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En medio de la controversia que desató un proyecto de ley del movimiento político MIRA, que abría la puerta para la judicialización de caricaturistas, creadores de memes y humoristas –pues castigaba con penas de hasta 9 años de cárcel a quienes, con el propósito de obtener algún provecho, crearan imágenes o videos que simulaban el rostro de una persona sin su consentimiento–, este jueves la colectividad anunció que retirará la iniciativa.
Así lo dio a conocer el senador Carlos Guevara, principal autor del proyecto, quien manifestó que nunca se buscó censurar a caricaturistas ni humoristas, reivindicando que su partido respeta la libertad de expresión.
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“Siendo consecuente con ello, el partido político MIRA ha tomado la decisión de retirar esta iniciativa, muy a pesar de que estaba enfocado a la prevención de los delitos cibernéticos contra menores de edad, los cuales van en aumento. Hablamos de delitos como sexting, ciberbullying, ciberacoso, entre otros”, dijo el parlamentario.
La iniciativa tenía como fin “tipificar nuevas acciones criminales ejecutadas en el ciberespacio como delitos cibernéticos” que afectan a menores de edad y a la población en general. El proyecto contaba con 23 artículos, pero el debate se desató por el punto 12.
En este, se buscaba añadir un nuevo artículo en el Código Penal para castigar con penas de hasta 9 años de prisión a las personas “que, sin consentimiento del sujeto pasivo, y valiéndose de medios tecnológicos, creare imágenes o videos en los que se simula el rostro de otra persona, y posteriormente los difundiere o publicare o a través de cualquier medio o red de información o de comunicación, con el propósito de obtener algún provecho económico, social o político”.
Aunque este proyecto apuntaba a la protección de menores de edad y a la población en general de nuevos delitos cibernéticos, la redacción de este artículo fue considerada como vaga y peligrosa, debido a que se podía interpretar como que caricaturistas, creadores de memes y videos de humor enfrentarían consecuencias de índole penal por crear contenidos en los que se burlan de una persona sin el consentimiento de esta última.
En diálogo con este diario en noviembre de 2020, cuando la iniciativa fue radicada, el senador Carlos Guevara, señaló que se buscaba perseguir prácticas como morphing y los deepfakes en los que se manipulaba la voz y las imágenes “para hacer daño, estigmatizar” con prácticas como sextorsión y violentar a la persona.
Sin embargo, casi 6 meses después, el escándalo estalló debido a que periodistas y medios entendieron dicho artículo como un posible ataque a la libertad de expresión. Esto debido a que memes y otros materiales humorísticos que circulan por la red podrían caer en la categoría de imágenes o videos que simulan a otras personas y que no cuentan con su permiso. Sin mayor precisión en el texto, el artículo podría implicar cárcel para los creadores de estos contenidos.
