Reparos internacionales al indulto y la amnistía

Una norma incluyente y amplia que contemple beneficios no sólo para las Farc, sino también para militares y terceros civiles que de una u otra forma tuvieron parte en el conflicto armado. Esa es la premisa de fondo en la que se basa el proyecto de ley de amnistía e indulto, radicado en el Congreso la semana pasada por los ministros del Interior y de Justicia, que busca no sólo plantear las reglas de juego para los alivios judiciales que se otorgarán a las Farc por los delitos de rebelión y sus conexos - no procede con delitos que violen los derechos humanos-, sino que también establece tratamientos penales especiales diferenciados para los agentes del Estado y terceros.

Tal como lo explicó su ponente Armando Benedetti, el proyecto fue radicado con unas modificaciones que proponen cambios en el tema relacionado con los integrantes de la Fuerza Pública que se acojan a esta norma, y que van desde renuncia a la persecución penal, regímenes de libertad anticipada y condicionada y privación de libertad en unidades militares especiales. Plantea, incluso, que congresistas que hayan sido condenados por parapolítica recuperen sus derechos políticos tras haber cumplido la pena.

“Los colombianos deben entender que el proceso de paz incluye a todos los actores del conflicto, aquí no sólo se beneficiarán los guerrilleros de las Farc. Por eso debemos pensar en devolverles los derechos políticos a parapolíticos, es impensable que sean sólo los miembros de los Farc los que sean beneficiados”, explicó Benedetti.

El principal cambio en el texto radica en el artículo 49, que establece que quienes hayan cometido delitos menores -con penas no superiores a cinco años de prisión- podrían volver al servicio. “Para el caso de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, la libertad transitoria condicionada y anticipada implica el levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones, salvo que se trate de homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir o los demás delitos del artículo 46 de la presente ley”, reza la ponencia que señala, además, que el tiempo que estuvieron presos puede ser contado para el proceso de retiro.

Y aunque en el papel el procedimiento pareciera estar claro, las preocupaciones sobre los alcances de la ley, una vez se ponga en marcha, no son pocas. La misma Oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la necesidad de que para implementar la ley exista un cumplimiento con obligaciones internacionales: “Deben responder a un marco legal preciso que respete los límites que impone el derecho internacional, aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de verdad, justicia y reparación que se han acordado en el marco del proceso de paz”, manifestó la ONU en un comunicado, en el que aseguró, además, que el eje de todo el procedimiento debe ser el respeto a las víctimas y su derecho natural a la verdad, justicia y reparación.

Para Todd Howland, representante de esa oficina en Colombia, las amnistías e indultos deben servir de motivación a “guerrilleros, agentes del Estado y otros, incluyendo a los altos mandos, a participar voluntariamente en el sistema sean o no actualmente investigados” (...) los beneficios pierden su valor y se convierten en simples concesiones si no son “el resultado del cumplimiento de compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas, no pueden ser el punto de partida ni convertirse en un fin en sí mismos”.

Un tema que se enlaza a otra preocupación manifestada por Human Rights Watch y relacionada con el denominado “principio de responsabilidad de mando” que cobija tanto a las Fuerzas Armadas como a las Farc. A último minuto, antes de la firma del acuerdo final, se realizó un cambio en el numeral 44, en el que se eliminó la definición de “control efectivo” (la posibilidad que el superior tenía de haber ejercido un control sobre sus subalternos en relación con la ejecución de la conducta delictiva), que hacía referencia al artículo 28 del Estatuto de Roma. “La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes”, detalla el numeral 44 del subpunto 5.1.2 del documento de La Habana.

En pocas palabras, en casos como los denominados falsos positivos, por ejemplo, los altos mandos militares no tendrían responsabilidad directa sobre actos cometidos por sus subalternos si argumentan no haber tenido conocimiento o información sobre la comisión de los mismos.

Una modificación con la que no estuvieron de acuerdo ni siquiera las Farc, quienes en su momento dejaron claro que no habían participado en la discusión sobre el tema y que éste iba a ser motivo de preocupación para las víctimas y la Corte Penal Internacional: “Creemos que el derecho internacional -en el que se incluye tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de otros tribunales internacionales- regula de forma precisa y con la necesaria seguridad jurídica lo relativo a la responsabilidad por cadena de mando, tanto en organizaciones regulares como en organizaciones irregulares”.

Con estas discusiones y críticas de fondo comienza el debate sobre lo que será el proceso de implementación de la ley, luego de que sea aprobada en el Legislativo. Un camino espinoso en el que el Gobierno deberá, ante todo, mantener la bandera que ha enarbolado en los últimos años y velar para que la justicia para las víctimas sea un hecho y no se quede sólo en el papel.

Una norma incluyente y amplia que contemple beneficios no sólo para las Farc, sino también para militares y terceros civiles que de una u otra forma tuvieron parte en el conflicto armado. Esa es la premisa de fondo en la que se basa el proyecto de ley de amnistía e indulto, radicado en el Congreso la semana pasada por los ministros del Interior y de Justicia, que busca no sólo plantear las reglas de juego para los alivios judiciales que se otorgarán a las Farc por los delitos de rebelión y sus conexos - no procede con delitos que violen los derechos humanos-, sino que también establece tratamientos penales especiales diferenciados para los agentes del Estado y terceros.

Tal como lo explicó su ponente Armando Benedetti, el proyecto fue radicado con unas modificaciones que proponen cambios en el tema relacionado con los integrantes de la Fuerza Pública que se acojan a esta norma, y que van desde renuncia a la persecución penal, regímenes de libertad anticipada y condicionada y privación de libertad en unidades militares especiales. Plantea, incluso, que congresistas que hayan sido condenados por parapolítica recuperen sus derechos políticos tras haber cumplido la pena.

“Los colombianos deben entender que el proceso de paz incluye a todos los actores del conflicto, aquí no sólo se beneficiarán los guerrilleros de las Farc. Por eso debemos pensar en devolverles los derechos políticos a parapolíticos, es impensable que sean sólo los miembros de los Farc los que sean beneficiados”, explicó Benedetti.

El principal cambio en el texto radica en el artículo 49, que establece que quienes hayan cometido delitos menores -con penas no superiores a cinco años de prisión- podrían volver al servicio. “Para el caso de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, la libertad transitoria condicionada y anticipada implica el levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones, salvo que se trate de homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir o los demás delitos del artículo 46 de la presente ley”, reza la ponencia que señala, además, que el tiempo que estuvieron presos puede ser contado para el proceso de retiro.

Y aunque en el papel el procedimiento pareciera estar claro, las preocupaciones sobre los alcances de la ley, una vez se ponga en marcha, no son pocas. La misma Oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la necesidad de que para implementar la ley exista un cumplimiento con obligaciones internacionales: “Deben responder a un marco legal preciso que respete los límites que impone el derecho internacional, aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de verdad, justicia y reparación que se han acordado en el marco del proceso de paz”, manifestó la ONU en un comunicado, en el que aseguró, además, que el eje de todo el procedimiento debe ser el respeto a las víctimas y su derecho natural a la verdad, justicia y reparación.

Para Todd Howland, representante de esa oficina en Colombia, las amnistías e indultos deben servir de motivación a “guerrilleros, agentes del Estado y otros, incluyendo a los altos mandos, a participar voluntariamente en el sistema sean o no actualmente investigados” (...) los beneficios pierden su valor y se convierten en simples concesiones si no son “el resultado del cumplimiento de compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas, no pueden ser el punto de partida ni convertirse en un fin en sí mismos”.

Un tema que se enlaza a otra preocupación manifestada por Human Rights Watch y relacionada con el denominado “principio de responsabilidad de mando” que cobija tanto a las Fuerzas Armadas como a las Farc. A último minuto, antes de la firma del acuerdo final, se realizó un cambio en el numeral 44, en el que se eliminó la definición de “control efectivo” (la posibilidad que el superior tenía de haber ejercido un control sobre sus subalternos en relación con la ejecución de la conducta delictiva), que hacía referencia al artículo 28 del Estatuto de Roma. “La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes”, detalla el numeral 44 del subpunto 5.1.2 del documento de La Habana.

En pocas palabras, en casos como los denominados falsos positivos, por ejemplo, los altos mandos militares no tendrían responsabilidad directa sobre actos cometidos por sus subalternos si argumentan no haber tenido conocimiento o información sobre la comisión de los mismos.

Una modificación con la que no estuvieron de acuerdo ni siquiera las Farc, quienes en su momento dejaron claro que no habían participado en la discusión sobre el tema y que éste iba a ser motivo de preocupación para las víctimas y la Corte Penal Internacional: “Creemos que el derecho internacional -en el que se incluye tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de otros tribunales internacionales- regula de forma precisa y con la necesaria seguridad jurídica lo relativo a la responsabilidad por cadena de mando, tanto en organizaciones regulares como en organizaciones irregulares”.

Con estas discusiones y críticas de fondo comienza el debate sobre lo que será el proceso de implementación de la ley, luego de que sea aprobada en el Legislativo. Un camino espinoso en el que el Gobierno deberá, ante todo, mantener la bandera que ha enarbolado en los últimos años y velar para que la justicia para las víctimas sea un hecho y no se quede sólo en el papel.