El presidente Juan Manuel Santos, durante la posesión del magistrado del Consejo de Estado, César Palomino, hizo un llamado para que cuanto antes se resuelvan los casos del procurador Alejandro Ordoñez, y del magistrado Jorge Pretelt.
De acuerdo al mandatario, es necesario que cuanto antes tomen una decisión el Senado de la República y el Consejo de Estado con el fin de enviar a la ciudadanía el mensaje de que las instituciones en el país sí sirven y no hay preferencias para fallar en justicia y en derecho.
Ante el caso del procurador, Santos recordó que “desde hace más de 3 años está a su estudio una demanda sobre la elección del procurador y aquí tampoco podemos decir si deben fallar a favor o en contra. ¡Ustedes son los jueces! pero es muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición”. Además, el mandatario aseguró que los más altos funcionarios que interponen recursos dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo, lo que hacen es enviar un muy mal mensaje al país.
“Como Jefe de Estado –con todo respeto por su autonomía–, creo que en casos como éste y otros similares, hay que dar prueba de eficacia y de agilidad. Hay que demostrar que los altos funcionarios del Estado se les juzgan con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común”, expresó.
Cuando hizo referencia directa al caso del magistrado Pretelt, indagado por el caso Fidupetrol, dijo que no es posible que cada investigación se diga que sea por persecución política. “Pretelt dice que su acusación e investigación tienen orígenes políticos. Esa es una moda que ha hecho carrera cuando cualquier alto funcionario o exfuncionario es llamado a rendir cuentas: se declaran ‘perseguidos políticos’”, insistió.
Y agregó: “Ni el Gobierno, ni yo, hemos movido un dedo para que la decisión sea en cualquier sentido. ¡Claro que no! La responsabilidad –por primera vez– es del Senado, que se convierte en juez”.
Para este martes está citada la plenaria del Senado para tomar una decisión frente a la suspensión del magistrado y dejar su proceso en manos de la Corte Suprema de Justicia. De ser favorable la votación, el togado deberá afrontar –además del proceso penal– también el juicio político por indignidad en el Congreso.