Se busca "enriquecer el debate": Gobierno sobre consulta a Corte IDH por reelección indefinida

El Gobierno Nacional, en cabeza de Camilo Gómez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, detalló este lunes los motivos de la consulta elevado por el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación con la figura de la reelección presidencial indefinida. 

Aunque no se menciona, la consulta, radicada en San José de Costa Rica, tendría como trasfondo las elecciones presidenciales en Bolivia, en las que una vez más se presentó como candidato el hoy presidente Evo Morales, quien está al frente del país desde 2006 y que hoy lidera el conteo en los comicios. Sin embargo, el tema Venezuela también estaría presente. 

En contexto: Evo Morales iría a una segunda vuelta frente a Mesa en Bolivia

“No creo que sea una pregunta tan rara, es una pregunta relacionada con los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos”, dijo Gómez a la emisora Blu Radio, precisando que la reelección indefinida no puede considerarse un derecho humano: “Se está violando, a mi juicio, los principios de la carta democrática de Lima y la convención interamericana de derechos humanos”.  

Previamente, el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentó que la consulta elevada ante la Corte Interamericana “se plantea en un contexto en el que las democracias de las Américas enfrentan serios desafíos”, advirtiendo por gobiernos que “en su momento fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa, han transgredido los límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse a través de la captura del Estado y la eliminación de los contrapesos que constituyen el fundamento del equilibrio de poderes”. 

El Ejecutivo alegó que la pérdida de dicho equilibrio ha implicado la perpetuación de lo que denominó “regímenes que vulneran los derechos civiles y políticos y ponen en riesgo el bienestar de sus ciudadanos”. 

En esa línea, el Gobierno explicó que en la solicitud se expresa que la reelección presidencial está prohibida en Colombia y que no hay tiene interés alguno en restablecerla dentro del ordenamiento jurídico nacional.  

“Las consideraciones que motivan la presente consulta no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto”, manifestó el Ministerio. 

Adicionalmente, se hizo referencia a las declaraciones del presidente Iván Duque durante la instalación del 62 Período Especial de Sesiones de la Corte el pasado 26 de agosto. En ese momento, expresó preocupación por el hecho de “que algunas democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictaduras. Casos como el de apelar a considerar la reelección como un derecho humano, para que se perpetúe el poder presidencial, capturando otras instancias, debilita el sistema de derechos humanos.” 

Por último, el Gobierno declaró que seguirá promoviendo “la presentación de aportes que permitan enriquecer el debate”, buscando consagrar el Estado de Derecho y la preservación de los derechos humanos.  

El Gobierno Nacional, en cabeza de Camilo Gómez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, detalló este lunes los motivos de la consulta elevado por el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación con la figura de la reelección presidencial indefinida. 

Aunque no se menciona, la consulta, radicada en San José de Costa Rica, tendría como trasfondo las elecciones presidenciales en Bolivia, en las que una vez más se presentó como candidato el hoy presidente Evo Morales, quien está al frente del país desde 2006 y que hoy lidera el conteo en los comicios. Sin embargo, el tema Venezuela también estaría presente. 

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“No creo que sea una pregunta tan rara, es una pregunta relacionada con los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos”, dijo Gómez a la emisora Blu Radio, precisando que la reelección indefinida no puede considerarse un derecho humano: “Se está violando, a mi juicio, los principios de la carta democrática de Lima y la convención interamericana de derechos humanos”.  

Previamente, el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentó que la consulta elevada ante la Corte Interamericana “se plantea en un contexto en el que las democracias de las Américas enfrentan serios desafíos”, advirtiendo por gobiernos que “en su momento fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa, han transgredido los límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse a través de la captura del Estado y la eliminación de los contrapesos que constituyen el fundamento del equilibrio de poderes”. 

El Ejecutivo alegó que la pérdida de dicho equilibrio ha implicado la perpetuación de lo que denominó “regímenes que vulneran los derechos civiles y políticos y ponen en riesgo el bienestar de sus ciudadanos”. 

En esa línea, el Gobierno explicó que en la solicitud se expresa que la reelección presidencial está prohibida en Colombia y que no hay tiene interés alguno en restablecerla dentro del ordenamiento jurídico nacional.  

“Las consideraciones que motivan la presente consulta no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto”, manifestó el Ministerio. 

Adicionalmente, se hizo referencia a las declaraciones del presidente Iván Duque durante la instalación del 62 Período Especial de Sesiones de la Corte el pasado 26 de agosto. En ese momento, expresó preocupación por el hecho de “que algunas democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictaduras. Casos como el de apelar a considerar la reelección como un derecho humano, para que se perpetúe el poder presidencial, capturando otras instancias, debilita el sistema de derechos humanos.” 

Por último, el Gobierno declaró que seguirá promoviendo “la presentación de aportes que permitan enriquecer el debate”, buscando consagrar el Estado de Derecho y la preservación de los derechos humanos.