:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/NFXADWjLRDFQyXfSsfXZbER1QkA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/6KXR4ZOK6ZBBNDQQNZ7CF3LBCM.jpg)
Poco contentos quedaron los partidos políticos y las principales autoridades electorales con las recomendaciones hechas al Gobierno por la Misión Especial Electoral (MEE) sobre la hoja de ruta que debería implementarse para realizar transformaciones al sistema político y electoral en Colombia.
Los peros son varios, pero fundamentalmente radican en dos puntos: la creación de una corte electoral que asumiría, entre otras, algunas de las funciones propias de la Procuraduría (como la sanción y destitución de funcionarios) y el cambio de las reglas de juego de las circunscripciones en la Cámara de Representantes.
En el primer caso, según el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, la preocupación está en el poder que ejercería dicha corte: “Creando una nueva institución no se resuelven los problemas de fondo, como la financiación de campañas o la corrupción. Una supercorte con tantos poderes genera un desbalance en la democracia. Va a arrodillar al Congreso y al Gobierno. Se trata de un cuarto poder que representa una amenaza”.
Para Lizcano, si bien es claro que hay intención de realizar una reforma profunda, también lo es la necesidad de que a los partidos no se les imponga un sistema ni una sola visión de reforma. “Si el Gobierno radica la reforma sin consensos y vía fast track, va a fracasar. Queremos reforma, pero no así”, señaló el senador de la U, al informar que habrá un cónclave con los partidos el próximo lunes para analizar el tema y sentar una posición.
El trámite de la reforma vía fast track también preocupa al Consejo de Estado. El presidente de la corporación, magistrado Jorge Octavio Ramírez, aseguró que, aunque hay asuntos que se pueden tramitar por este mecanismo, hay otros debates que deben darse en sesiones ordinarias. “Si los asuntos ajenos al Acuerdo Final son tramitados por fast track, estarían viciados por inconstitucionalidad, por falta de competencia. El fast track no es para modificar las competencias de la institucionalidad, como asuntos de control jurisdiccional o la pérdida de investidura”, destacó Ramírez al calificar la reforma de inoportuna e inconveniente, pues, según dijo, la creación de una “costosísima” alta corte no tiene conexidad con la naturaleza de la reforma, “cuyo fin es fortalecer la participación ciudadana y garantizar la actividad política”.
El debate sobre la otra propuesta se resume en la inconveniencia de cambiar las reglas de juego a menos de un año de la jornada electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexánder Vega, señaló que, si bien el componente académico fue clave para hacer las recomendaciones, hay asuntos que se ignoran. “Ningún miembro de la misión ha hecho política, no ha contado un voto, no ha hecho un escrutinio. El sistema electoral no se puede improvisar”, declaró Vega, y comentó que el informe da la sensación de que se quiere judicializar la actividad política.
Según el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, la propuesta no soluciona los problemas que deben atacarse. “Los asuntos de fondo no están en las instituciones: en la compra de votos, en la falta de controles de la financiación de campañas, la falta de participación de los colombianos, en la debilidad de los partidos”, refirió Galindo.
Desde la oposición, sin embargo, las consideraciones son más críticas. Hay quienes creen que la reforma ya se puso en marcha. El senador del Centro Democrático Jaime Amín aseguró, por ejemplo, que la política colombiana ya sufrió hondas transformaciones como consecuencia del proceso de paz y que esta reforma nació viciada: “Es consecuencia de lo acordado en La Habana, una más de las concesiones hechas. Sin hacer reforma, las Farc ya tienen curules gratis”.
Y aunque las recomendaciones hechas por la MEE son apenas propuestas, plantean discusiones sobre puntos claves —como la financiación de campañas—, que el Gobierno debe tener en cuenta a la hora de construir la reforma que presentará al Congreso. Por eso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a no cerrarle las puertas al cambio: “No sigamos en actitud de resistencia a los cambios. A mí me impresiona de este país la dificultad que tenemos para adoptar reformas que necesita Colombia. Me impresiona cómo las instituciones se resisten a esos cambios y se van cerrando los diques de esa reforma, y terminan como terminó en 1991: con la convocatoria de una asamblea nacional constituyente”.