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4 Oct 2022 - 3:40 p. m.

Rodolfo Hernández radicó su primer y último proyecto en el Congreso

El senador y excandidato presidencial había insinuado que no iba a renunciar hasta presentar esa iniciativa.
Con el proyecto pretende hacer modificaciones a la Ley 80, de contratación publica.
Con el proyecto pretende hacer modificaciones a la Ley 80, de contratación publica.
Foto: AFP - EVA MARIE UZCATEGUI

Durante la mañana de este martes, el senador Rodolfo Hernández radicó su primer proyecto de ley desde que entró en posesión como congresista. Se trata de una reforma a la Ley 80, sobre contratación pública.

Ante la Secretaría General del Senado dijo que con esta iniciativa “pretende acabar con los contrataderos, para que los gobernadores, alcaldes y contratistas corruptos no jueguen con la plata pública y se la roben”, dijo.

El senador presenta esta iniciativa a dos semanas de haber anunciado que iba a renunciar a su curul, tras asegurar que “no se sentía cómodo” en el Congreso y que tiene la intención de aspirar en las elecciones locales de 2023 para la Gobernación de Santander.

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Hernández ya había señalado que antes de irse del Senado quería presentar un proyecto de su autoría, pues hasta hoy no la había hecho.

Por ahora, no ha vuelto a hablar de su renuncia y lo último que dijo fue que “en los próximos días definiré la fecha en la que presentaré el documento al Congreso”, pero, por el momento no la ha presentado.

En la radicación, le acompañaron la senadora Angélica Lozano, quien estuvo en Secretaría y los congresistas Alexander López, Cristian Avendaño, Jota Pe Hernández, Fabián Díaz, Gustavo Moreno, Juan Manuel Cortés y Erika Sánchez. Y, su ex fórmula vicepresidencial Marelen Castillo.

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Entre varias cosas, el proyecto pretende adicionar a la Ley 80 el siguiente literal: “Cuando una persona natural o jurídica haya sido declarada responsable, bien sea directamente o indirectamente a través de una figura asociativa por colusión o fraude entre licitantes por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, quedará inhabilitada por cinco (5) años para contratar con el Estado a partir del fallo debidamente ejecutoriado”, dice el proyecto

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