Según las normas electorales, se considera como una fuente de financiación prohibida para las campañas los dineros aportados por personas naturales o jurídicas cuyos ingresos del año anterior se hayan originado, en más de un 50 %, de contratos o subsidios estatales. Esta es la norma que podría poner en aprietos al nuevo gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, del partido Fuerza Ciudadana.
En el reporte que la campaña de Martínez le entregó al CNE aparece un aporte por $20 millones de Carmen Cecilia García Piraquive, quien, además, aportó otros $20 millones a la candidatura a la Alcaldía de Santa Marta de Patricia Caicedo (hermana de Carlos Caicedo), que antes de las elecciones fue revocada por el tribunal electoral.
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El primer problema con este aporte es que García fue, hasta diciembre de 2022; es decir un año antes de las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, contratista de la Alcaldía de Santa Marta, en ese entonces liderada por Virna Johnson, también de Fuerza Ciudadana. Según los registros, García fue contratada por un valor de $22 millones para asesorar a la Secretaría de Educación de Magdalena, en ese momento bajo el liderazgo del gobernador Carlos Caicedo, quien renunció para hacer campaña por Rafael Martínez.
Además, García Piraquive ya había sido secretaria general de la administración de Johnson. Estos puntos generan cierta polémica por la coincidencia entre las campañas políticas y los contratistas de las entidades públicas; sin embargo, el tema podría tener una consecuencia jurídica para la campaña de Martínez.
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Como ya se explicó, es ilegal que una persona que tenga más del 50 % de sus ingresos relacionados con contratos públicos aporte a una campaña. Según las declaraciones de ingresos de García, en 2022 sus ingresos fueron de $31 millones de pesos, por lo que el contrato con la Secretaría de Salud representaría más del mencionado 50 %.
En su reporte, la contratista también negó tener actividades económicas privadas o participar en juntas u otro tipo de corporaciones, lo que se sumaría a las pruebas contra la campaña. Según pudo establecer este diario, el tema ya empezó a moverse en el CNE, donde analizarán detalladamente si Martínez se enfrentaría a algún tipo de sanción.
El Código Penal establece como delito la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y establece que la responsabilidad recae sobre el gerente de campaña y el candidato, que podrían enfrentar una pena de prisión de cuatro a ocho años.
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