El jefe de despacho, Alfredo Saade, y dos excancilleres del gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, serán investigados por la Procuraduría en medio de la polémica por el modelo de expedición de los pasaportes. Así lo informó el ente este miércoles y se refirió a posibles “irregularidades” en el proceso.
De acuerdo con el Ministerio Público, “Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial (Cancillería), aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024″. En el caso de Saade, se “extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”.
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Los tres ya reaccionaron a la noticia. Saade instó a la Procuraduría a “adelantar las pesquisas necesarias para que la narrativa montada en [su] contra no se ejecute”. En su cuenta de X, aseguró: “Todas las alertas al posible sabotaje que pretenden hacer los que están llenos de avaricia”.
Por su lado, Sarabia afirmó que confía en la investigación que adelanta la Procuraduría y recordó que “desde el 5 de marzo [pidió] expresamente su acompañamiento, así como el de la Contraloría”. Incluso, señaló que “todo el proceso ha sido trazable y documentado”.
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“Cada decisión que se tomó respondió a instrucciones del presidente, con un único propósito: garantizar la continuidad del servicio y actuar con responsabilidad ante las necesidades del país”, agregó.
Murillo, quien no hace parte del Gobierno desde enero, celebró que la Procuraduría “adelante una investigación objetiva y rigurosa”. Apuntó que la indagación “permitirá despejar dudas, corregir imprecisiones y fortalecer la confianza institucional”.
“El modelo de pasaportes que lideré fue legal, responsable y se desarrolló bajo estándares internacionales, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. La urgencia manifiesta fue validada por la Contraloría, como una acción legal y necesaria para garantizar la continuidad del servicio”, indicó.
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Con esta investigación, se solicitó apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, con miras a que “a través de inspección a la Imprenta Nacional, determine si tiene o no la capacidad técnica para asumir la impresión, personalización y distribución de los pasaportes”. Por el momento, sigue la incertidumbre sobre quién asumirá la expedición de las libretas desde el 1 de septiembre.
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