Reparos de Santos a la justicia

Sí pero no. Esa parece ser la lógica que impera en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en cuanto a su percepción de las decisiones judiciales. A pesar de que hace 17 meses, cuando asumió el poder, el primer mandatario exaltó el principio constitucional de la separación de los poderes e invitó a las cortes a trabajar en completa armonía, con el paso de los días, y a raíz de polémicas determinaciones de la justicia, ha formulado comentarios de rechazo que ya generan voces críticas y malestar entre los dignatarios del poder judicial.

Ayer fue la Corte Suprema de Justicia la que rechazó los cuestionamientos hechos por el presidente Santos al fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia. A través de un comunicado, el alto tribunal calificó como preocupante la forma como se despiertan pasiones a partir de un fallo del poder judicial, ante lo cual exhortó a las autoridades competentes a brindar protección a los magistrados que profirieron la sentencia, por cuanto carecen de un esquema de seguridad.

La observación de la Corte Suprema responde a la actitud del presidente Santos, quien, ante la decisión del Tribunal de Bogotá de solicitarle a la Corte Penal Internacional que examine la conducta del expresidente Belisario Betancur y de conminar al Ejército a pedirles perdón a los familiares de las víctimas de las desapariciones en el Palacio de Justicia, dijo que, por el contrario, se les debe pedir perdón al Ejército Nacional y al exmandatario Betancur.

En opinión de la Corte Suprema, tratándose de una sentencia que no está ejecutoriada o en firme y que puede ser impugnada a través del recurso de casación, en aras de los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial debe ser acatada y respetada. Previamente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura había rechazado también los comentarios del presidente Santos, manifestándole que “los jueces no pretenden ofender a nadie, sino administrar justicia”.

Esta vez la mesura de los altos tribunales parece haber tocado fondo, pero no es la primera vez que el presidente Santos, aunque en buenos términos, sale a criticar fallos que pueden ser adversos a su concepción del Estado. Así lo hizo el año anterior a raíz de dos sentencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado: la primera negaba la validez probatoria de los archivos encontrados en el computador de Raúl Reyes y la segunda condenaba al Ministerio de Defensa por errores militares en la toma de la base de Las Delicias.

Santos observó entonces que su propósito no era controvertir los argumentos jurídicos de estas providencias, pero sí reflexionar en torno a que se entienda que Colombia vive en una situación de conflicto interno armado y que esta realidad exige criterios modernos de interpretación de la Constitución, las leyes y las normas internacionales. Obviamente, el comentario no le cayó bien a los dignatarios de la justicia, que venían de un largo período de confrontación entre los poderes judicial y ejecutivo.

Si se tiene en cuenta que en la actualidad avanza en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar el fuero militar y promover ajustes en el sistema de administración de justicia en Colombia, no resulta buen antecedente que el primer mandatario emita comentarios que ponen en dificultades a magistrados o jueces. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, lo resumió al apuntar que declaraciones que estimulen a la sociedad a insubordinarse ante la justicia no le hacen bien al país.

Por eso se han sumado otras voces críticas. El exmagistrado y excandidato presidencial Carlos Gaviria Díaz observó que, aunque no conoce el fallo sobre el Palacio de Justicia, de entrada es un error del presidente salir a cuestionarlo cuando él tiene una formación de economista. Gaviria agregó que es entendible que el presidente necesite el apoyo del estamento militar, pero que este respaldo no puede conseguirse a costa de desconocer la independencia del poder judicial.

De igual modo, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, agregó que las decisiones judiciales se tienen que controvertir en los estrados y que al presidente le corresponde garantizar que haya justicia, no manifestar su rebeldía frente a una decisión judicial. “Eso era lo que hacía el presidente del gobierno anterior y continúa haciendo como expresidente, con resultados graves para la democracia. Santos debería corregir esa desviación en vez de prolongarla”, puntualizó.

Se percibe un nuevo tono en las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo, pero es claro que subsisten las desavenencias. Pero de cara a la reforma a la justicia, que será el principal pulso en el Congreso en la legislatura que se avecina, aumentar tensiones entre los poderes es el camino equivocado. El artículo 230 de la Carta dice que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”. En otras palabras, para eso están las apelaciones y demás recursos. Los comentarios políticos de los dignatarios del Ejecutivo generalmente sobran.