Gobierno Petro y oposición chocan por nueva ley de financiamiento

El ministro de Hacienda Ricado Bonilla presentando el proyecto de reforma tributaria este martes, 10 de septiembre.

Foto: EFE - Ministerio de Hacienda

Desde que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló de la idea de una nueva reforma tributaria (proyecto de ley de financiamiento) generó malestar en diferentes sectores políticos. Ese descontento se intensificó este martes, cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó la propuesta, que busca recaudar $12 billones.

El primer mandatario explicó en su cuenta de X de qué trata el articulado que, según él, no afectará a los sectores populares ni a la clase media ni media alta. Entre las propuestas se encuentra la disminución del impuesto de renta para todas las empresas, excepto las dedicadas al carbón y petróleo, la exclusión del IVA para servicios hoteleros y turísticos, el incremento de la ganancia ocasional en juegos de suerte y azar, y un impuesto a los superricos. Sobre este último Petro anotó: “Aumentamos el impuesto de renta a persona natural a quienes ganen más de $130 millones mensuales y empezamos a cobrar patrimonio desde un nivel más bajo pero para sectores ricos”.

“El proyecto incluye medidas para reactivar la economía, como la autorización de créditos del Fondo Nacional del Ahorro sin necesidad de hipoteca, el estímulo a las energías limpias, y la exclusión del IVA para vehículos de transporte público que adopten tecnologías más limpias”, explicó el presidente.

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Desde la oposición empezaron a llover las críticas. Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical, cuestionó la capacidad de ejecución presupuestal del Gobierno: “Pretenden recaudar hasta 12 billones de pesos, pero tienen la peor ejecución presupuestal de la historia”.

Otros miembros de Cambio Radical se sumaron a las críticas. Para su líder, Germán Vargas Lleras en este gobierno ha habido derroche y falta de ejecución. “Esta reforma terminará asfixiando definitivamente la economía”, declaró. El senador de la colectividad David Luna aseguróó que la reforma está diseñada para financiar una posible campaña de reelección. “¿Coincidencia que el grueso del recaudo ocurra en 2025? No lo creo”, manifestó.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también hizo énfasis en el gasto dispuesto para 2025. “Petro presenta una reforma tributaria no para ayudar a los más pobres, no para solucionar los problemas estructurales. Revisando el nivel de recaudo queda en evidencia que en 2025 se gastará más plata y luego baja a un 90%”, explicó.

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Según Cabal, con la reforma tributaria crecería la informalidad y la transición energética sufriría un golpe al subir el IVA para vehículos híbridos. Su copartidario, el representante Christian Garcés dijo el sector vivienda también se vería afectado “al subir ganancia ocasional del 15% al 20%, restringiendo el mercado de la vivienda usada”.

Desde el Partido Conservador, la presidenta Nadia Blel señaló que “no podemos seguir cubriendo el hueco fiscal con más impuestos”.

Por otro lado, Clara López, senadora del Pacto Histórico, respaldó las medidas, afirmando que “el gobierno hace bien al buscar gravar a los 1000 patrimonios más altos del país”. La congresista Aída Avella también aseguró que la reforma es “una iniciativa clave para equilibrar las finanzas públicas, mejorar el recaudo sin aumentar la base gravable ni los impuestos a personas naturales”.

“La ley de financiamiento tiene una expectativa de un recaudo un poco mayor a los $6 billones en materia de nuevos impuestos. Traer la implementación de la regla fiscal de 2026 a 2025, nos entrega un escenario de $5,6 billones. Tenemos una combinación de las dos cosas”, explicó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, durante la radicación del proyecto.

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En términos generales, según el funcionario, “en la práctica, (la ley de financiamiento) identifica actividades no gravadas y que deberían estarlo. Nivelamos el IVA a plataformas de juego y azar, nivelamos el IVA para vehículos no eléctricos, ampliamos el impuesto al carbón y recuperamos la gobernabilidad de este impuesto en Colombia. Se mantiene la propuesta de la DIAN: entregar estímulos para quien delate evasores”.

“Por lo pronto, esperemos que esto haga trámite en el Congreso, lo que uno no puede es decirle a la Nación que de entrada, sin conocer el proyecto, ya está negado”, dijo también Bonilla este martes.

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