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Tras un discurso de más de dos horas y con la elección de las nuevas mesas directivas del Senado y la Cámara, el Congreso dio el banderazo para su cuarta y última legislatura. Además de confirmar que se mantendrá el choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, los protagonistas de la jornada dejaron claros los puntos centrales de la agenda de proyectos y reformas que se debatirá de aquí hasta el próximo 20 de junio.
Al igual que en las tres legislaturas pasadas, la Casa de Nariño intentará concentrar las discusiones en sus iniciativas, por lo cual ya está haciendo un barrido de las fuerzas en cada corporación para medir sus probabilidades. Una de las principales banderas del Ejecutivo volverá a ser la reforma a la salud, la única de las apuestas sociales del presidente Petro que aún no ve la luz verde, pues las reformas laboral y pensional ya fueron aprobadas en medio de fuertes controversias.
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Con el regreso de este proyecto, al que le faltan sus dos debates definitivos en el Senado, el Gobierno pone en juego su capital político con un tema que, precisamente, ha demostrado ser un detonante de la gobernabilidad. Cabe anotar que el presidente sostiene un duro choque con los actores del sistema sobre el presente y futuro de las EPS. Según el mandatario, la clave de la reforma es el sistema preventivo, que ya está en marcha, pero que necesitaría el respaldo del Congreso para operar en un 100 %.
La segunda propuesta que marcará la legislatura también es del Gobierno y ya fue radicada. Se trata del proyecto de ley de paz total para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y personas procesadas por hechos relacionados con la protesta social. El proyecto fue presentado este domingo por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
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La propuesta legislativa busca crear un marco normativo específico para desmantelar de forma negociada las organizaciones armadas sin estatus político —como las que dominan economías criminales en zonas urbanas y rurales—, mediante beneficios condicionados a la entrega de bienes, la contribución a la verdad, la reparación a las víctimas y el cese definitivo de actividades ilegales.
En tercer lugar aparece una iniciativa que desde ya despierta duros cuestionamientos de las bancadas, pues tocaría directamente el bolsillo de los colombianos. Se trata de una nueva reforma tributaria con la que la administración buscará resolver la situación fiscal que ha golpeado los niveles de inversión. La apuesta de Petro y de su ministro de Hacienda, Germán Ávila, será recaudar cerca de $26 billones, una cifra para muchos elevada en medio de la campaña electoral. El jefe de Estado ha dicho que los nuevos impuestos serán para los “mega ricos” del país.
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El Congreso también deberá discutir sobre la ley de competencias, la norma que definirá las reglas de uno de los cambios más importantes del Estado en las últimas décadas, el de la reforma al sistema de transferencias de recursos a las regiones. El trámite será liderado por el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti.
Finalmente, se espera que en esta legislatura sea debatida una ley de tarifas para la energía. Todavía no está claro en qué fecha el gobierno radicará el proyecto en el Congreso, pero se sabe que se planteará que los saldos pendientes de la llamada opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 sean asumidos por quienes tienen mayor capacidad de pago, es decir, los estratos 4, 5, 6 y usuarios no residenciales.
La segunda propuesta apunta a focalizar los subsidios para que, cuando el consumo promedio de un beneficiario exceda el doble del nivel de subsistencia, el beneficio se reasigne. Así mismo, se espera una reforma a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Aunque estos cinco proyectos tendrán el protagonismo de la legislatura, se espera que también haya espacio para los debates de la jurisdicción agraria, los derechos laborales, la reforma al Icetex, la ley de cultura y la prohibición del fracking, entre otros proyectos.
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