan del Golfo mantiene control y hegemonía de bienes del Estado”: Felipe Harman

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, habló con El Espectador sobre las metas de la reforma agraria del presidente Gustavo Petro, el impacto de la ola de violencia en esos procesos y las investigaciones que adelante la entidad para quitarles baldíos a empresarios y fichas cercanas a congresistas. También respondió a los cuestionamientos por la contratación bajo su administración y los resultados de la conmoción en el Catatumbo.

Director, el presidente reconoció que el Gobierno no podrá cumplir la meta de la reforma agraria, entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos, ¿cuál es la situación actual? Hay mucha confusión con los datos.

Es clave comprender que ese compromiso está enmarcado en la implementación del Acuerdo de Paz. ¿De dónde sale la tierra? De los procesos agrarios relacionados con recuperación de bienes baldíos, la delimitación de ciénagas y playones y las extinciones de dominio y demás; por esa vía van 181.000 hectáreas. Otra fuente es la de las compras, para comunidades indígenas y comunidades negras, que suman cerca de 350.000 hectáreas. A esto se suman los bienes que se recuperan de la mafia y los del Fondo de Reparación, con lo cual hemos llegado a 570.000 hectáreas. Queremos llegar este año a las 750.000 y terminar el Gobierno con 1 millón de hectáreas, ratificando no solamente la implementación, sino mejorando la calidad de vida de los campesinos.

¿Y qué faltó para lograr la meta, cuándo sería una realidad?

Creo que necesitamos mayores herramientas jurídicas para la implementación de la reforma agraria; no podemos simplemente depender de las compras, el debate de la jurisdicción agraria es fundamental para aclarar la ruta de implementación de este tipo de políticas. Más allá del rezago de los demás gobiernos, Iván Duque compró solo 32.000 hectáreas, el reto sustancial es que se adopte la reforma agraria como una política de Estado que asegure la continuidad.

El otro cuestionamiento es que aún toda esa tierra no es de los campesinos, faltan muchos títulos.

Ahí hay varias confusiones, hay una desinformación profunda y muchos pescan en río revuelto. La Agencia compra tierra, entonces hay seguridad jurídica de que la tierra es del Estado. Desde que la Agencia compra la tierra hasta que se le entrega el título definitivo al campesino, hay un proceso natural de saneamiento y hay que definir con la organización campesina el modelo de parcelación. Ese tránsito entre el ingreso de una finca al Fondo de Tierras y la entrega del título final suma alrededor de 4 o 5 meses. Las entregas que hemos hecho no están en veremos o pegadas con babas, como dicen algunos sectores de la oposición e incluso de la opinión pública.

El presidente les pidió a los grandes propietarios ayudar a implementar la reforma y vender sus tierras, ¿respondieron a ese llamado? ¿Qué les han vendido?

Nos han ofrecido 2.500.000 hectáreas, de las que 1.500.000 son presuntos baldíos, por eso han limitado las decisiones asociadas a la jurisdicción agraria, porque el latifundio no está saneado jurídicamente. Por ejemplo, un tipo tenía 500 hectáreas en propiedad privada, pero aparece con 800, puede ser que no tiene los papeles o corrió la cerca, ahí debería entrar la jurisdicción agraria, pero como le decimos que hay 500 que se pueden comprar y 300 que no, el tipo nos dice que vende todo o nada, entonces nos limita. Para llegar a la cifra de 350.000 hectáreas compradas tuvimos que ofertar y trabajar 1 millón de hectáreas.

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¿Es decir que solo les han ofrecido baldíos y tierra que no es productiva?

Total, incluso tierra inundable o en la altillanura, que tiene baja capacidad de producción; en ese contexto, no podemos avanzar sustancialmente en los trámites de compra. Creo que lo que ocurre es típico del mercado de tierras, es un vacío que debemos resolver, por eso la jurisdicción agraria es una necesidad imperante, para resolver jurídicamente la posesión de estas tierras; que se sanee y se ratifique como propiedad privada o que se ratifique su naturaleza de baldío y se recupere por el Estado.

En ese punto salta a la expropiación, ¿qué tanto se ha utilizado en esta administración? ¿Están buscando herramientas para darle fuerza a ese mecanismo?

Las únicas fincas que han tenido acto administrativo de utilidad pública son las de la Sociedad de Activos Especiales y las del Fondo de Reparación. En el primer caso, son fincas que se le han quitado a la mafia, y en el segundo, bienes entregados por actores armados para reparar a las víctimas. En cuanto al carácter privado, hemos avanzado en dos o tres solicitudes concretas, como en el Catatumbo, para resolver problemas de firmantes. La regla general es la venta voluntaria.

Denunció recientemente que los grupos armados amedrentan a sus funcionarios y aliados, ¿eso pone en riesgo la reforma agraria?

Hemos encontrado que definitivamente la tierra sigue siendo piedra angular de la guerra en Colombia. El hecho mismo de que queramos recuperar los bienes de la Sociedad de Activos Especiales nos ha permitido constatar que mucha tierra sigue en manos de actores criminales, las defienden a sangre y fuego y a la Agencia Nacional de Tierra le toca liderar esos ejercicios de desalojo.

Nos han sacado equipos técnicos, particularmente del municipio de Puerto Boyacá y han amenazado a algunos actores que trabajan para la Agencia en el Bajo Cauca. Ante estos factores, hemos solicitado un acompañamiento más cercano del Ministerio de Defensa y la Policía para que podamos, de una manera más robusta, recuperar las tierras del Estado.

Dijeron que este gobierno iba a expropiar a todo el mundo y nos dimos cuenta que los bienes del estado venían siendo despojados por los mismos actores criminales. Encontramos todos los bienes ocupados por actores irregulares. Vamos a seguir con los operativos, ratificamos la voluntad de recuperar esas tierras y de ponerlas a disposición de los campesinos.

Pero, le insisto, ¿la situación de seguridad puso en riesgo la reforma agraria?

Sin duda alguna, es evidente que el “plan pistola” del Clan Golfo es una clara advertencia de que hay una mayor situación de riesgo para la reforma agraria en varios de sus núcleos. Esperamos que, en esa medida, no solamente nos integremos como Estado para resolver este asunto, sino también para brindar todo el acompañamiento posterior a las organizaciones campesinas para mantener esas fincas en las manos correctas.

¿El Clan del Golfo controla tierras públicas? ¿Pasa lo mismo con el ELN y las disidencias?

Hemos mapeado muy bien lo que está ocurriendo con los bienes en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca y en Córdoba, y es evidente que esas estructuras del Clan mantienen control y hegemonía absoluta frente a los bienes del Estado. Cada bien implica un desalojo y nos hemos encontrado con un sinnúmero de dificultades propias de este ejercicio, pero ratificamos que el Estado es el que ha sido despojado y esas tierras son para la reparación de las víctimas. Vamos a seguir con la recuperación, pero sí alertamos a la opinión pública que hay muchísimo control territorial sobre esos bienes por parte de los actores criminales.

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También ha denunciado que hay una apropiación de tierras por parte de empresarios y cercanos a congresistas como Carlos Cuenca (Cambio Radical) y Paloma Valencia (Centro Democrático). ¿En qué van esas investigaciones?

Son casos de recuperación de bienes baldíos en El Vichada. En el caso del representante Cuenca, es un baldío muy importante, él incluso se ha declarado impedido para los temas del sector de agricultura. Él tiene una finca que es una tierra baldía del Estado. Y en el caso de los Laserna, que son primos de la senadora Paloma Valencia, también tienen un baldío de alrededor de 6.000 hectáreas. Hemos dispuesto todo lo necesario para recuperar esa tierra y ponerla a disposición de los campesinos.

Hay un cuestionamiento a la contratación en su entidad, informes hablan de que es la que tiene más contratos de prestación de servicios, cerca de 10.000. ¿Por qué tantos?

No son 10.000, son cerca de 7.000, pero evidentemente hemos crecido sustancialmente. Ese crecimiento se explica de una forma absolutamente básica: pasamos de siete a 30 sedes. Había un campesino, por ejemplo, que del Guaviare tenía que trasladarse hasta Villavicencio para que lo atendiera la agencia. Un campesino del Chocó tenía que ir hasta Medellín para solicitar la titulación de su parcela. Un campesino de Boyacá tenía que ir hasta Bogotá, entonces avanzamos en abrir misionales en distintos lugares, pero también en esquemas de formalización, que no tiene nada que ver con la compra. Hoy podemos decir que, gracias a ese equipo de talento humano, hemos formalizado 1.500.000 hectáreas, casi 500.000 más que el anterior gobierno, en solo dos años de gestión; tenemos la posibilidad de avanzar sustancialmente en una meta que es de 7 millones de hectáreas. Queremos honrar el acuerdo de paz y para eso necesitamos gente.

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Pero también hay indicios de que una parte de esa contratación ha beneficiado a cuotas políticas, cercanos a usted o a figuras como Daniel Quintero o Carlos Caicedo.

En la Agencia Nacional de Tierras estamos convencidos de la reforma agraria y no es pecado ni secreto que necesitamos gente comprometida con esa idea, con la idea de la redistribución de la tierra, gente con experiencia en trabajar con el movimiento campesino y pues evidentemente afín a las dinámicas y a las identidades que impulsa este gobierno; no lo escondemos que digan que son cuotas de X o Y personaje, pues es falso.

Esta semana, en medio de las marchas por la consulta popular, la minga indígena le hizo varios reclamos a entidades como la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras. ¿No les han cumplido los compromisos a las comunidades indígenas o cuál es el reclamo?

Estamos en una compra efectiva de alrededor de 96.000 hectáreas, muy superior a lo hecho por distintos gobiernos, para comunidades indígenas, pero también en materia de constitución y ampliación de resguardos hemos avanzado sustancialmente. Con la minga revisamos nuestra agenda común, las apuestas a futuro. Es evidente que hay un rezago y es evidente que este gobierno no va a alcanzar a cumplir las expectativas, por eso hemos insistido en la necesidad de la continuidad de la política pública de reforma agraria.

¿Y qué han hecho, en materia de tierras, en el Catatumbo, en el marco de la conmoción?

Tenemos excelentes noticias para el país, el estado de conmoción, que fue duramente criticado por parte de distintos sectores, nos ha permitido avanzar sustancialmente en deudas históricas. Vamos a entregar 400 títulos, 400 autos de inicio para título, una resolución de protección territorial de 32.000 hectáreas para el pueblo Barí y la zona de reserva campesina Paz y Unión Campesina del Catatumbo, dos fincas para firmantes desplazados y una finca para mujeres víctimas de la guerra. Son resultados concretos y tangibles que van a mejorar la calidad de vida de la gente y es una gran oportunidad para que los campesinos se comprometan con la transformación productiva del Catatumbo.

Eso tiene que ver con el tema de la sustitución, ¿cómo van a hacer para que esas tierras queden libres de hoja de coca?

Diseñamos un decreto presidencial, en el marco de la conmoción, que establece un periodo de gracia en el que el título queda en firme a partir de la transformación productiva. Un campesino que ha durado 30 años peleando por la posibilidad de ser dueño de su parcela, no la va a poner en riesgo por seguir en la dinámica de la economía ilícita; o sea, la formalización puede ser una alternativa seria frente a los temas de sustitución de cultivos.

¿Qué pasó con la compra por parte de la Agencia de una parte de la finca el Ubérrimo, del expresidente Álvaro Uribe?

Vamos avanzando en el proceso, ya tenemos todas las ofertas listas, estamos esperando detalles para lanzar la última oferta, pero la intención institucional se mantiene en la compra efectiva de parte del Ubérrimo para entregárselo a campesinos sin tierra.

¿Y está jugado con la consulta popular? ¿La estructura de su entidad también buscará sumar apoyos en las urnas?

Así es, el movimiento campesino ha generado expectativas con su capacidad de movilización, hoy hay 450 comités de reforma agraria en 450 municipios de Colombia. Bajo esa consideración estamos abiertos a que realmente se discutan las transformaciones que requiere este país.

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