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La salida del ahora exministro de Hacienda Diego Guevara, el tercero que pasa por esa cartera, prendió las alertas entre quienes promueven la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), la reforma más profunda que se ha hecho al Estado colombiano desde la Constitución de 1991.
Se trata de un cambio en la forma y la plata que el Gobierno Nacional reparte a las gobernaciones y alcaldías. Y pese a que la reforma constitucional se aprobó a finales de 2024, aún queda pendiente una materia clave: la ley de competencias, una norma ordinaria que definirá cómo se repartirán los recursos. Sin embargo, los recientes cambios en el gabinete ministerial tendrían pendiendo de un hilo el avance de este proyecto sin el que se podría aplicar la reforma al SGP.
“No creo que sea un ataque contra la ley ni mucho menos, pero, coincidencialmente, sale el equipo del Ministerio del Interior. Sale también el equipo del Departamento Nacional de Planeación, empezando por su director (Alexander López).
Y ahora también Guevara, que fue un conciliador esencial en ese acto legislativo”, explicó el exviceministro Gustavo García, y quien también fue ministro del Interior encargado durante la transición de Juan Fernando Cristo a Armando Benedetti.
En ese sentido, explicó que, al comienzo de la discusión sobre la reforma, hubo resistencia incluso dentro del Gobierno, pero que “el presidente Gustavo Petro entendió la importancia del acto legislativo, lo vio como una parte de su legado el tema de la descentralización y terminó dando la instrucción de que se apoye el acto legislativo, pero con una condición: que tenga un desarrollo, que es la ley de competencias”.
La preocupación radica en que, según el cronograma acordado, el primer borrador del proyecto de la ley de competencias debería entregarse el primer borrador, con la intención de “abrir la discusión con alcaldes y gobernadores”. Sin embargo, con los cambios que ha habido en el Gobierno, no habría quién esté liderando el proyecto.
Por lo mismo, hizo un “llamado al Gobierno para tener un plan B y poder hablar construir el proyecto de ley”. García aseguró que lo que ha ocurrido ha habido “una coincidencia que termina siendo nefasta para el proyecto y puede arriesgar dejarlo empantanado”.
A ello se suma el ambiente político actual, con el anuncio de la consulta popular que centrará buena parte de la atención del Ejecutivo durante el último tramo del presidente Petro en la Casa de Nariño.
“El próximo semestre será político y luego serán las elecciones”, apuntó. Y, aunque aseguró que no cree que haya un “gobierno que atente contra el proyecto, tampoco se puede poner las esperanzas en ello”.
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