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Al ser el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro y Francia Márquez, como vicepresidenta, enfrentan retos en materia del reconocimiento de la diversidad sexual y de género.
En ese sentido, es preciso recordar su programa de gobierno, titulado “Colombia, potencia mundial de la vida”, que se estructuró bajo cinco ejes temáticos fundamentales para la atención de las desigualdades estructurales que permean la realidad social, económica y cultural de múltiples familias en toda Colombia. Estos son: lucha contra el cambio climático, democratización de la tierra y la producción, democracia y gobernanza territorial, garantías de derechos humanos y agenda para la implementación y la construcción de paz territorial.
A grandes rasgos, en temas LGBTI, el gobierno de Petro deberá garantizar que la política pública nacional LGBTI sea tangible en la realidad colombiana, que dicho reconocimiento de derechos y avances que se han tenido gracias a las sentencias de la Corte Constitucional se evidencien en la cotidianidad de las personas LGBTI, reduciendo no solo las violencias estructurales que enfrentan, sino la creciente oleada de feminicidios y homicidios contra la población sexualmente diversa.
Para la Corporación Caribe Afirmativo, Gustavo Petro y Francia Márquez deberán avanzar en una reforma rural agraria integral que reconozca las desigualdades históricas que el país tiene frente al uso del suelo y las brechas de género alrededor del mismo; por lo que es importante que desde el Gobierno Nacional se garantice y se democratice la tierra como un bien público, para que las familias puedan fortalecer sus procesos y encadenamientos productivos con miras a generar movilidad social en el marco de las desigualdades arraigadas entre el campo y la ciudad. En ese sentido, abrazamos la oportunidad que pueden tener las mujeres y las personas LGBT en la transformación de la fuerza productiva y el uso del suelo como una deuda histórica frente a la autonomía económica de estos cuerpos que han sido subyugados al poder heteropatriarcal.
Del mismo modo, frente a la eliminación del servicio militar obligatorio, la propuesta se debe fortalecer desde el enfoque de género, para que se reconozcan las distintas experiencias de vida de personas con identidades y expresiones de género diversas. También es fundamental que la Unidad Nacional de Protección que se plantea crear tenga una política de prevención con este mismo enfoque de género, para identificar los escenarios de intersección de vulnerabilidades entre las orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género con los roles de liderazgo, para la generación de estrategias de seguridad que atiendan las violencias específicas y diferencias de los liderazgos LGBT en el país.
A su vez, en el marco del mecanismo de meritocracia para la erradicación de redes de corrupción incrustadas en el Estado, es importante reconocer las barreras que enfrentan poblaciones afros, raizales, negras, rom, indígenas y LGBT en el acceso a los concursos para plazas de trabajo en el Estado o en el acceso a cargos como jueces y fiscales, entre otros, debido a que el mérito suele premiar el privilegio de la educación, que en muchos contextos es un escenario de difícil acceso para poblaciones vulnerables, por lo que son importantes las cuotas y el enfoque diferencial para reducir las brechas de desigualdad en cargos públicos.
Por otra parte, Petro debe mantener una posición clara frente a las terapias de conversión y los temas como el aborto, que se congregan en espacios de moral judeocristiana donde se materializan violencias sobre el derecho a decidir de las personas sobre su cuerpo e identidad. Es importante que se marque distancia de las posiciones godas y antiderechos, y se obstaculicen los retrocesos legislativos que podrían poner en riesgo la vida de las mujeres y las personas LGBTI.
Por último, frente al eje temático de construcción de paz territorial, en un eventual gobierno de Petro la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las antiguas Farc-Ep tendrá mayor preponderancia, para así garantizar sostenibilidad y acompañamiento en las apuestas territoriales de construcción de paz en todos los rincones del país. Esta agenda de reconciliación y dejar atrás la guerra es una visión crucial para estos tiempos de recrudecimiento de la violencia en territorios que históricamente la han vivido.
Es importante que este gobierno tenga en cuenta las recomendaciones para la no repetición del Informe final de la Comisión de la Verdad, y especialmente que esto se materialice en planes de gobierno locales y agendas de paz que reconozcan los liderazgos LGBTI y las violencias que vivió la población de sexo o género diverso en el marco del conflicto armado colombiano.
Las apuestas de paz son importantes y hacemos un llamado a que la implementación de los acuerdos nos permita superar la violencia y generar una cultura para el buen vivir, donde todas las personas podamos reconocer nuestras diferencias y entender que la pluralidad en nuestra sociedad es un factor importante para el fortalecimiento de nuestra democracia.
Es vital que el gobierno de Petro priorice la agenda de derechos humanos, encaminada a la transformación integral del territorio y las personas que lo habitan con miras de la consecución de un país en paz, con justicia social y las oportunidades para la construcción de ciudadanías con identidades libres y seguras, en el marco de un ambiente protegido y salvaguardado por políticas de sostenibilidad que le apuntan a amparar la biodiversidad en sus ecosistemas como estrategia de preservación de la vida y el futuro de las próximas generaciones.