Pese a que los promotores del referendo presentaron este fin de semana las cuentas en torno a la financiación de la recolección de las firmas, las dudas persisten. Ahora le corresponderá a las autoridades electorales definir si hubo o no irregularidades en el proceso que permitió presentar el proyecto que busca convocar al pueblo a las urnas para que decida si quiere o no una segunda reelección presidencial. Al respecto, en diálogo con El Espectador, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Cepero, reconoce que el análisis del tema será complejo y que, de todas maneras, la última palabra la tendrá el Congreso.
¿En qué va el análisis de la financiación del referendo?
El magistrado sustanciador, Joaquín José Vives, recibió la declaración de su promotor principal (Luis Guillermo Giraldo) sobre el balance que ya le había presentado al Registrador. En próximos días tendrá lista la ponencia.
¿Cómo están las posiciones en el interior del CNE?
Aún no se sabe, pero el tema es complejo. Veo que no será fácil llegar a un punto común.
¿Existen o no inconsistencias en la contabilidad?
Eso forma parte del estudio. El Registrador considera que de alguna manera hay inconsistencias en lo que tiene que ver con los montos máximos de la financiación. Hay que mirar si se han volado los topes o no.
¿Y cuáles son los topes permitidos?
La Resolución 067 maneja la etapa de recolección de firmas y otra la realización de la campaña del referendo, en caso de que sea aprobado mediante ley. El tope para la campaña está alrededor de unos $334 millones 974 mil y para la etapa de recolección, el máximo monto por contribuyente debe ser del 1% del monto inicial, es decir, unos $3 millones 350 mil.
Pero según los datos suministrados por Giraldo, que hablan de más de $2.000 millones, se sobrepasaron esos montos.
El Registrador nos envió la consulta para determinar si se da ese fenómeno.
En ese caso, ¿el referendo podría caerse por falta del certificado de financiación?
Ese es un punto que no nos compete a nosotros analizar y que queda en manos del Congreso. Aquí hay dos requisitos: el de las firmas, que es de fondo, y un trámite que certifica que todos los requerimientos legales se cumplieron. Les tocará a los parlamentarios decidir si la ausencia de uno de esos requisitos puede viciar o no el proceso como tal.
¿No le huele algo mal?
Pues el balance es normal: muestran unos ingresos, unos egresos, unos gastos y las contribuciones que recibieron.
¿Habría sanciones en caso de que existan inconsistencias?
Eso es parte del debate y si eso se llega a dar, el análisis será extenso porque no es muy claro el capítulo de las sanciones.
¿Sería una sanción pecuniaria?
Dentro de las competencias que nos dan sancionamos de manera pecuniaria y en el caso de los partidos, la pérdida de la personería. Aquí sólo es un comité promotor y vamos a ver si es posible aplicar sanciones.
¿Se habla de una eventual sanción por $8 millones?
Las sanciones van desde los $8 hasta los $80 millones.
¿El certificado lo dan ustedes o el Registrador?
La ley determina que el único funcionario competente para certificar las cuentas es el Registrador. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos verificar algunas inconsistencias.
¿Y el Registrador les remitió el proceso para que certificaran?
Pues el Registrador nos envió el balance que presentaron los promotores del referendo y no nos concreta qué es lo que espera de nuestro análisis. Sólo nos indica que encuentra unas inconsistencias. Dice que se vislumbran algunas infracciones.
La Registraduría ya certificó el número de firmas, ¿con eso basta para seguir adelante con el trámite del referendo?
Ese certificado es válido, pero para cumplir con todos los requisitos hay que esperar también el de las cuentas. Ahora, en caso de que allí surjan inconsistencias y no haya certificado, insisto, le tocará al Congreso debatir si el proceso está o no viciado.
Por Carlos J. Murcia
