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Este viernes, el presidente saliente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), hablo sobre la entrega a la Corte Constitucional el informe sobre el trámite de la reforma pensional, aprobada nuevamente por la plenaria el pasado 28 de junio, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Con esta entrega, que se espera realizar antes del 20 de julio, se da paso a la etapa final: la revisión constitucional del proyecto, nuevamente, por parte del alto tribunal.
Según detalló Salamanca en el documento, el debate que se llevó a cabo en la plenaria de la Cámara fue “amplio”, con más de cuatro horas de discusión y la participación de más de 35 representantes de 13 partidos. “Se dio una discusión sobre el texto articulado del Senado y las diferencias que existían con el texto de Cámara”, añadió.
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Uno de los puntos que Salamanca destaca en el informe que debe ser remitido a la Corte es que la votación de la proposición sustitutiva del articulado superó los 84 votos obtenidos en la sesión del 14 de junio, lo que —según él— demuestra “el compromiso del legislador por subsanar el vicio de trámite” y una voluntad política de ratificar lo aprobado en ese momento.
También defendió que la Cámara tomó la decisión de no volver a abrir el debate del texto: “La plenaria decide negar una nueva discusión entendiendo que ya se había aprobado el articulado”, señaló. Por tanto, insistió, “el texto que se acogió es el texto definitivo de la reforma pensional y el que será objeto, por parte de la Corte, de la revisión de constitucionalidad”.
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En el documento, Salamanca sostiene que la votación fue nominal, como lo exige la Ley Quinta, y que se garantizó la participación de todas las bancadas, incluyendo las de oposición. “Se materializó una voluntad democrática por parte de la corporación, sustentada en una información completa, publicada y verificada”, dijo.
La radicación de este informe marca la última actuación de Salamanca al frente de la presidencia de la Cámara. Este 20 de julio se elegirá a su reemplazo: la cúpula de la corporación en el último año de este cuatrenio. La Corte deberá ahora decidir si el nuevo trámite subsanó el vicio de procedimiento que identificó previamente. Solo con su aval, el presidente Gustavo Petro podrá sancionar la ley y poner en marcha el nuevo sistema pensional.
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Aunque durante la semana sectores del Gobierno insistieron en pedir celeridad a la Corte, desde la Cámara se respondió que el informe estaba en elaboración. Voces internas sostienen que no hubo presiones para radicarlo y que la demora obedeció a una revisión detallada del proceso.
La oposición, por su parte, mantiene sus reparos. Congresistas como Lina María Garrido (Cambio Radical) y María Fernanda Cabal (Centro Democrático) han cuestionado la legalidad del proceso en las sesiones extraordinarias y critican la insistencia del Gobierno en sacar adelante la reforma durante ese periodo.
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