Un predio avaluado catastralmente en 23.000 millones de pesos, y por el que, como reveló El Espectador, la Registraduría Nacional mantiene una disputa con dos civiles desde hace casi dos décadas, deberá ser devuelto a la entidad en las próximas semanas.
Según una decisión administrativa tomada este jueves, los ocupantes tienen 20 días para desocupar el lote de 5.858 metros cuadrados, ubicado en el corazón del Centro Administrativo Nacional (CAN).
El fallo de la querella indica que, en caso de que no se entregue de manera voluntaria el predio vacío a la Registraduría en el plazo estipulado, se ordenará la restitución a través del uso de la fuerza.
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Argenis Calderón y Mauricio Arias, los dos civiles que se enfrentan a la entidad en diferentes instancias judiciales, ya apelaron la decisión que tomó este jueves la Inspección de Atención Prioritaria de la Secretaría Distrital.
Fuentes cercanas a la defensa de Calderón y Arias aseguran que la Registraduría ha recurrido a diferentes tácticas reprochables, incluida la dinámica con la prensa, reclamar propiedad sobre el terreno.
Sin embargo, más allá de cómo se resuelva ese recurso (algo que podría suceder también en las próximas semanas), por el momento, el terreno deberá ser restituido.
El predio, conocido como “La Mazorca”, fue asignado a la Registraduría en los años 90 para uso institucional, pero Calderón y Arias alegan derechos sobre el mismo basados en documentos que obtuvieron en un negocio con la señora Priscila Polonia Guevara, quien lo habitó desde los años 50. Sin embargo, las autoridades judiciales invalidaron esos documentos por ser presuntamente falsificados y por tratarse de un bien fiscal imprescriptible.
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A pesar de la nulidad de las transacciones, Calderón y Arias han mantenido la tenencia del predio argumentando ser compradores de buena fe y asegurando que la Registraduría no ha ejercido posesión sobre el terreno. También señalan que no se debería ignorar el tiempo que Polonia ocupó el predio antes de que este fuera declarado bien fiscal.
Mientras tanto, hay dos procesos legales que siguen sin resolverse. El primero, abierto en 2006 ante la Alcaldía de Teusaquillo, en cuya primera instancia no se falló a favor de la Registraduría pero sí se ordenó la restitución de un camino público relacionado con el predio. El segundo, un proceso de reivindicación abierto en 2010 en el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá.
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