Así se tejió un “acuerdo improbable” entre Estado y privados por los repartidores

La exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y el exrepresentante José Daniel López lograron el acuerdo sobre los repartidores que trabajan vía plataformas.

Foto: Archivo Particular

Se necesitaron al menos cuatro reuniones directas y varias horas de negociación en otros niveles para que se materializara el que podría considerarse el primer gran acuerdo entre quienes profesan las teorías más tradicionales del comunismo y los representantes de un sector que por toda su operatividad se enmarca en lo que es el capitalismo más puro. Y las dos posturas –antagónicas aún en el debate actual– se encontraron en lo que podría denominarse como un “acuerdo improbable”.

Quienes protagonizaron un escenario que en esta época de agitación verbal y polarización electoral fueron la exministra de Trabajo y exsenadora, Gloria Inés Ramírez, y el exrepresentante por Cambio Radical y ahora presidente de Alianza In, José Daniel López, que lograron acercar las posturas de los sectores que representan para que los repartidores que trabajan a través de aplicaciones digitales tengan –con matices– acceso a seguridad social y protección por riesgos laborales.

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El consenso que se desarrolló entre dos personas de orígenes políticos y sociales muy distintos, que además representan fuerzas económicas muy disímiles –Ramírez es más cercana a los sindicatos y López tiene su arraigo en el empresariado–, que en todo caso lograron encontrar un espacio de entendimiento para que la reforma laboral avanzara hacia un punto que toca –según cálculos oficiales y del mismo sector privado– a por lo menos 120.000 personas.

De hecho, entre el equipo de asesores que han tenido ambas partes coinciden en que, prácticamente, este ha sido el único acuerdo de fondo y ejecutado que se logró entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y una agremiación del sector privado para tramitar alguna de las reformas que viene impulsando la Casa de Nariño. Y todo quedó explícito en ocho artículos de la norma que el jefe de Estado sancionó en Bogotá el pasado miércoles.

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Lo que en plata blanca se logró es que los repartidores y las empresas puedan acordar el tipo de contrato, que puede ser dependiente o independientes –con sus respectivos matices y consideraciones legales–, y que se hagan pagos entre ambas partes para la seguridad laboral.

Eso se traduce en que las plataformas pagarán el 60 % de la salud y pensión de quienes se vinculen a este tipo de servicios, y además desembolsarán el 100 % de los rubros de riesgos laborales. Pero, de acuerdo con lo que se terminó de avalar en el Capitolio, todo esto entrará en vigencia un año después de que se expida la reglamentación que requiere la reforma laboral.

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En esa construcción de lazos entre los estamentos público y privado jugó un papel clave, según fuentes de ambos sectores, el abogado Enrique Borda, quien ha asesorado a –entre otros– Luis Eduardo Garzón y Rafael Pardo en sus pasos por la cartera de Trabajo. Además, es considerado como una persona que tiene puentes con la izquierda más tradicional, de donde proviene la exministra Ramírez, y con el sector empresarial, al cual pertenece el exrepresentante López.

En el tablero que se movió para que se diera este pacto entre el Ministerio de Trabajo y Alianza In también participaron el viceministro Iván Daniel Jaramillo y el asesor Nicolás Escandón, con quienes la interlocución fluyó todo el tiempo hasta materializar la aprobación de la reforma laboral incluyendo todo lo relacionado con repartidores.

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El presidente Petro, quien en todo momento fue informado de lo que pasaba en los diálogos, mantuvo su respaldo a este acuerdo en todas las versiones de la laboral y, según algunas personas que atestiguaron todo el proceso, se mostró siempre abierto cuando la exministra Ramírez le comunicaba de forma directa lo que iba pasando.

Donde se presentaron ciertos reparos fue en en una parte del sector sindical, no en todo, que buscaba una legislación mucho más fuerte a favor de los repartidores, pero en el grueso de sus afiliados se terminó respaldado lo acordado porque, de acuerdo con todas las partes, es un avance hacia lo que se pide desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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“La buena noticia de todo esto es que esos jóvenes que facilitan nuestra vida con su trabajo duro, en bici o en moto, tendrán mejores condiciones de vida. Y todo esto sin destruir trabajos y sin marchitar el dinamismo de las empresas de plataformas digitales”, precisó López desde la jefatura de Alianza In.

“El trabajo en plataformas es otro avance que ha requerido entre ocho y nueve meses de concertación. Primero, es un reconocimiento a todo lo que significa el trabajo digital, y segundo, claramente se avanza en la conceptualización del trabajo. Hay empresas y trabajadores digitales a los cuales se les debe brindar una transparencia del algoritmo y garantías en su seguridad social”, dijo en su momento la exministra Ramírez desde la cartera que lideró hasta febrero de este año.

Quien lidera actualmente ese ministerio, Antonio Sanguino, mantuvo los acuerdos y por eso los ocho de los 70 artículos aprobados en el Congreso que regulan esta materia avanzaron hasta la sanción del jefe de Estado.

Y como un acto de confianza –de acuerdo con todas las partes involucradas–, las reuniones y negociaciones se hicieron sin firmar papeles o actas, el grueso fue avalado a través de la palabra y eso, en un ambiente polarizado y preelectoral como el que vive el país, es un avance que deriva en la construcción de confianza política y legislativa.

La expectativa ahora, tras todo este proceso de acuerdos y concertación entre el Estado y los privados, es cómo se reglamentará y la entrada en vigencia, que, en todo caso, se materializará tras el relevo de administración que habrá en la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026.

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