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La próxima semana será la primera participación de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuáles serán las prioridades y la posición del país?
En general yo creo que se trata de una posición mucho más proactiva de Colombia en materia de derechos humanos. Es decir, una Colombia que ya no solamente se deja escrutar, sino que también tiene algo que aportar. La relación del país con el sistema multilateral de derechos humanos no debe limitarse a la presencia de agencias de Naciones Unidas que elaboren recomendaciones y monitoreen —lo cual es, sin duda, importante—, sino que Colombia también tiene para aportar. Aquí hay buenas prácticas, un conocimiento adquirido que puede compartirse.
¿Qué tipo de conocimiento se podría socializar?
La Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, todo el trabajo de memoria y en materia de no repetición. Yo creo que a veces no lo vemos en Colombia adentro, pero el país se ha convertido en un referente en temas ligados a la paz y los derechos humanos, especialmente en justicia transicional y paz desde los territorios, es decir, una paz construida desde abajo.
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¿Qué países han expresado interés por estas prácticas?
En términos de prácticas, es un caso que ha llamado la atención, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. No para juzgar, sino que quieren adoptarlas para otros casos. Se ha vuelto llamativo, por ejemplo, para Europa en general. En África, por ejemplo, en el sur global, hay cada vez más interés por esta manera en que Colombia está construyendo su paz. Y no hablo del gobierno Petro, hablo desde el gobierno Santos, con los acuerdos de La Habana.
Hablaba de que a veces esto no lo vemos los propios colombianos...
Sí y yo entiendo que la gente no lo vea, pues cuando uno ve lo que pasa en materia de violencia interna, es muy difícil no desmotivarse. Pero la lectura histórica habla de un país que ha construido prácticas en materia de paz y derechos humanos que tienen que salir al exterior y que, no solamente pueden ser replicadas, sino que necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Creo que eso en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra se puede confirmar.
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En un principio el presidente Petro había hablado de su deseo de enfocarse en temas como Venezuela y Palestina. ¿Hay otras preocupaciones?
Hay una situación crítica de derechos humanos en el mundo, a propósito de lo que está pasando en Gaza, en la República Democrática del Congo, y la guerra en Ucrania. Para el gobierno también es muy importante el tema con los migrantes. Los migrantes se han vuelto protagonistas en el mundo, sobre todo desde 2015, cuando hay esta coyuntura de llegada de gente de Medio Oriente y del norte de África, Turquía, Líbano, etcétera. Colombia quiere confirmar su liderazgo en esta discusión y, en ese sentido, su participación en el Consejo es clave. En general, el país busca desempeñar un rol más activo, no solo reactivo.
Colombia será miembro hasta 2027. ¿Esta participación en términos de derechos humanos podría cambiar una vez haya un relevo en la Casa de Nariño?
Creo que la diplomacia basada en derechos humanos, memoria, no repetición y paz no es solo una política de gobierno, sino de Estado. Desde mediados de los 90, Colombia ha sido signataria y ratificante de los cuatro convenios de Ginebra y del protocolo adicional para conflictos armados no internacionales. Además, ha contado con una presencia activa de agencias de Naciones Unidas y una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Por coherencia con esta trayectoria y con lo establecido en la Constitución de 1991, que define la paz como un fin esencial del Estado, sería lógico que la vocación proactiva se mantuviera en el tiempo.
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