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Desde antes de que la Casa Blanca, en Estados Unidos, alertara sobre el aumento sin tregua en las hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito, el gobierno nacional ya sabía que la noticia no era alentadora. Y si bien el presidente Juan Manuel Santos dijo durante la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa que el gobierno esperaba que la cifra fuera superior a la entregada por el gobierno norteamericano, lo cierto es que el mandato de Donald Trump considera “inaceptables” dichas cifras.
Según el informe de Estados Unidos, el país pasó de 188.000 en el 2016 a 209.000 hectáreas en 2017. Un número que preocupa al gobierno y que ha derivado en que el presidente Santos convoque para este mismo martes al Consejo Nacional de Estupefacientes. “Vamos a discutir mañana mismo en el Consejo Nacional de Estupefacientes para ratificar y presentarle al mundo un plan serio, un plan bien hecho, un plan viable en la lucha contra las drogas”, dijo el primer mandatario en la tarde del lunes.
De dicho grupo hacen parte los ministerios de Justicia, Salud, Educación y Agricultura, la Procuraduría General, las autoridades de inteligencia, la Policía Nacional, la Dijín, Aduanas Nacionales y la Aeronáutica Civil. Pero ¿cuál será el eje central de la discusión de estas entidades con la Presidencia de la República? Evidentemente, bajo el mandato del presidente Santos, enmarcado en un Acuerdo de Paz con un punto especial para la lucha contra las drogas, el discurso en torno a la misma tuvo cambios significativos.
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En parte, eso hizo que Colombia liderara ante la comunidad internacional –junto a México y Guatemala-, un nuevo discurso bajo la premisa de que la guerra frontal contra este flagelo que se venía aplicando fue un absoluto fracaso. Así lo dejó claro el presidente Santos en 2016 durante la XXX Sesión Especial de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, en donde dijo ante más de 190 Estados presentes que los resultados de esa guerra obligaban a repensar el rumbo a tomar.
En ese sentido, echó mano de varios elementos incluidos en lo pactado en Cuba con la hoy desarmada guerrilla de las Farc y la nueva mirada, desde el punto de vista de salud pública, bajo la cual se debía hacer frente a este problema. Además, dio reconocimiento a la decisión que adoptó el Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015 de suspender la aspersión aérea con glifosato, defendida por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tras recordar que la propia Organización Mundial de la Salud alertó sobre riesgos cancerígenos.
El mandatario saliente sigue defendiendo el hecho de darle un trato al consumo de drogas como un problema de salud pública lo cual, según dice, no amerita un tratamiento criminal. Y propende por un tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores –proyecto que, dicho sea de paso, sigue en vilo en el Congreso-. En ese sentido, el gobierno busca que las medidas represivas no se sigan aplicando de manera desequilibrada dado que hay distintos eslabones en toda la cadena del narcotráfico: los grandes narcotraficantes, los proveedores de insumos químicos, las organizaciones que facilitan el lavado de activos, los consumidores o las llamadas 'mulas'.
Eso no quiere decir, como lo aclaró Santos hace dos años, que Colombia abogue por la legalización de las drogas, pero sí parte de darle una mirada más aterrizada a la solución actual de los cultivos ilícitos. Desde la Casa de Nariño consideran que los resultados de los programas de sustitución voluntaria de estas hectáreas ha sido evaluada como si no fueran procesos que recién están iniciando sino que están siendo medidos con el mismo rasero que se miden los resultados de un programa de antaño como el Plan Colombia, que comenzó con el gobierno del expresidente Andrés Pastrana.
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Este asunto será, sin duda, el último caballito de batalla con el que tendrá que lidiar el presidente Santos antes de abandonar el cargo, especialmente, porque su sucesor, Iván Duque, promete mano firme para luchar contra este flagelo. La sugerencia de Estados Unidos apunta a que Colombia retome la aspersión aérea con glifosato bajo la amenaza de descertificar al país, lo que implicaría restar apoyos para acompañar la lucha antidrogas.
Mandatarios de la región, en todo caso, defienden el concepto de responsabilidad compartida a la hora de hacerle frente a la problemática del narcotráfico pues, como lo dijo Santos en UNGASS 2016: “Debemos reconocer, con la mano en el corazón, que –así como no tenemos un mundo libre de alcohol, ni libre de tabaco, ni libre de violencia– no tendremos un mundo libre de drogas”. La Comisión Nacional de Estupefacientes se reunirá sobre las 8:00 de la mañana en la Casa de Nariño.
Por -Redacción Política
