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El gobierno de Iván Duque radicó hace unas semanas un proyecto cuya intención es expedir varias medidas para palear la ola de inseguridad que hay en el país. No obstante, hay varios puntos que han sido controvertidos y hasta han sido considerados como “revanchistas” frente a los hechos ocurridos recientemente en el marco del paro nacional.
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Precisamente, uno de los artículos cuestionados hace referencia a la legítima defensa y a un cambio que podría resultar siendo contraproducente, ya que entra a modificar la concepción de proporcionalidad. El proyecto contempla que el tema de lo proporcional, se “exceptúe” cuando se presuma que haya legítima defensa para “el extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”
En esta misma línea, la iniciativa propone que también se incluyan en la excepción cuando se use la legítima defensa, “incluso utilizando fuerza letal”, cuando un extraño de forma indebida y violenta intente entrar o entre “a su habitación o dependencia inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”
Aunque varios ya habían presentado sus objeciones a este punto, el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes expidió una argumentación estructurada sobre los peligros que implicaría aprobar estos artículos. Para el grupo académico, estos temas en cuestión mandan “el mensaje de “sálvese quien pueda” a la ciudadanía y delega su función de garantizar la seguridad a los ciudadanos”.
El tema de los cambios en la proporcionalidad puede llegar a ser problemático, ya que, según el grupo de estudio, “el proyecto modifica el alcance de dicha presunción de manera preocupante”. El grupo de prisiones recordó que actualmente se presume que hay proporcionalidad cuando alguien actúa para contrarrestar a alguien que intente entrar o haya entrado en una habitación propia, pero el proyecto propone un enfoque que puede ser problemático ante un alcance posiblemente desproporcionado.
Esto debido a que “iniciativa del Gobierno busca que la presunta proporcionalidad opere, además de en la habitación propia, en inmediaciones, propiedades comerciales cerradas al público y vehículos ocupados”, expresó el grupo de estudios, que llamó aún más la atención frente al punto que incluye la fuerza letal en esta presunción de proporcionalidad.
Para esta célula de la Universidad de los Andes, el cambio es peligrosos debido a que normalmente se concibe la legítima defensa cuando “la vida o integridad física están en peligro”, pero en este caso se estaría poniendo al “patrimonio y el sistema económico al mismo nivel de la vida” y hasta se estaría permitiendo que su defensa incluya la fuerza letal.
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“Es paradójico que esta sea una iniciativa de seguridad, pues en realidad daría rienda suelta a la violencia de los ciudadanos protegiéndose a ellos mismos”, expresó el grupo de prisiones. Para ellos, estas prácticas ya se han venido adelantando por fuera de la ley con el paramilitarismo y la limpieza social, por lo que sería muy peligroso entrar a legalizar este tipo de conductas.
Por último, el grupo de estudios señaló que se estaría enviando un pésimo mensaje “en términos de posconflicto”, ya que entraría a “legitimar círculos de violencia”. Esta alerta desde la academia tiene un alto grado de importancia debido a que desde los primeros días de presentado el proyecto ya eran varias las voces que cuestionaban la iniciativa, pero ahora es un grupo de estudio que ha hecho seguimiento al tema penal el que ha presentado objeciones argumentadas.