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18 Apr 2021 - 4:44 p. m.

Retiran proyecto de ley que regulaba la consulta previa

En línea con lo dicho por congresistas de oposición y de pueblos indígenas, afros y rom, se hará primero una revisión y socialización de la iniciativa con representantes de dichas comunidades.
La consulta previa es el derecho fundamental que las comunidades étnicas tienen para decidir sobre los proyectos que se llevan a cabo dentro sus territorios para proteger su integridad cultural, social, económica y culturar, y garantizar el derecho a la participación.
La consulta previa es el derecho fundamental que las comunidades étnicas tienen para decidir sobre los proyectos que se llevan a cabo dentro sus territorios para proteger su integridad cultural, social, económica y culturar, y garantizar el derecho a la participación.
Foto: Daniela Quintero Díaz

En medio de la controversia que desató el proyecto de ley que regulaba el derecho fundamental a la consulta previa –determinando su alcance y definiendo responsabilidades y obligaciones de las partes–, se conoció que la iniciativa fue retirada a la espera de socializarla con pueblos indígenas, afros y rom.

En contexto: Proyecto de consulta previa no fue socializado con pueblos indígenas, afros y rom, dicen congresistas

Así lo confirmó el representante David Ernesto Pulido (Cambio Radical), autor y coordinador ponente del proyecto, quien envió una carta al presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Alfredo Deluque (Partido de la U), en la que explica que primero revisará el texto con las comunidades.

“Me permito retirar este proyecto de ley estatutaria teniendo en cuenta que, posterior a la evaluación realizada sobre la necesidad de hacer una consulta previa antes de radicar ponencia para primer debate, concluimos que es pertinente revisar el texto con los representantes nacionales de los pueblos indígenas, tribales, afrocolombianos, palenqueros, roms y raizales”, argumentó Pulido.

El pasado lunes, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se discutió el proyecto de ley y, durante una audiencia pública, más de 40 organizaciones ciudadanas, de académicos y voceros de pueblos indígenas, rom y afros tomaron la palabra para indicar que dicha iniciativa era un “atentado contra la democracia”, opinión que compartieron algunos congresistas de oposición.

Entre quienes expresaron su preocupación con el articulado de la propuesta están los representantes Ángela María Robledo, Juanita Goebertus (Alianza Verde) y Luis Alberto Albán (Partido Comunes). Según comunicaron, el proyecto “paradójicamente no fue consultado con los pueblos indígenas, afro y rom”, es decir, que sus visiones fueron excluidas en la elaboración de una propuesta que está dirigida a las comunidades étnicas del país.

Tal fue el rechazo que los parlamentarios de la circunscripción especial indígena, Feliciano Valencia y Abel Jaramillo (Partido Mais), pidieron su retiro, alegando que pretende “reglamentar la consulta previa sin respetar ni garantizar, justamente, este derecho fundamental y autónomo de los pueblos y comunidades étnicas. Esta es la tercera ocasión en la que el mismo proyecto de ley es radicado a lo largo del cuatrienio actual, sin dar oportunidad para dialogar, proponer, controvertir y concertar esta iniciativa, es decir, sin el debido ejercicio del derecho de Consulta previa, libre e Informada de medidas legislativas”, manifestaron.

Su postura estuvo respaldada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Confederación Indígena Tayrona (CIT), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia –Gobierno Mayor, Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO), Consejo Regional Indígena del Caldas (CRIDEC), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y el grupo Coca Nasa, de Fabiola Piñacué y David Curtidor.

Así mismo, comunicaron que “toda reglamentación del derecho fundamental debe darse de gobierno a gobierno”. Es decir, con esta frase reiteran que los pueblos indígenas, afros y rom no se deben entender como beneficiarios de una ley, sino como interlocutores directos que deben ser tenidos en cuenta en la construcción del proyecto. De igual forma, enfatizaron en que no quieren legitimar el debate de un proyecto “inconsulto” y lo señalaron como “altamente regresivo”.

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