El Gobierno y el Congreso se dieron la mano este miércoles y aunque sus peleas políticas se mantienen vigentes, especialmente tras la suspensión de la consulta popular que ordenó el Consejo de Estado, a la reforma laboral se le abrió el camino y todo parece indicar que este viernes se culminará su tránsito legislativo y pasará a la sanción del presidente Gustavo Petro.
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Lea: “Ya la discusión no es jurídica”: Petro tras freno al decretazo de la consulta.
Ya un primer paso, que parecía complejo, se logró: que los conciliadores de la reforma laboral, los representantes María Fernanda Carrascal (Pacto), Juan Camilo Londoño (Alianza Verde) y los senadores Samy Merheg (Partido Conservador) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) se pusieran de acuerdo pese a sus diferencias ideológicas y a que entre ellos mismos había quienes preferían lo que ya había consensuado en la Cámara. Sin embargo, al final de la tarde, los cuatro coincidieron acoger el texto que aprobó el Senado este martes.
Pero más allá de lo técnico, hay toda una pelea política con tintes electorales, pues tanto Casa de Nariño como Capitolio quieren sacar pecho de la iniciativa y mostrarla como una de sus banderas para 2026. Ninguno de los dos lados quiere reconocer el trabajo que ha hecho el otro y si bien Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, firmaron un acuerdo con la Iglesia para “desarmar la palabra”, este ha quedado en el aire y no hay certeza de que se vaya a dar su cumplimiento.
Eso sí, aún hay quienes sospechan que el acuerdo en el Congreso para esta reforma no estaría del todo firme, pues los ánimos de la Casa de Nariño están crispados por cuenta de la decisión que tomó el Consejo de Estado de suspender el decretazo de la consulta popular, medida que el Gobierno no quiere soltar y con la que viene presionando al Legislativo para la aprobación de su agenda reformista.
Un día antes, el registrador nacional, Hernán Penagos, también puso cierto freno, pues dijo que no llamaría a las urnas hasta que las cortes emitieran una sentencia que determinara la constitucionalidad de la consulta. Esto le costó fuertes críticas desde el Gobierno y las supuestas acciones jurídicas que el presidente empezará en su contra.
En contexto: “Está en juego la democracia misma”: Penagos defendió su postura por consulta de Petro.
Lo cierto es que la decisión de la Registraduría y la determinación temporal del alto tribunal fueron leídas por la oposición como una victoria y una clara confirmación de que la votación del pasado 14 de mayo de la consulta popular en el Senado fue legal. Por lo mismo, en el Capitolio hubo aplausos y hasta promesas relacionadas con que a las urnas nunca llegará la consulta, lo que molestó a la bancada oficialista.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue una de esas personas en celebrar, sosteniendo que fue gracias a su demanda que se le puso freno a la medida del petrismo. En efecto, el recurso que aceptó el Consejo de Estado fue presentado por él y por varios de los senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral, más tarde revivida.
En el Pacto Histórico hay incertidumbre y aunque el sentimiento de victoria por el consenso en la etapa de la conciliación es casi que unánime, temen que pueda haber movidas de último momento que frenen la reforma. Son varios los que dicen que no confían en Cepeda y que en cuestión de horas todo lo relacionado con la laboral podría perderse.
También sostienen que incluso el mismo presidente Petro podría llegar a emitir algún reproche sobre este acuerdo express que tomaron los conciliadores, pues viene insistiendo en que el texto que es de su agrado es el de la Cámara de Representantes. A su vez, reitera que la consulta popular es necesaria y puso en entredicho la determinación del Consejo de Estado.
Y es que el hundimiento de la consulta popular 2.0. molestó al jefe de Estado, que incluso llamó “traidores” a los senadores que ayudaron a mantener el quórum de la votación de este martes. En este listado estarían Fabián Díaz (Alianza Verde), Guido Echeverri (En Marcha), Antonio Correa (Partido de la U) y Didier Lobo (Cambio Radical), pues de no ser por ellos, la consulta no se habría podido votar.
Algunos de estos legisladores aseguraron que lo único que hicieron fue mantener su palabra, pues se había acordado que tras la votación de la reforma laboral continuaba la de la consulta popular 2.0.
El tiempo está en contrarreloj y solo hasta este 20 de junio se tiene plazo para que la reforma laboral salga del Congreso completamente conciliada, por lo que cualquier desacuerdo o pelea podría impactar fuertemente el futuro de la iniciativa.
Si bien en la oposición hay comentarios de rechazo sobre la reforma, también hay congresistas que admiten que hundir el proyecto en último momento y después de que este ya ha sido aprobado en sus cuatro debates sería un golpe de opinión que no quieren recibir.
Incluso, varios legisladores dicen que según sus cálculos políticos esto podría darle más gasolina al discurso del Gobierno del supuesto bloqueo institucional y catapultar su proyecto para el 2026. Lo que estarían intentando es quitarse esa tiquete que les ha puesto el petrismo de ser “enemigos del pueblo y de los derechos”.
Algunos incluso comentan que quedó demostrado que el hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima del Senado lo único que logró fue avivar la movilización e incluso sumarle puntos a la popularidad del presidente Petro, que para ese momento recuperó las calles y logró impactar en la imagen que tiene gran parte de la ciudadanía sobre el Legislativo.
La precampaña para el 2026 ya inició y eso lo saben todos los senadores y representantes, que no quieren ser vistos por el electorado como aquellos que les dijeron no a las mejoras en el sistema laboral.
Pero el panorama podría igualmente ser diferente para la próxima legislatura, pues el Gobierno pretende llevar más proyectos que no se debatirían tan fácil. Uno de esos ejemplos es la reforma tributaria de la que ya tanto se habla y que incluso tiene ganados varios detractores que cuestionan las cifras de ejecución del Gobierno y la intención que sigue teniendo de gastar hasta $750.000 millones para llevar la consulta a las urnas.
Este viernes se verá si los acuerdos que vienen teniendo los poderes Ejecutivo y Legislativo tendrán realmente resultados para la reforma laboral y será el 20 de julio de este año que se renueven o se rompan los diálogos, sobre todo cuando se escojan los nuevos presidentes de la Cámara y el Senado, que serán fundamentales para determinar qué tanta cabida tendrán los proyectos del oficialismo para su último año en el poder.
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