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Se aplazó otra vez la elección de presidente de la comisión que investiga a Petro

Estaba previsto que este martes se eligiera la nueva mesa directiva de la Comisión de Acusaciones, pero a los representantes se les informó vía correo electrónico que se posponía. Se habla de una supuesta reunión del Gobierno con los dos candidatos.

Redacción Política

30 de julio de 2024 - 07:30 a. m.
Comisión de Acusaciones
Foto: El Espectador
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A los 18 representantes que integran la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la cual investiga al presidente Gustavo Petro desde el año pasado por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, les llegó un correo en el que se informaba que la votación de nueva mesa directiva se aplazaba.

Lea: Gobierno mueve fichas en la pelea por la jefatura de la Comisión de Acusaciones.

Así, la elección que estaba prevista para este martes 30 de julio se posterga nuevamente y los legisladores están a la espera de una nueva citación con fecha y hora.

Este proceso ha generado fuertes malestares y dudas, pues el Gobierno estaría buscando dejar como presidente o presidenta a alguien cercano a su agenda. Como candidatos están los legisladores liberales Leonardo Gallego y Karyme Cotes, quien suena más para el cargo y ya habría recibido el apoyo del Ejecutivo, pero no el del Pacto Histórico, que habría visto esta decisión como impuesta.

Foto: Cortesía

Entretanto, la vicepresidencia le corresponde a la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien ha sido crítica con el Ejecutivo y calificó su derrota para la presidencia de la Cámara como una pelea que perdió ante el Gobierno y no ante Jaime Raúl Salamanca.

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Quien llegue a la presidencia de esta comisión tendrá un papel fundamental, pues podría influir en el ritmo de la investigación contra el jefe de Estado, así como definir si se abrirán nuevos radicados frente a las denuncias de supuestas inconsistencias que siguen llegando al despacho.

Hasta la fecha, solo los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U) llevan el caso de manera privada, algo que ha sido denunciado como una posible violación al ordenamiento penal. Los mismos también han sido recusados por su cercanía con el Gobierno e incluso denunciados ante la Corte Suprema de Justicia.

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