La investigación que cursa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra presunta la violación de topes electorales de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 generó una nueva disputa en el triunvirato de representantes que avanza con las pesquisas de este proceso desde hace casi dos años.
El expediente que estuvo pausado por más de 12 meses, según los congresistas por numerosas recusaciones, tiene dos posturas encontradas sobre si formular cargos contra el jefe de Estado o absolverle de posibles sanciones.
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La primera postura es la planteada por el representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, quien en un borrador que presentaría a esa sala expone una “ausencia de dolo” y por lo tanto, exime de sanciones a Petro por la violación a los topes electorales en esa campaña. Cabe resaltar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya determinó que ese proceso sí violó la normativa electoral y por lo mismo sancionó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol (en licencia actualmente) y entonces gerente de esa campaña. Además, la Fiscalía ya formuló cargos a Roa por el mismo proceso.
No obstante, la postura del congresista oficialista no es compartida por su par, Gloria Arizabaleta, también del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo de La U. La postura de los dos legisladores parte desde el punto de vista jurídico, aunque, según indagó El Espectador, no estarían en la misma vía que Uribe de inhibirse de abrir investigación y la posible formulación de cargos.
Aunque su documento sigue en construcción, las alternativas que tantean Arizabaleta y Carrillo estaría en un salvamento de voto o, por el contrario, abrir las pesquisas contra la campaña de Petro. Eso sí, ambos esperan al movimiento de Uribe y la presentación de su documento para determinar cuál sería la mejor vía posible.
Y es que esa decisión resulta clave, pues la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la única que puede sancionar al presidente Petro, como ya lo determinó el Consejo de Estado, luego de un fallo en el que señaló que esas facultades no estaban en manos del CNE. Esa decisión surgió porque cuando el CNE abrió investigación a la campaña, ese órgano pretendía imponer sanciones contra el jefe de Estado.
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