Reparación de víctimas, a mitad de camino

Con una ceremonia formal en la Casa de Nariño, que contó hasta con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente Juan Manuel Santos sancionó hace exactamente cinco años una ambiciosa ley (1448 de 2011) que, por primera vez en más de 50 años de conflicto armado, buscaba reconocer y atender a los millones de colombianos golpeados por la violencia en el país. Un reto mayor que ha tenido múltiples obstáculos y que hoy, haciendo un corte de cuentas, deja aciertos y sinsabores.

Las cifras oficiales señalan que de las 8’040.748 personas registradas como víctimas, 6,2 millones son actualmente sujeto de atención y reparación de la política que, además, ha permitido indemnizar a más de 590.000 colombianos. Las cuentas arrojan también cerca de $3,6 billones invertidos en compensaciones económicas a 592.430 víctimas que han sido indemnizadas por vía administrativa.

Sin embargo, existen algunos puntos a revisar. Un informe entregado en agosto de 2015 al Congreso de la República por parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la ley (integrada por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo), señala que en asuntos puntuales como el restablecimiento de las capacidades productivas y el empleo, los avances han sido escasos –para la fecha solo se había podido vincular efectivamente al 0,19 % de la población víctima registrada y al 0,24 % de la población que es objeto de la medidas de atención–, lo que hace necesario un “ajuste estructural de esta política, que es fundamental para la superación de los estadios de vulnerabilidad de esta población”.

A eso se suman las congestiones en los procesos y los tiempos de respuesta que, según la Comisión, son de dos días para atender órdenes judiciales o condiciones especiales, mientras que la atención por oferta se toma hasta 200 días. “Eso explica la congestión por tutelas y reclamos”. Y es que en los últimos cuatro años la Unidad de Víctimas ha recibido más de 500.000 tutelas, de las cuales cerca del 85 % se han fallado en contra.

Hasta la saliente directora de la Unidad, Paula Gaviria, reconoció hace poco en entrevista con este diario que solo este año –entre fallos judiciales, desacatos y sanciones– se habían abierto más de 30.000 procesos en su contra. “De esas 30.000 tutelas, la mitad están en proceso de ser resueltas; hay 5.000 más que están en fase de desacato y otras 10.000 en fase de sanción (...) Es que al día llegan 4.600 derechos de petición y 1.500 tutelas”, aseguró entonces Gaviria.

Otro tema que preocupa es el del subregistro. El documento de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo señala que existen varias circunstancias que imposibilitan a las víctimas acercarse a rendir declaraciones y acceder a la inscripción en el Registro Único: barreras geográficas en algunas zonas del territorio nacional que dificultan la movilización de los ciudadanos de zonas rurales a los centros poblados, la prevalencia del conflicto, la presencia de actores armados en territorios en los que aún mantienen incidencia sobre la población civil y la información restringida tanto en el procedimiento para la rendición de las declaraciones, como en el acceso a sus derechos a la asistencia.

En el tema de tierras y balance de la restitución también hay posiciones encontradas. Las cifras del Gobierno señalan que desde la aprobación de la Ley se han restituido 201.000 hectáreas a más de 23.000 personas que fueron despojadas forzadamente y que de las 88.640 solicitudes de restitución de tierras existentes, hay 44.847 en trámite por la Unidad de Restitución y 31.604 fueron ya resueltas.

Sin embargo, hay quienes creen que el balance no es tan positivo como se pinta. La Fundación Forjando Futuros, por ejemplo, publicó recientemente un informe en el que sostiene que la restitución no solo está estancada, sino que la política ha fracasado, sobre todo si se tiene en cuenta que, en plata blanca, solo el 3,4 % de las solicitudes presentadas han sido resueltas judicialmente, es decir, únicamente 2.900 de las 87.000 solicitudes presentadas. A eso se suman las precarias condiciones de seguridad en que se encuentran los reclamantes y la amenaza latente de organizaciones ilegales y los denominados “ejércitos antirrestitución”, que aumentan el temor al retorno.

Pero más allá de los reparos, las cifras encontradas y los cuestionamientos, lo cierto es que el avance parece ir a paso lento y tratándose de un tema tan espinoso y directamente relacionado con los diálogos de paz entre Gobierno y Farc en La Habana, requiere de mayores esfuerzos para su éxito. Si bien el Estado se la ha jugado a fondo en la tarea de reconocer a las víctimas y reparar el daño ocasionado por medio siglo de conflicto, el universo de personas que han sido alcanzadas por la tragedia de la violencia en Colombia es bastante amplio y el camino para recorrer en medio de un contexto de reconciliación y posconflicto sigue siendo largo.

Con una ceremonia formal en la Casa de Nariño, que contó hasta con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente Juan Manuel Santos sancionó hace exactamente cinco años una ambiciosa ley (1448 de 2011) que, por primera vez en más de 50 años de conflicto armado, buscaba reconocer y atender a los millones de colombianos golpeados por la violencia en el país. Un reto mayor que ha tenido múltiples obstáculos y que hoy, haciendo un corte de cuentas, deja aciertos y sinsabores.

Las cifras oficiales señalan que de las 8’040.748 personas registradas como víctimas, 6,2 millones son actualmente sujeto de atención y reparación de la política que, además, ha permitido indemnizar a más de 590.000 colombianos. Las cuentas arrojan también cerca de $3,6 billones invertidos en compensaciones económicas a 592.430 víctimas que han sido indemnizadas por vía administrativa.

Sin embargo, existen algunos puntos a revisar. Un informe entregado en agosto de 2015 al Congreso de la República por parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la ley (integrada por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo), señala que en asuntos puntuales como el restablecimiento de las capacidades productivas y el empleo, los avances han sido escasos –para la fecha solo se había podido vincular efectivamente al 0,19 % de la población víctima registrada y al 0,24 % de la población que es objeto de la medidas de atención–, lo que hace necesario un “ajuste estructural de esta política, que es fundamental para la superación de los estadios de vulnerabilidad de esta población”.

A eso se suman las congestiones en los procesos y los tiempos de respuesta que, según la Comisión, son de dos días para atender órdenes judiciales o condiciones especiales, mientras que la atención por oferta se toma hasta 200 días. “Eso explica la congestión por tutelas y reclamos”. Y es que en los últimos cuatro años la Unidad de Víctimas ha recibido más de 500.000 tutelas, de las cuales cerca del 85 % se han fallado en contra.

Hasta la saliente directora de la Unidad, Paula Gaviria, reconoció hace poco en entrevista con este diario que solo este año –entre fallos judiciales, desacatos y sanciones– se habían abierto más de 30.000 procesos en su contra. “De esas 30.000 tutelas, la mitad están en proceso de ser resueltas; hay 5.000 más que están en fase de desacato y otras 10.000 en fase de sanción (...) Es que al día llegan 4.600 derechos de petición y 1.500 tutelas”, aseguró entonces Gaviria.

Otro tema que preocupa es el del subregistro. El documento de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo señala que existen varias circunstancias que imposibilitan a las víctimas acercarse a rendir declaraciones y acceder a la inscripción en el Registro Único: barreras geográficas en algunas zonas del territorio nacional que dificultan la movilización de los ciudadanos de zonas rurales a los centros poblados, la prevalencia del conflicto, la presencia de actores armados en territorios en los que aún mantienen incidencia sobre la población civil y la información restringida tanto en el procedimiento para la rendición de las declaraciones, como en el acceso a sus derechos a la asistencia.

En el tema de tierras y balance de la restitución también hay posiciones encontradas. Las cifras del Gobierno señalan que desde la aprobación de la Ley se han restituido 201.000 hectáreas a más de 23.000 personas que fueron despojadas forzadamente y que de las 88.640 solicitudes de restitución de tierras existentes, hay 44.847 en trámite por la Unidad de Restitución y 31.604 fueron ya resueltas.

Sin embargo, hay quienes creen que el balance no es tan positivo como se pinta. La Fundación Forjando Futuros, por ejemplo, publicó recientemente un informe en el que sostiene que la restitución no solo está estancada, sino que la política ha fracasado, sobre todo si se tiene en cuenta que, en plata blanca, solo el 3,4 % de las solicitudes presentadas han sido resueltas judicialmente, es decir, únicamente 2.900 de las 87.000 solicitudes presentadas. A eso se suman las precarias condiciones de seguridad en que se encuentran los reclamantes y la amenaza latente de organizaciones ilegales y los denominados “ejércitos antirrestitución”, que aumentan el temor al retorno.

Pero más allá de los reparos, las cifras encontradas y los cuestionamientos, lo cierto es que el avance parece ir a paso lento y tratándose de un tema tan espinoso y directamente relacionado con los diálogos de paz entre Gobierno y Farc en La Habana, requiere de mayores esfuerzos para su éxito. Si bien el Estado se la ha jugado a fondo en la tarea de reconocer a las víctimas y reparar el daño ocasionado por medio siglo de conflicto, el universo de personas que han sido alcanzadas por la tragedia de la violencia en Colombia es bastante amplio y el camino para recorrer en medio de un contexto de reconciliación y posconflicto sigue siendo largo.