Revolcón ministerial obligado

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Arrancó el año electoral. La Procuraduría General de la Nación ya hizo esa advertencia y a partir de este martes, 1° de marzo, pondrá la lupa sobre los servidores públicos. La prohibición es clara: “La participación en política de un funcionario puede llevar a la destitución. Que lo sepan de una vez”, dijo al finalizar esta semana el procurador Fernando Carrillo. Por eso, en los próximos días, el Ministerio Público expedirá una directiva que establezca las pautas que regirán a los candidatos cuando comience la batalla por el poder político.

Y es que el conteo regresivo para quienes aspiran a la Presidencia de la República ha puesto a los precandidatos a revisar en detalle la norma que reglamenta los tiempos para no inhabilitarse. La reforma al equilibrio de poderes, que aprobó el Congreso en 2015, precisa al señalar que no podrá ser elegido presidente el ciudadano que, un año antes de la elección, haya tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cargos como ministro, magistrado, procurador, fiscal, registrador nacional, procurador, defensor del pueblo o contralor general.

Así las cuentas, la avalancha de renuncias debería comenzar la última semana de mayo de este año. Pero lo cierto es que la campaña se adelantó y no son pocos los que han cantado que abandonan el cargo. El primero en hacerlo fue el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, quien decidió apartarse de la discusión de la Jurisdicción Especial de Paz para regresar al Congreso, por la Alianza Verde. La segunda renuncia, y tal vez la más predecible desde que fue designado en su cargo, es la del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estará al lado del presidente Juan Manuel Santos hasta el próximo viernes, 10 de marzo. Y a partir de ahí, al menos unos cinco ministros más se preparan para decirle adiós al gabinete.

Pero reconfigurar las fuerzas no será una tarea fácil para el jefe de Estado. Por eso, desde hace varios días, han comenzado a desfilar por los pasillos de la Casa de Nariño las cabezas de los partidos políticos y no por voluntad propia. Según contaron fuentes a este diario, el presidente Santos se ha encargado de llamar a algunos congresistas para consultarles su opinión en torno a decisiones tan trascendentales para el país como la designación del gobernador encargado de La Guajira. Pero también sobre sus posturas y peticiones de cara a los cambios que habrá en las diferentes carteras ministeriales. De su satisfacción dependerá la gobernabilidad de Santos en su último año de presidencia.

Eso quiere decir que comienza a barajarse de nuevo el equilibrio de las fuerzas partidista en el Gobierno. “Cada proyecto de ley es un desayuno en Palacio”, dijo un congresista cercano al jefe de Estado. Pero es indudable la habilidad del presidente Santos para tratar de mantener esa gobernabilidad. Tal vez por eso algunos legisladores se atreven a argumentar que la designación del general (r) Óscar Naranjo para reemplazar a Vargas Lleras fue una jugada política para no generar tempranamente incomodidades en los partidos. “Vargas hubiera querido a alguien de Cambio Radical allí, pero el ministro Aurelio Iragorri soñó con ser vicepresidente y también ha sido el deseo de Sergio Díaz Granados”, afirmó otro legislador cercano a la Casa de Nariño.

Sin embargo, al margen de ese triángulo partidista, quedan otros espacios para disputarse. Eso, en caso de que se vayan los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo (Liberal); de Trabajo, Clara López (Polo Democrático); de Agricultura, Aurelio Iragorri (la U); de Hacienda, Mauricio Cárdenas (Conservador), y de Vivienda, Elsa Noguera (Cambio Radical). Esta última, para salir a hacer campaña a favor del vicepresidente. La pregunta es: ¿se mantendrán esas mismas fuerzas en los ministerios? Cualquier ficha que se ponga incomodará inevitablemente a otra. Por eso, la recomendación de algunos legisladores al presidente es mantener el statu quo. “Cuando usted empieza a hacer movidas transversales puede que logre cuadrar todo, pero cada fecha que mueva generará molestias. En el caso del Partido Conservador, por ejemplo, que tiene uno de los ministerios más importantes, rechazará que se le quite Hacienda por entregarle el ministerio de Clara López”, advirtió otro legislador.

Sin embargo, el disgusto que pueda generar ese revolcón ministerial -el único verdaderamente drástico que haría Santos en sus ocho años de mandato- no va a molestar lo suficiente como para poner a los partidos de la resquebrajada Unidad Nacional en la oposición. “La realidad es que el presidencialismo en Colombia es tan fuerte que termina arrodillando a la clase parlamentaria y a los congresistas les interesa tener alguna cartera ministerial fuerte con proyección en sus regiones”, señaló otra voz del Capitolio.

En últimas, la potestad sobre su propio gabinete está en manos del jefe de Estado. Eso sí, el único criterio para seleccionar a los ministros que estarán en el ocaso de Santos no puede ser el de darles gusto a los partidos. Se necesitarán liderazgo y autoridad política para echar a andar la principal bandera del primer mandatario: el acuerdo de paz. Y los dos ministerios más importantes, Interior y Justicia, estarán en el ojo del huracán. “Si no son personas muy conocedoras de los acuerdos, capaces de defenderlos, veo muy difícil esa tarea”, agregó un importante dirigente liberal. Ya fue nombrado el exmagistrado Enrique Gil Botero en la cartera judicial, pero sólo hasta cuando se conozca el nuevo gabinete de Santos, se podrá sacar una relación del equilibrio de las fuerzas políticas en el fin de la era Santos.