Reforma al CNE: la discusión que no fue

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Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

“La reforma política tiene dos brazos: la reforma contra el clientelismo corrupto —lista cerrada paritaria con financiación estatal segura y equitativa— y la reforma al origen del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya radicada por Humberto de la Calle y otros”. De estas palabras, dichas por Roy Barreras, presidente del Congreso, en una entrevista con W Radio, queda muy poco. La primera, que ya se tramita en el Capitolio, ha cambiado de forma rotunda, de tal manera que las listas cerradas solo serán por dos períodos y la financiación estatal de las campañas fue desplazada nuevamente por un sistema mixto y la iniciativa que modificaba al CNE se hundió esta semana, sin que se haya visto en algún momento el apoyo que le iban a dar el Ejecutivo y su coalición.

En las dos sesiones que se destinaron a estudiar la reforma al CNE y a la Registraduría nunca apareció el ministro del Interior, Alfonso Prada ni su viceministro. El hecho llamó la atención y hasta fue reclamado por la propia bancada del Pacto Histórico. De acuerdo con unos audios filtrados de una reunión de la coalición de izquierda, la senadora Aída Quilcué protestó por la ausencia del Gobierno durante el trámite y el que partidos de la supuesta coalición oficialista se opusieran a una iniciativa que, supuestamente, contaba con el guiño del Ejecutivo.

“Nos dejaron solos”, expresó Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, uno de los autores del proyecto. Aunque no dio razones de la posible ausencia, solo señaló que quisiera “pensar de buena forma” y que la falta del Gobierno se debió a que se tuvieron que ocupar de la gran cantidad de reformas que están en trámite.

Sin embargo, Ávila reconoció que en pocos días la iniciativa acumuló duros enemigos: “El registrador [Alexánder Vega] se movió mucho. El Consejo de Estado también atacó la reforma y cuando quitamos lo de la corte electoral, para solucionar sus reclamos, el daño ya estaba hecho. Hubo gente que nos acusó de golpe de Estado”. El congresista hizo enfatizó en que el Consejo de Estado enfiló sus baterías debido a que la versión original del proyecto incluía acabar la Sección Quinta, de tal manera que sus funciones pasaran a ser asumidas por un tribunal electoral, que también tendría varias de las labores que hoy son del CNE. Luego se planteó que dicha Sección Quinta se mantuviera y fuera la que recibiera esas funciones del CNE, lo cual también fue rechazado.

Frente al papel que jugó el Consejo de Estado en el debate, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), lo definió así: “Ese tribunal siempre rechaza los cambios en su interior. Reaccionaron como un tigre, reuniéndose con congresistas de forma privada. Es un papel que no fue muy activo públicamente, pero tuvo muchísimo peso, porque pueden retirarles la investidura a los legisladores”. Sobre este punto también se manifestó Ávila: “Hubo una confabulación muy brava. Los congresistas tenían miedo de pelear con sus jueces. Nos sorprenden el Gobierno y las instituciones reacias al cambio”. A la oposición al proyecto se le unieron varios miembros del CNE y congresistas de los partidos tradicionales. Todo esto pesó para que se hundiera en primer debate. No obstante, existe ya el compromiso de Ariel Ávila y Humberto de la Calle para presentar de nuevo el proyecto, pero ahora sí con el respaldo firme del Gobierno Nacional.

Un debate que va para largo

Más allá de la controversia, el proyecto deja una importante discusión sobre la organización electoral (CNE, Registraduría y Sección Quinta del Consejo de Estado). Ante el debate, El Espectador consultó a expertos, magistrados y exmagistrados del CNE, y congresistas. Es claro que hay dos líneas antagónicas definidas frente al texto archivado. Mientras que algunos lo vieron como una propuesta necesaria para tener una reforma política real, otros lo catalogaron de poco efectivo y de estar usando la excusa de una reforma electoral para hacer otras modificaciones que, supuestamente, se podrían realizar mediante leyes estatutarias sin tocar la Constitución.

Alejandra Barrios encabeza el bando que veía con buenos ojos el proyecto. En su concepto, los pocos cambios positivos que se están haciendo en la reforma política —a la que criticó por unos cuantos “orangutanes”— pierden efectividad sin la reforma al CNE. “Si estas modificaciones no tienen una autoridad electoral fuerte, entonces poco sirve esa reforma política. Con ese resultado, sería mejor dejar la Constitución quieta”, expresó la directora de la MOE, recalcando que lo que está demostrando este Congreso es que no está preparado para hacer los cambios que le pide el país: “Están tocando la Constitución por tocarla”.

Frente a los puntos en cuestión de la reforma fallida, señaló que era necesario acabar con el origen partidista de los magistrados y la cifra repartidora para surtir los cupos en el CNE. “Hay una falta de credibilidad por el sistema mismo, así haya importantes abogados. Un juez nunca debe estar parcializado a uno de los lados”, sentenció Barrios, quien llamó la atención de que en el debate de esta semana algunos congresistas “se quejaban de que ya el Congreso no iba a tener sus magistrados”. También destacó que el proyecto le daba autonomía administrativa y financiera al CNE frente a la Registraduría: “Hay un contrasentido debido a que el primero debería vigilar a la segunda y esta es la que controla los recursos. Esa relación de poder impide la vigilancia y el control”. Por último, enfatizó en que el proyecto era importante porque se iba a disminuir el poder del registrador nacional, al establecer que los procesos electorales se iban a organizar por consensos y no por la determinación de una sola persona.

El exmagistrado Renato Contreras, recién salido del CNE, se plegó a muchos de los argumentos dados por Barrios: “Creo que el país perdió la oportunidad de estudiar en el corto plazo la naturaleza del organismo electoral y darle mayor credibilidad”. Según él, uno de los puntos esenciales era acabar el origen partidista de los magistrados, debido a que, “al margen de lo bien o mal que lo hagan”, las decisiones se verán cuestionadas “por lo político y no como un criterio jurídico imparcial”. Contreras también mencionó la necesidad de una verdadera autonomía del CNE frente a la Registraduría. Uno de los puntos distintos que destacó fue que esta era la oportunidad para que se revisaran los períodos de los magistrados, debido a que, al ser solo un cuatrienio, se da que cada cuatro años cambien y venga gente nueva a aprender qué es el CNE, pues no vienen necesariamente personas versadas, con lo que “se pierde institucionalidad”.

Por su parte, el exmagistrado Pedro Felipe Gutiérrez, compañero de sala de Contreras, tuvo una posición distinta. Según dijo, el destino del proyecto era el esperado, puesto que “a nadie le gusta cambiar las reglas de juego ni a la autoridad, sobre todo si el Consejo de Estado no lo apoyaba”. También señaló que las últimas generaciones del CNE han tenido que enfrentar las dudas sobre su procedencia, pero, fuera cual fuera la reforma que se hiciera, “siempre van a ser cuestionados”. Incluso, usó como ejemplo que antes de la elección por el Congreso se hacía por parte del Consejo de Estado y las críticas eran las mismas y hasta se acusó a ese alto tribunal de haberse politizado. No obstante, Gutiérrez hizo la salvedad de que rescataba del proyecto lo del mérito, debido a que en el actual sistema la mayoría de magistrados elegidos “vienen a aprender a hacer la judicatura en el CNE”.

Uno de los que más se opuso al proyecto de forma vehemente, en la Comisión Primera del Senado, fue César Lorduy, actual magistrado del CNE y exrepresentante. En diálogo con El Espectador, comentó que “veía con inquietud la reforma por lo que había dicho el Consejo de Estado”. Y fue más allá al indagar: “¿Dónde están los indicadores para justificar la reforma? La Constitución es algo sagrado y ya querían modificar doce artículos de una”. Asimismo, cuestionó: “Qué tiene que ver con el sistema electoral el hecho de que a los magistrados no los postulen los partidos sino el Consejo de Estado. De pronto se puede considerar que estos harán eco de jurisprudencia y no contenidos políticos, pero se les olvida que el sistema electoral es político”.