El alcalde Daniel Quintero vuelve y tira la piedra para tumbar la revocatoria en su contra. Este miércoles, el mandatario local afirmó con total convicción que la revocatoria “estaba muerta” porque el comité que lo convoca fue “corrupto en la forma como financió la campaña”.
Desde el barrio Belén, en Medellín, Quintero sacó a la luz la que es, a su juicio, la prueba reina que demostraría que el comité Pacto por Medellín incurrió en irregularidades y aseguró que sus integrantes cometieron hasta delitos por utilizar recursos públicos para sacar adelante la revocatoria.
Según él, la pieza clave para concluir esto es que “comprobó” que el concejal uribista Julio Enrique González había entrado plata al comité de revocatoria a través de dos contratos firmados por su Unidad de Apoyo Legislativo. El pacto contractual que tacha Quintero es de 15 millones, pagados a la contadora Sofía León Rojas, famosa en la ciudad paisa.
¿Cómo infiere esto? El alcalde declaró que ese pago de la unidad de trabajo del concejal se hizo en el mismo período en que el comité de la revocatoria contrató los servicios a León Rojas. También, aseveró que era una prueba fidedigna puesto que el concejal nunca antes había contratado con la contadora y, en tercer lugar, que el comité Pacto por Medellín no presenta reporte del pago final a la misma por sus servicios. “No presenta reporte porque el pago lo hizo por otro lado”, sostuvo en una rueda de prensa. Así las cosas, Quintero acusa a González de delinquir por utilizar recursos públicos para financiar una revocatoria. “Esta es la pieza clave que permite dilucidar quiénes fueron esas personas”, insistió.
Para sostenerse en esta conclusión, Quintero se remitió a dos hechos anteriores: un audio del concejal González en el que se le escucha al político a invitar a un grupo de empresarios a sumarse con recursos. El segundo elemento es otra denuncia de Quintero en la que afirma que se creó la Fundación Corporados Primero Antioquia como fachada para ocultar los donantes de la revocatoria. Esto último, de ser cierto, también sería ilegal: responde al delito de corrupción al sufragante, descrito en el artículo 380 de la Ley 1864 del 17 de agosto de 2017.
La nueva denuncia, sumada a los dos hechos anteriores, son el insumo del alcalde de Medellín para asegurar que hay irregularidades en la campaña.
Al respecto, Julio Enrique González se defendió pues, arguyó, contrató a León Rojas para servicios de asesoría de su curul. “Hubo un contrato entre Andrés Rodríguez, vocero de Pacto por Medellín, y León Rojas. Era el único que estaba autorizado para ello. Se paga de acuerdo con lo que allí se pactó. Está pagado y terminado. A finales del año pasado, le solicité al Concejo de Medellín que la contratara con prestación de servicios para asesorarla en mi labor como concejal. Se está haciendo y estoy muy contento. Jamás un peso del municipio pasó a la revocatoria”, dijo González. Agregó que Quintero es “un mitómano”. “Como está calumniando lo vamos a revocar”, concluyó.
¿Qué vacíos tiene la denuncia?
La denuncia sobre la Fundación Corporados Primero Antioquia no se ha resuelto, por lo que aún no se ha comprobado que efectivamente se hubiera incurrido en delitos. Mientras, si bien el alcalde presenta unos documentos, ninguno de ellos demuestra de forma sólida que el pago del concejal González a León Rojas estuviera destinado al comité de la revocatoria. Por ahora no es ilegal ni irregular que el concejal contrate a una asesora. Además, el alcalde no ahondó en cómo trianguló esa información para deducir que el contrato de González tiene relación con el celebrado entre Pacto Por Medellín y la contadora.
No obstante, Quintero confirmó que le entregará las pruebas al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía y la Contraloría para que sean ellas las que determinen los delitos a los que tengan lugar. La denuncia de este miércoles la hace Quintero en un momento en que, según las encuestas, ha caído la aprobación a su gestión.
